La lista de ADU sumó 145 votos a favor y 2 en blanco
La situación de la que informó El Diario no se modificó en su esencia. El contacto de la mujer con su hijo -que estuvo durante semanas alojado en un hotel- es mínimo: apenas pudieron verse en una ocasión.
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EL DIARIO digital
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La mamá que tiene una discapacidad auditiva y que fue apartada de su hijo en condiciones excepcionales, solicitó en el proceso judicial la participación de personal del personal del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.
Ese organismo, más conocido por sus iniciales de ADAJUS, intentará intervenir para que las autoridades involucradas en el proceso puedan comprender los planteos de la mujer, que en todo este tiempo hizo esfuerzos para hacerse entender pero no encontró eco suficiente entre los funcionarios y funcionarias intervinientes.
Tal como informó El Diario durante el mes de abril, el niño de 6 años fue separado de su madre con discapacidad auditiva, como consecuencia de una "medida excepcional" que tomó la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Rodrigo Lofvall, con control judicial.
Ahora, su mamá solicitó formalmente a la Dirección General de Niñez que en las sucesivas entrevistas a llevarse a cabo en ese organismo “se permita y acepte la participación” de las operadoras del programa ADAJUS, sea de manera remota o presencial “a efectos de asegurar no solo la comunicación, sino más bien la comprensión adecuada e interpretación de lo que se manifiesta en las eventuales entrevistas, a través de la labor realizada por una intérprete oficial”.
Revisión de actuaciones
“La petición que formulo como mamá es a fin de poder participar activamente en este proceso de revisión de las situaciones que llevaron a adoptar la medida por la cual se me retiró el cuidado de mi hijo, y la necesidad de remover cualquier barrera que impida, limite u obstaculice mi participación igualitaria en el marco del abordaje a fin de poder recuperar a futuro la guarda”, añade la nota formal que presentó la mujer.
El nene estuvo alojado largas semanas en un hotel de la ciudad de Santa Rosa, con control de asistentes sociales, sin contacto con su mamá desde el 2 de febrero en que se hizo práctica la medida y hasta el trascendido de la noticia, cuando se permitió un único contacto entre el nene y la mamá. Pero hoy en día la situación no se ha modificado en su esencia, aunque el chico estaría con una familia sustituta.
Todo esto pese a que los propios organismos oficiales ya descartaron algún tipo de violencia sobre el niño por parte de la madre.
La mujer insistió en la nota: “me pongo a entera disposición para concurrir las veces que el equipo lo considere necesario aprovechando la oportunidad para solicitar se articulen los mecanismos necesarios para garantizar encuentros frecuentes con mi hijo durante el tiempo por el cual se sostenga la medida”.
La situación es compleja y requiere no vulnerar los derechos del niño y de la madre. La mujer necesita de apoyos y ajustes razonables para garantizar su derecho a maternar y de acceso a la justicia. Ella es hipoacúsica y tiene muy serias dificultades en el habla y además tiene otras patologías: es diabética y celíaca. Vive en una humilde casa de Zona Norte y quienes conocen de cerca el vínculo con su hijo la definen como "una madraza".
En realidad, la propia causa judicial señala a la madre del chico como una posible víctima de violencia, pero sin embargo es a ella a quien separaron de su hijo.
Justificación y compromiso
Lofvall dijo en el mes de abril, consultado por El Diario, que intentarían revincular con su madre al niño de 6 años que fue excluido de su hogar. Subrayó entonces que "el niño no está solo, tiene acompañamiento permanente y asiste a los espacios de salud y educación”. De todos modos, justificó la medida excepcional y aseguró que intentarán la revinculación con su madre, algo a lo que están obligados por ley.
El funcionario agregó: "No voy a hablar de los por qué, pero si voy a decir que hay una vulneración de derechos muy graves y no tiene que ver con que una persona tenga una discapacidad, esas medidas excepcionales no se toman así. Es una medida que se toma luego de un trabajo que se hace desde 2017 por distintos actores. Y la medida fue pedida por varios actores del sistema".
En este caso puntual intervinieron en distintas instancias el Juzgado de Familia número 2 de Santa Rosa a cargo de Andrés Zulaica, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia (a cargo de Rodrigo Lofvall), la Dirección de Discapacidad (a cargo de Iván Poggio) y la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar (a cargo de Claudia Santiago).
La información también llegó, con demora y por canales no regulares, a la Secretaría de la Mujer a cargo de Liliana Robledo y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a cargo de Juan Pablo Meaca.
