Marín defendió a Aragonés: "No hay derecho a que digan que denunció a otros"

El exgobernador de La Pampa, Rubén Hugo Marín, declaró este martes en el marco de la tercera etapa del juicio por la Subzona 14 e hizo una encendida defensa, entre otros, del sindicalista de la derecha peronista, Carlos Aragonés, a quienes algunas víctimas acusan de "buchón" de la represión ilegal en La Pampa.

"No hay derecho", afirmó durante su declaración, además de mencionar que los interrogatorios eran bajo torturas y encapuchados. "Los policías y los militares sabían en detalle la vida de cada uno", reiteró, para sacarle responsabilidad a los supuestos colaboradores civiles.

No es la primera vez que Marín presta testimonio: ya lo hizo en los dos juicios anteriores. En el debate de este martes se encuentran conectados siguiendo las instancias los acusados Luis Baraldini, Carlos Reinhart y el militar Jorge de Bártolo.

Marín declaró en forma presencial a partir del mediodía, en el aula magna de la UNLPam. Los imputados y los defensores de los represores siguieron la declaración en forma virtual.

Defensa de Aragonés

"Me dolió que algunos mencionan a los que estuvieron detenidos como que ellos dijeron... Fueron picaneados, los interrogaban esposados y encapuchados, no hay derecho a que otros digan que ellos denunciaron a Fulano o Mengano. ¿Qué iban a denunciar?", arremetió durante la parte final de su testimonio.

"Me dolió porque los conozco, con uno no me hablo, tengo problemas. Pero reconozco que no es así", dijo, para defender, entre otros, al principal sindicado como delator, Carlos Aragonés. Especialmente varios de las víctimas, estudiantes de la UTN de Pico, mencionaron en los juicios ese papel que habría jugado el sindicalista piquense.

Sin embargo, Marín -que comenzó su carrera política como abogado de la CGT que Aragonés comandaba en Pico, en la década del ''''70- lo respaldó en su declaración. "Muchos declararon que no saben lo que firmaron. Para algunos estaba bien, para otros no. Uno ve que lo hacen con una intención que no es estrictamente de averiguar la verdad", se quejó de las víctimas y querellantes que durante los juicios arrojaron sospechas de colaboracionismo de Aragonés con los represores.

"Los policías y los militares sabían la vida de cada uno. Lo puedo asegurar. No había uno que pusiera una bomba. ¿Que algunos tenían discursos más fuertes? Correcto...", dijo Marín, a modo de defensa de los civiles sospechados.

Por otra parte, Marín contestó que "conocía" al represor Ramón Camps, que antes del golpe estaba a cargo del Regimiento de Toay. "él hacía relaciones sociales", recordó, para mencionar que el militar visitaba la gobernación, la Cámara de Diputados y las instituciones en aquel momento. "Después uno se dio cuenta de que se estaba informando el tipo", deslizó.

"Sí lo conocía, pero de los actos oficiales. Baraldini se quedaba en la sala de estar, afuera del despacho, siempre lo acompañaba, era como su edecán", evocó.

Una tanqueta frente al estudio

Marín era vicegobernador de la provincia para la fecha del golpe militar. En los otros juicios anteriores, ya contó que la noche anterior se encontraba en Buenos Aires cuando en los diarios ya se manifestaba el inminente golpe de estado. Llamó a la Cámara de Diputados para que retiraran sus pertenencias particulares y al chofer para que lo fuera a buscar.

Viajó a su domicilio particular, en General Pico. Allí se encontró con que una tanqueta se paraba frente a su estudio jurídico todos los días. "Conclusión, no entraba nadie. Había mucho miedo. Mis amigos se cruzaban de vereda cuando me veían", recordó este martes.

Lo detuvieron recién siete meses después del golpe. El 20 de octubre del ''''76, a las dos de la tarde, un policía lo fue a buscar a la casa. En la comisaría estaba el jefe de la Policía de la dictadura, Luis Baraldini.

Lo detuvieron y al otro día le permitieron venir a Santa Rosa y presentares en la Primera. Los represores de la Subzona 14 lo interrogaron a cara descubierta, sobre unos panfletos que habían tirado el día anterior, cuando el dictador Rafael Videla visitó La Pampa para inaugurar una maquinaria en la fábrica Luna Hermanos. También le preguntaban "de dónde sacó los dólares" que tenía Juan Carlos Suárez, un funcionario provincial antes del golpe. Declaró que no sabía nada de ninguna de las dos cosas. "No me pegaron ni me tocaron. Pero el reflector me impedía ver a quién me hacía las preguntas", acotó. Y recordó que "compañeros" le confiaron que habían sido golpeados y torturados.

Al día siguiente lo llevaron a la Jefatura, lo tuvieron esposado y parado en la calle, frente al edificio, durante media hora. "Supongo que era para que supieran que hasta el vicegobernador lo metían preso", dijo. Luego le sacaron fotos y lo soltaron. A partir de ese momento y hasta el año 1.977, día por medio se estacionaba una tanqueta frente a su estudio jurídico.

Recordó que el abogado Ballari e Ibrahin Fuad Luca -un exintendente de Metileo- lo ayudaron a mantener a su familia, con cuatro chicos, porque lo echaron del Banco Industrial y de los gremios donde había trabajado.

En una oportunidad, le avisaron que iban a detenerlo nuevamente. Pero declaró que luego le contaron que no lo detuvieron "para no hacerlo víctima" e iniciarle acciones penales para "borrarme de la política".

Le iniciaron dos juicios por "delitos inventados", impulsados por los fiscales Oscar Ortíz Zamora y Miguel ángel Nardillo y el juez Perani, pero en ambos fue sobreseído. Recordó que la causa terminó recayendo en el juez José María Triputti -hoy integrante del tribunal que lleva adelante el juicio-, quien firmó aquella resolución exculpatoria porque, les dijo: “conmigo no van a hacer política, voy a hacer lo que dicta la ley”.

"Era difícil trabajar porque estuvieron un año y pico con la vigilancia en Pico", recordó Marín, sobre los meses posteriores. "Uno sabe lo que tuvo que pasar. Era terror. En La Pampa hubo presos, pero no conocí que mataran a nadie. Tal vez porque acá cuando llevaban a uno se enteraba todo el barrio. Pero había miedo, a excepción de un sector muy reducido que tenía conexiones", evocó.

El sumario del ''''83

Marín dijo que cuando asumió la gobernación en 1.983, decidió impulsar la investigación de las violaciones de los derechos humanos en la Policía Provincial y también firmó la reincorporación en el estado provincial de los cesanteados por causas políticas. Destacó el rol de llevar adelante ese expediente de Juan Carlos Tierno y el comisario retirado Timoteo Trohuill.

"La convivencia en La Pampa no se rompió, se convive piense como se piense. A excepción de los militares que impusieron el miedo. Esos decretos sirvieron para investigar a los delitos humanos, se exoneró a los policías, me fui del gobierno, la cuestión es que el STJ se declaró incompetente por la jurisdicción militar, ese expediente desapreció, aunque quedó una copia en la CONADEP y se pudo recuperar", señaló.

"Creo que fue acertada esa decisión, no tuvimos un acompañamiento mediático. También tenían miedo. Habíamos quedado solos, pero después Alfonsín empezó con los juicios y se abrió. Fue la única provincia del país que tomó la decisión de investigar la violación de los derechos humanos", ponderó.

Marín reivindicó la decisión de iniciar aquel sumario. "Creo que el tiempo me dio la tranquilidad de que hicimos en aquel momento lo que teníamos que hacer", concluyó.