Reivindican a la educación superior como derecho humano

El Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP2022) que se hizo en Córdoba reivindicó, con presencia de la Universidad Nacional de La Pampa, a la educación superior como un derecho humano y un bien público.

Las universidades argentinas propusieron a sus pares de América Latina y el Caribe la creación de un organismo para compartir conocimientos e investigación al servicio de la sociedad.

Durante el transcurso de las deliberaciones participaron tanto la rectora a cargo María Ema Martín como el rector de la UNLPam en uso de licencia y secretario de Políticas Universitarias, Oscar Daniel Alpa, en una serie de compromisos en los cuales se efectuó una "importante reivindicación de la educación superior como un derecho humano y un bien público".

Se expresó la importancia del "trabajo mancomunado" entre universidades y gobiernos nacionales y en ese marco un fluido traspaso de recursos para el funcionamiento del sistema.

En el documento final se expresó: “No podemos más aceptar el rol de observadores imparciales inconmovibles frente a la injusticia social, el patriarcado y el racismo, todas epidemias endémicas que no hacen sino avergonzarnos. Asumimos el compromiso de estrechar los lazos entre nuestras naciones y la vez articularnos para cooperar con otros actores globales en la construcción de un nuevo orden mundial, donde la cooperación domine por sobre la competencia, donde lo nacional y territorial encuentre valor en diálogo fructífero y generoso con otras culturas, pueblos y naciones”.

En otro párrafo las universidades solicitaron el respeto a la libertad y autonomía de los sistemas universitarios para evitar que “los poderes fácticos que tanto influyen en silencio sobre lo público, tengan oportunidad de imponer restricciones mercantilistas a las reglas de la gobernanza, ya sea en la enseñanza, la producción científica, tecnológica y artística y en la extensión y vinculación con la sociedad”.

Requirieron además garantizar el acceso “equitativo e igualitario” de toda la población a las universidades públicas, para lo cual se considera imprescindible que los Estados nacionales “no sólo financien adecuadamente a sus instituciones, sino que también las incorporen a su agenda de desarrollo sostenible y las protejan frente a los embates de quienes visualizan a la educación superior como un servicio transable, capaz de generar pingües dividendos para sus inversiones empresariales”.

Se propició la necesidad de “promover nuevas formas y nuevos contenidos que atiendan a las demandas humanas y sociales insatisfechas de cada territorio, haciendo uso adecuado de las tecnologías hoy disponibles” para garantizar la mejora continua en la calidad y la formación de los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de sus vidas.

En el documento final se reivindicó el respeto por los valores de “la inclusión social, la diversidad cultural y la pertinencia social”, al igual que el concepto de “ciencia abierta, para evitar la mercantilización de los resultados científicos y tecnológicos y asegurar que estos estén “al servicio de las sociedades”.