Editorial: Una deuda pendiente y una puja de intereses

Una de cal…

Cuatro ministros y el defensor de Niñez y Adolescencia de la provincia pasaron por la Cámara de Diputados en un encuentro con formato de interpelación, a raíz de las derivaciones del infanticidio de Lucio Dupuy.

Si bien resultó un saludable mecanismo para transparentar determinados funcionamientos públicos, a grandes rasgos ese trámite no significó que hubiera grandes aportes informativos, ya sea respecto de ese caso puntual o del modo en que en general el Estado provincial aborda las problemáticas que involucran a la niñez.

Quedó la sensación de que la Legislatura se dio cuenta de que "algo había que hacer" y decidió darle ese tono de interpelación a varios ministros para demostrar preocupación y ocupación en el tema.

Eso más allá de las cuestiones de política partidaria: no casualmente fue la oposición la que motorizó la "bajada" de los ministros, con un aval de legisladores oficialistas que en este momento tienen una puja de poder con representantes del Ejecutivo.

Las conclusiones posteriores que sacó la oposición, bajo la convicción de que "el sistema no funciona", bien podrían haber sido manifestadas antes de esas interpelaciones: hay notables fallas, algunas de las cuales quedaron en evidencia en esta situación puntual, porque la Niñez no aparece priorizada a la hora de la realidad como puede estarlo en los discursos y compromisos verbales.

Los tres poderes del Estado tienen deudas pendientes en el área. El infanticidio de Lucio expuso limitaciones, carencias, desintereses: al menos la Policía y el sector de Salud quedaron mal parados con la información que ya se conoce públicamente respecto de las intervenciones que tuvieron, y que no aportaron para generar alertas.

Las referencias ministeriales resultaron tan generales que en algún punto hasta parecen vagas, y sin olvidar que falta en esta historia la voz del Poder Judicial, que como suele ocurrir en numerosos conflictos sociales siempre está ausente o protegido del cuestionamiento del común de los mortales, o de las autoridades públicas para más precisión.

Estas líneas ya han señalado también a la hora de abordar estas cuestiones las responsabilidades de la propia sociedad civil, de los medios de comunicación, de la población: el infanticidio de Lucio obliga a revisiones que van mucho más allá del funcionariaje de turno, por más que -obviamente- los grados de responsabilidad son muy diferentes de acuerdo a cada ámbito.

Para completar el panorama institucional respecto del tema, el diputado nacional Martín Maquieyra agitó la presentación de un proyecto al que le puso el nombre de Lucio: la aparición repentina ocupándose de temas a los que el propio gobierno macrista desfinanció especialmente bordea el oportunismo y la hipocresía.

Más allá de las ventajas y réditos que se quieran sacar con el dolor, sí resulta necesario comprender sin dudas que uno de los aspectos fundamentales para ocuparse más seria y sistemáticamente de las problemáticas de la Niñez es el presupuesto: el reparto de la plata que maneja el Estado define, como muy pocas otras cosas, qué asuntos son su prioridad y cuáles no.

…y una de arena…

El conflicto que abordan distintas obras sociales con profesionales de la ginecología se agrava con el paso de los días, puesto que las partes involucradas no encuentran un punto de acuerdo que priorice el interés de las personas.

Los planteos públicos y reservados de la Asociación de Ginecólogos y Ginecólogas dan cuenta de que se trata, efectivamente, de una crisis derivada de la ambición económica de ese sector, que aun con condiciones que parecen privilegios en comparación con la situación social general, insiste para ver mejorados sus recursos en proporciones que complican la propia existencia de las obras sociales.

El Estado provincial tuvo una intervención con la idea de hacer las veces de "mediador" en el conflicto generado formalmente desde el momento en que 42 profesionales renunciaron al Colegio Médico.

La circunstancia movilizó al SEMPRE como obra social del Estado -es la más importante de la provincia-, pero también a otras obras sociales y en especial a las que tienen vinculación con sindicatos de diversas ramas.

El panorama no es nada alentador, y es un hito más en una escalada que demuestra el posible colapso de los sistemas de Salud si se siguen privilegiando los réditos económicos en lugar de la teórica razón de ser, que es mejorar la calidad de vida de la población.

La advertencia de las obras sociales y el Estado respecto de que serían convocados profesionales de otros puntos del país encontró en la Asociación una suerte de apuesta redoblada, puesto que la entidad comunicó a sus autoridades nacionales que consideraba a La Pampa una "zona de conflicto", peticionándoles que no enviaran a ginecólogos y ginecólogas a nuestra provincia.

La reacción corporativa es descripta por las autoridades del área de Salud Pública como una virtual "cartelización", que desde ya perjudica a sectores necesitados de esas prácticas.

Desde la Asociación insisten en que no se trata solo de un interés económico y aseguran que en realidad no hubo de parte de las obras sociales -a las que también señalan como corporaciones y empresas- una convocatoria real al diálogo: "Ni nos escuchan", es el planteo de la entidad.

Cuando el conflicto deriva a números económicos respecto de lo que perciben los profesionales, se cae en cifras que llegan a ser obscenas en el actual contexto, además a la salida de años que resultaron económica y socialmente deplorables, y en el marco de una pandemia que complica especialmente la vida de sectores vulnerables.

Se suma a la situación otro temor: que la avanzada de ginecólogos y ginecólogas sea apenas una de las que pueden registrarse, porque la ambición económica y la despreocupación por la desigualdad pueden empujar a otras especialidades a plantear las mismas exigencias, tal como ocurrió hace algunos años con los y las anestesistas.

No está del todo claro qué papel le queda por jugar al Estado, puesto que se trata de una compleja puja de poder, no solo desde lo económico sino también desde lo normativo, pero sí salta a la vista que la crisis está afectando y va a afectar a una importante porción de la población.