"Siempre hubo agua para cumplir con el fallo y este año sobra"
Dijo que trabaja en una desarrolladora en la que cobra 81.000 pesos por mes. "Soy estudiante de arquitectura y con ese sueldo me pago el alquiler y los gastos de la facultad, a obra social, el auto, vivir en definitiva", contó.
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EL DIARIO digital
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"Me voy a amparar en mi derecho constitucional de negarme a declarar", respondió este martes ante el juez Lino Mirabelli la pampeana Rocío Fernández Peruilh en el marco de la indagatoria por haber participado de la Fiesta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y su amiga, la primera dama Fabiola Yañez. En la misma causa aparece involucrada su hermana, Florencia.
Rocío Fernández Peruilh estuvo representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. Lo primero que consignó es que trabaja en una desarrolladora (sic) "donde me pagan 81.000 pesos y también soy estudiante de arquitectura y con ese sueldo me pago el alquiler y los gastos de la facultad, a obra social, el auto, vivir en definitiva", le dijo al juez Mirabelli.
Después aclaró que cuenta con cuatro propiedades, producto de una herencia en vida de su padre y un inmueble que heredó de su abuela. "Los alquileres se los quedan ellos. Una de las propiedades que me donó mi padre es su oficina y negocio, es decir, no hay alquiler. Yo poseo la nuda propiedad, en porcentajes, pero el usufructo se lo quedaron los donantes", indicó.
Acto seguido se inició la lectura de la acusación en su contra. El juzgado le explicó que se le imputa la violación de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales "para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19".
Más específicamente, se le leyó a la amiga de Fabiola Yañez, el DNU que firmó Alberto Fernández "mediante el cual se prorrogó la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para el aglomerado urbano denominado área Metropolitana de Buenos Aires (A.M.B.A.), comprensivo de la C.A.B.A. y el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en el que se encuentra asentada la Residencia Presidencial de la localidad de Olivos".
Además, esa misma normativa, que fue violada por todos los participantes al festejo, "restringía la producción de eventos públicos y privados, de carácter sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implicaran la concurrencia de personas".
En ese contexto, a pesar de la vigencia de aquellas medidas, "el 14 de julio del año 2020 concurrió a la Residencia Presidencial de Olivos, ingresando a las 21:30 hs., con el propósito de participar de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Andrea Yáñez", evento en el que participaron, al menos, Alberto ángel Fernández, Fernando Daniel Consagra, Emanuel Esteban López, Santiago Basavilbaso, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Severina Sofía Pacchi, Carolina Marafioti, Stefanía Domínguez y Federico Abraham".
Todos se retiraron de la quinta de Olivos, según consta en el acta de indagatoria, a la 1:45 del 15 de julio de 2020.
Lo que viene
Bajo la representación de los mismos abogados, este miércoles será el turno de Sofía Pacchi, quien era asesora de la Primera dama y contaba con un contrato de la Secretaría General de la Presidencia. Desde la Casa Rosada habían intentado que cambie de defensor, Juan Pablo Fioribello representante de Yañez, y así logre un acuerdo económico con la justicia para evitar la audiencia de indagatoria.
Mientras tanto, el Presidente y la primera dama aguardan que el juez Mirabelli firme sus respectivos sobreseimientos después de haber llegado con la fiscalía a un acuerdo de reparación integral, homologado posteriormente por el magistrado.
Con el pago de tres millones de pesos al Instituto Malbrán, después de pedir un préstamo bancario, Alberto Fernández logró cerrar la única causa penal que pesaba sobre él. Se lo había imputado por violación a la normativa -una que él mismo firmó-, y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ahora solo resta que la Cámara de Apelaciones de San Martín, se pronuncie sobre una serie de planteos que se opusieron al cierre del expediente a través del acuerdo económico, algo contemplado en el Código Procesal Penal.
Esa realidad es la contracara de lo que inició hoy en el juzgado de San Isidro: las indagatorias de cuatro amigas de Fabiola Yañez que participaron de la misma fiesta, pero que lejos de la estrategia de la reparación integral, fueron citadas a indagatoria.
Frente a este escenario, el abogado de Mauricio D Alessandro -representante de Stefanía Domínguez-, confirmó que buscarán llegar a un acuerdo económico por $ 250.000 para "evitar más problemas y cerrar el caso de una vez por todas".
La oferta se realizó ante el fiscal Fernando Domínguez, después de fracasar la estrategia de ir por la inconstitucionalidad del Decreto que impedía la circulación si no se era personal esencial y las reuniones sociales.
Sin embargo, pese al esfuerzo del Gobierno para que el caso se cierre de manera definitiva, el mismo continuará abierto porque aún hay personas imputadas que fueron citadas a indagatoria sin arreglo financiero.
