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La Recova: con un fallo de la Cámara avanzaría la causa del desalojo

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil se pronunció en el juicio de desalojo de Antonio Corredera del local La Recova y rechazó una apelación del comerciante. Ahora ese desalojo, que lleva siete años en el juzgado Nº 4, avanza hacia una definición.

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Las integrantes de la Sala 1 de la Cámara, Laura Tores y Marina álvarez, rechazaron la apelación de Corredera que había pedido la nulidad de la causa.

Pero en una extensa sentencia, Torres y álvarez derriban el principal argumento del pedido de nulidad de Corredera: que no fue notificado del cierre del período de pruebas (que estaba suspendido a junio del 2018, hacía varios años).

Además, el propio Corredera en otro incidente paralelo -el desalojo de un comerciante senegalés Diop– pidió el levantamiento de la suspensión del proceso que había dictado la jueza a cargo.

Precisamente Corredera sostuvo en su pedido de nulidad que no había sido notificado de la medida de cierre del período de prueba, cuando hay notificaciones en otros procesos vinculados.

Con esta decisión, el pedido de desalojo de los Ortiz contra Antonio Corredera por el local de La Recova (en rigor el 50% del inmueble total, que abarca específicamente el local de la esquina donde está la confitería y el local de Yrigoyen 13) ahora tendrá una sentencia.

La causa de desalojo se inició en el año 2015, con carácter de pronto despacho. Entonces la jueza era Fabiana Berardi (ahora camarista), quien decidió la suspensión del cierre del período de prueba.

Después asumió Luciana Almiral como sustituta, quien tomó la medida de cerrar el período de prueba, lo que fue apelado por Corredera. Y ahora está otra jueza sustituta, Ana Lis Palacio.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil (con los votos de álvarez y Guillermo Salas y la disidencia de Laura Torres) ya se pronunció en relación a La Recova: sostuvo que el 50% pertenece a los Ortiz, Liliana, Daniel y Carlos. Pero el STJ, con la integración de Eduardo Fernández Mendía y Victoria Fresco sostuvo que la inscripción del inmueble a favor de los Ortiz estuvo mal hecha en el Registro de la Propiedad Inmueble. Esto a pesar de que el juicio por la propiedad ya llegó a la Corte Suprema en favor de los Ortiz.

Mientras se define el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones Civil (donde álvarez y Salas exhibieron y detallaron en sus fallos un criterio contrapuesto al de Fernández Mendía y Fresco), ahora avanzaría el juicio por desalojo contra Corredera.

Los Ortiz afirman que “en este caso pasó de todo. Han desaparecido expedientes, los han refoliado, las juezas se van. Pero esto tiene que tener un cierre”.

“Estamos pagando todos los impuestos y las tasas. Antonio Corredera dejó de pagarlos”, asegura Liliana Ortiz. Ahora fue con un planteo a la jueza sustituta del juzgado N.º 4, Ana Lis Palacio a raíz de un accidente de un camión contra un deck.

La pelea legal de 22 años

El local La Recova es motivo de disputa legal. Todo empezó cuando los hermanos Corredera se pelearon por el manejo de una sociedad de hecho que tenían.

“Pepe” Corredera les inició juicio a Abel y a Antonio. Allí se descubrió que La Recova no estaba a nombre de “Pepe”, a pesar de que cobraba los alquileres.

En ese juicio se conoció que Antonio Corredera compró la parte de Ortiz (50%) en el año 1989, pero no podía hacerlo porque era administrador de la sucesión de Camarero, dueño original del local.

Cabe recordar que la jueza María del Carmen García emitió el fallo por el que anuló la escritura de compraventa en la que Antonio Corredera accedió al 50% del inmueble La Recova porque revestía esa condición de administrador de la sucesión Camarero, anteriores propietarios de La Recova. Corredera estaba inhibido de acceder a esa propiedad.

El Registro de la Propiedad Inmueble puso ese 50% a nombre de ángel Ortiz, quien murió hace unos años, y ahora sus herederos reclaman esa propiedad.

La Cámara de Apelaciones ya se pronunció por la causa de La Recova que lleva 20 años en la Justicia pampeana. Habló de un escándalo judicial, el dispendio en los tribunales, el daño patrimonial y la falta de acuerdo entre las partes para lograr un entendimiento.

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