Piden la recusación del juez de la quiebra del Frigorífico de General Acha

El abogado Fernando Savid Buteler, que representa a un grupo de 55 trabajadores del exfrigorífico General Acha que reclaman el 50% de la indemnización, pidió la recusación con causa del juez Gerardo Bonino que tiene a su cargo el trámite de la quiebra. Aseguró que el juez perdió la "idoneidad" e "imparcialidad" con decisiones adelantadas con la intención de permitir la reapertura de la planta sin haber resuelto antes la quiebra e incidentes de verificación, y sin darle la posibilidad a los extrabajadores de acceder al acuerdo alcanzado por la empresa demandada y al tercero que tiene un contrato de alquiler, que ha sido seriamente objetado por el síndico.

Además, según Buteler, la denuncia penal que el juez Bonino radicó contra su persona y tres exdueños del frigorífico para que los investigue por "estafa procesal" durante el proceso de quiebra, "no es sino una apariencia para justificar la suspensión de los procesos de ejecución y verificación". O sea, sacar de la causa a esas partes y avanzar con el acuerdo de reapertura. Esa denuncia, que fue archivada por el Ministerio Público Fiscal, fue "por hechos que ya eran conocidos e investigados por las autoridades pertinentes desde hace más de cuatro meses".

Buteler, en el escrito de recusación al que accedió El Diario, resume que Bonino "no ha formulado una denuncia penal en virtud de haber tomado conocimiento de la supuesta comisión de un hecho ilícito en el ejercicio de sus funciones, no lo consideró así ni cuando se lo plantearon por primera vez, ni cuando se hizo pública la denuncia y V.S. entregó la documentación a la fiscalía, sino que la misma tiene la intención de que mi parte no pueda exigir el pago de su crédito y quede obligado por las resoluciones que se tomen sin su intervención en virtud de la suspensión ordenada, vulnerando gravemente su derecho de defensa en juicio y causando un gravamen económico irreparable".

Esto podría hacer que Buteler avance con pedido de que el Poder Judicial investigue el delito de prevericato (ver aparte).

Por un lado, Buteler cuestiona a Bonino por una audiencia que se realizó a fines de septiembre pasado en la planta "sin la presencia de acreedores, terceros interesados, ni siquiera del Secretario autorizante, donde los presentes, según las constancia del acta: Juez, Síndico, fallida y supuesto arrendatario, discuten (entre ellos) los problemas planteados en el marco de la quiebra".

En esa reunión sale la propuesta de que Industrias Cárnicas San Miguel, que tiene un contrato objetado por el síndico, se compromete a garantizar el pago de esos eventuales montos, aún no verificados judicialmente; luego a depositar en una cuenta un 5% de las ganancias que genere la empresa a los mismos fines y como punto tercero a incorporar como trabajadores en esta nueva etapa que se avecina, al 50% de los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo como consecuencia de la quiebra. Esto si le permiten abrir la planta.

"El Sr. Abel Angel Eugster manifiesta el compromiso de "Industrias Cárnicas San Miguel S.A." y acepta las propuestas de mejora realizadas por el Tribunal, para incorporarlas como requisitos de aprobación del contrato, en caso de que así se estableciera en la resolución a dictarse", explicó.

"Mi parte entiende que en dicha audiencia, en la cual reitero, sólo participaron V.S., Sindicatura, la fallida y el supuesto inquilino, Usía adelantó opinión respecto a un montón de cuestiones litigiosas a resolver en el marco de la quiebra y de los incidentes de verificación,", planteó Buteler en el escrito de recusación.

"El prejuzgamiento resulta claro y obvio y encuadra dentro de las disposiciones del art. Artículo 17 inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial. Es vuestra opinión, adelantada a una de las partes, sobre cuestiones litigiosas que deberán ser resueltas por V.S. y fuera del marco de una resolución en la cual V.S. deba expedirse, lo que ha configurado la presente causal de prejuzgamiento, por la cual entiendo Usía ha perdido la idoneidad y la imparcialidad que debe tener el juzgador y por la cual se solicita vuestro apartamiento de la presente causa", afirmó.

Agregó que Bonino ha "emitido opinión anticipada respecto a asuntos litigiosos, sobre puntos concretos que deben ser materia de decisión, vertida en forma expresa e intempestiva (antes del dictado de sentencia, que es el momento oportuno) e innecesaria (V:s: no estaba resolviendo ninguna cuestión incidental), del modo tal que permita deducir al litigante la dirección lógica que tendrá la resolución del pleito".

El abogado interpretó que "de lo expuesto surge con evidente claridad que el juez anticipó a una de las partes (fallida y supuesto tercero) que las objeciones de Sindicatura al contrato presentado eran válidas, que los fondos depositados en autos eran insuficientes para atender a los créditos verificados y los postconcursales insinuados, que no obstante ello V.S, los aprobaría, si se garantizaba el pago a los acreedores postconcursales con el 5% de las ganancias mensuales de la empresa y se le daba trabajo al 50% de los trabajadores".

Denuncia

Para concretar la reapertura del Frigorífico, que parecería ser el objetivo final, el juez radicó una denuncia penal para que se "analice y determine" la posible comisión del delito de estafa procesal por parte de Buteler y tres de los propios integrantes de la firma quebrada: Osvaldo Alonso, Víctor Rivara y Oscar Suárez.

Buteler explicó que "al formular la denuncia penal en contra del suscrito y los ex socios del Frigorífico General Acha SA, ha incurrido en la causal prevista inciso 7 del artículo citado, al haber denunciado penalmente a mi persona".

Bonino, además, suspendió los proceso de ejecución de convenio y verificación de créditos.

"No puede sino interrogarse mi parte cómo podría el juez considerar que mi parte iba a aceptar la propuesta del pago del 5% mensual de las supuestas hipotéticas y eventuales ganancias de una empresa que no tiene actividad a la fecha, cuando mis representados hace más de seis años que están esperando poder cobrar el remanente del 50% de la indemnización por despido que les corresponde", se preguntó.