Una multitud acompañó la marcha en defensa de la Universidad pública
Un repaso por los hechos más salientes en la semana posterior a los comicios en la provincia. La gobernabilidad de Ziliotto, el foco en los intendentes, los vaivenes en Educación y algunos temas más de debate.
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
En medio de las secuelas que dejó la primera derrota del peronismo luego de 36 años en una elección en la provincia, el gobernador Sergio Ziliotto fue a Buenos Aires y volvió con buenas noticias.
De boca del propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación escuchó que será un hecho la inclusión del Acueducto Norte y la Nueva Terminal de ómnibus de Santa Rosa en el próximo Presupuesto 2022 del Gobierno nacional.
Esos acuerdos ya habían sido firmados por el mandatario pampeano con el titular del ENHOSA, Enrique Cresto, y con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
La novedad resulta más que oportuna, sobre todo para una gestión que apostó fuerte en la elección -el mismo Ziliotto dijo que se plebiscitaba- y no pudo "provincializarla" como él deseaba.
El inicio de la segunda etapa de su gobierno encuentra ahora al jefe del Centro Cívico en un inimaginable proceso en el que llega hasta ponerse en juego su propia gobernabilidad.
Por eso, el asegurarse la futura puesta en marcha de dos obras trascendentales para las dos ciudades más importantes que tiene la provincia no es poca cosa.
La semana que se fue también dejó un debate interesante sobre la vigencia del sano proceso democrático.
Después de la destitución de dos intendentes elegidos por el voto popular, como ocurrió primero en Santa Isabel y luego en Abramo, el diputado provincial del PJ -Espartaco Marín- anunció que presentará un proyecto para intentar modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para que esos procesos queden asimilados a la Ley de Juicio Político.
La reacción del legislador vino a cuento de un intento de bajarle el tono a la polémica que hizo el actual secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.
Pero el tema no quedó ahí. Otro diputado, en este caso el radical Marcos Cuelle, redobló la apuesta y pidió que en vez de modificar esa normativa lo que debería hacerse es darles autonomía y que cada Municipalidad dicte su propia constitución.
El principal argumentó que uso el legislador opositor es que, en La Pampa, los municipios son preexistentes a la conformación del Estado provincial.
Poner en análisis la cuestión de fondo, sobre todo donde exista un claro marco legal, no parece descabellado.
En el medio también quedó sobrevolando el mentado Artículo 151 de la Ley de Municipalidades, donde refiere a que los intendentes no pueden firmar acuerdos con el Gobierno nacional sin el permiso del Gobierno provincial.
Ese condicionamiento le valió la absurda y reciente condena a la exintendenta de Realicó Roxana Lercari, que terminó penada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
...y una de arena...
El incidente electoral ocurrido el domingo pasado en la localidad de La Maruja es un buen punto para empezar a enumerar una larga lista de "malas nuevas" ocurridas durante la semana pasada, pero que sirven para recordar que los jefes comunales -además de derechos propios- también tienen una serie de obligaciones para cumplir.
El intendente Gustavo Ceín fue el único y máximo responsable del innecesario papelón que le hizo pasar un joven fiscal de Juntos por el Cambio que llegó desde Capital Federal para fiscalizar la transparencia de las elecciones.
No es la primera vez que en esa localidad del norte de la provincia se registra un episodio bochornoso en plena jornada democrática. En las elecciones de 2015, una patota de Ceín atacó con palos a militantes radicales y hasta dañaron varios vehículos.
En el medio de tanto ruido político durante la semana también se conoció un dato cuanto menos preocupante y extendido como problemática en todos los sectores sociales: el 44% de los padres en la provincia no paga la cuota alimentaria.
La novedad la dio a conocer el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad a partir de una encuesta que elaboró a fin de conocer la situación con respecto al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres o madres no convivientes con sus hijos y/o hijas.
La importancia de conocer estos datos radica en la necesidad de evaluar las políticas públicas, ya que los principales perjudicados son los niños, niñas o adolescentes.
El Ministerio de Educación también quedó enredado en su propio laberinto de idas y vueltas, que arrastra desde la pandemia de coronavirus.
Ahora, casi en el cierre del ciclo lectivo, difundió una nueva postura relacionada con la enseñanza: los alumnos o alumnas podrán repetir el año si no acreditan los saberes de los cierres escolares del pasado y este.
De alguna manera, fue una reacción a los cuestionamientos de directivos y profesores de los colegios secundarios ante la normativa de la evaluación ciclada, que se bajó sorpresivamente durante una jornada institucional en los últimos días.
También dentro del ámbito educativo lo que ocurre en el Colegio Secundario de la UNLPam ya requiere de otro tipo de atención de las autoridades. La necesidad de un nuevo edificio, en el medio de tantas carencias, no puede esperar más. Ese reclamo histórico todavía no ha encontrado respuesta.
La lista de "malas nuevas" de la semana termina con otro hecho lamentable: la decisión del Banco Hipotecario de otorgar créditos para la construcción sin haber hecho un adecuado estudio de título de los terrenos.
Esa situación disparó una situación inédita en el caso de los condominios o de personas que, por ejemplo, estaban incluidas en algún derecho de usufructo.
La entidad crediticia, acostumbrada a no resignar nada en el mercado, decidió reconvertirlos en préstamos personales en una tasa -por supuesto- mucho más perjudicial para el cliente.
