Hallaron muerto a un joven en un campo de Dorila
Este martes después del mediodía se realizó la audiencia de formalización de la acusación que pesa sobre el empleado judicial. El padre todavía no será sometido a ese trámite. Pablo Tesitore debe presentarse semanalmente en la Ciudad Judicial y tiene prohibido salir de la provincia durante dos meses.
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EL DIARIO digital
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Este martes, el juez de Control Daniel Ralli encabezó la audiencia de formalización por zoom, durante la cual la fiscala María Micaela Succurro presentó la acusación de integrar una red de pornografía internacional contra un empleado judicial, Pablo Tesitore. El acusado es defendido por el abogado Gastón Gómez. Por ahora, su padre, titular de la conexión del servicio de internet que utilizaba en su domicilio, no será formalizado.
De esta forma, la investigación quedó abierta formalmente. Luego la fiscala tiene un plazo determinado para completarla y pedir la elevación a juicio al final, si consigue las pruebas suficientes. El padre de Tesitore no quedó desvinculado y podría ser formalizado en los próximos días.
El principal acusado se había negado a declarar el viernes pasado. Este último lunes declaró el padre, un jubilado, que negó tener relación con los hechos descubiertos.
En lo formal, el delito que se investiga es facilitamiento y divulgación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Según el artículo 128 del código penal, tiene penas previstas de 3 a 6 años de prisión.Pueden incrementarse en un tercio si le suman más agravantes.
Tesitore tiene prisión preventiva, pero el juez aceptó sustituir esa medida por la obligación de presentarse todas las semanas en el Ministerio Público Fiscal. Además, le impuso la prohibición de abandonar la provincia durante 60 días. El juez aceptó como medida de prueba la apertura de las computadoras y celulares que se secuestraron durante los dos allanamientos que realizaron los investigadores la semana pasada, en el marco de un operativo simultáneo en varias provincias y paises, contra una red internacional de material de abuso sexual infantil.
Las principales sospechan recaen sobre Pablo Tesitore. Es un empleado judicial que tenía la función de filmar Cámaras Gesell, testimonios sobre delitos en los que aparecen como víctimas menores de edad. Tesitore ingresó formalmente al Poder Judicial como "Escribiente" el 1º de febrero de 2020.
El viernes pasado, en conferencia de prensa, la fiscala Micaela Succurro, el jefe de la División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía, Temístocles Torreani, y la jefa del área Trata de Personas, María Belén Pérez Fassi, brindaron detalles de la investigación.
La fiscala Succurro explicó que el tráfico en red se detectó en Estados Unidos y Brasil y la investigación se coordinó con una fiscalía de Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se sumó a la Justicia de varias provincias. Un usuario de la red compartió 300 videos de pornografía infantil.
Entre las conexiones de IP que participaban de la red -descargando y compartiendo archivos- se identificó un domicilio en Santa Rosa, entre otros puntos de contacto del país.
En los domicilios allanados en la capital pampeana se secuestraron dispositivos tecnológicos desde los que se accedía a la red. Los allanamientos se hicieron a las 6 de la mañana. Para eso la fiscala tuvo que pedir una "excepción" al juez, ya que por reglamento deben realizarse con la luz del día.
En este caso, se coordinó el mismo horario, en forma simultánea, con los realizados en otras provincias y otros países, para evitar que alguien pudiera dar aviso y frustrar el operativo.
Según las investigaciones, la red operó entre noviembre de 2017 y marzo de este año, cuando se compartieron los últimos archivos.
La imputación que afrontan los dos santarroseños está encuadrada dentro del artículo 128 del Código Penal, con un delito que prevé penas de entre 3 y 6 años de cárcel. De todos modos, la acusación podría agravarse en el caso de que se comprobase que hay víctimas menores de 13 años en videos locales. "No sabemos si hay víctimas en La Pampa", aclaró la fiscala, en relación a que ahora deberá peritarse el material y precisar responsabilidades y hechos.
El programa que usaban, explicó la Policía, permite a los usuarios descargar y compartir archivos que están en otras computadoras de la red, que a la vez son compartidos con todos los usuarios de la red.
En el país se detectaron 79 usuarios en 14 provincias. En La Pampa, solo un objetivo. Hasta el momento, un total de 66 personas fueron detenidas en Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Estados Unidos y serán imputadas por descarga y tenencia de imágenes con contenido de explotación sexual infantil.
