Encubrimiento y más riesgo para las mujeres

Los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos más prestigiosos en su rubro.

Un monitoreo de la entidad señala que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, 19 eran funcionarias de seguridad.

El CELS asevera que la portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el "estado policial", "pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad".

Explica: "en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal".

"Como ocurre en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial -advierte-, existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión".

"En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías", añade el CELS.

Completa: "en los últimos años, la creciente incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad y la visibilización social de la violencia machista han llevado en distintas jurisdicciones a la creación de oficinas cuya misión específica es atender esta problemática".