Subzona 14: la valentía de los estudiantes de Arauz

“Hubo un grupo de personas que fue transparente, leal y firme en sus declaraciones, que fueron los alumnos del instituto”, dijo esta semana el exrector del secundario de Jacinto Aráuz, Carlos Samprón, durante su declaración como víctima en el juicio de la Subzona 14.

De esa manera, Samprón –secuestrado y torturado durante la dictadura junto a un grupo de profesores- evocó la valentía de sus estudiantes, que en julio del ’77 fueron llevados por policías y militares a la comisaría para que incriminaran a sus docentes, que lo único que hacían era educarlos sin sanciones, con diálogo y el propósito de que fueran actores activos en su comunidad.

“Tuvieron un valor extraordinario. Los interrogaron, fue una barbaridad, conozco sus declaraciones, fue un apoyo moral para mí, que me hace confiar plenamente en la juventud. Los adolescentes no adolecen de nada, son seres humanos en crecimiento, somos nosotros mismos, los que fuimos a esa edad”, reflexionó Samprón.

“Yo no creía –confió-, no había alcanzado a comprender, cómo ellos en menos de dos años que estuvieron en contacto con nosotros, habían entendido con claridad lo que queríamos hacer, formarlos, ayudarlos y hacerlos participar de la comunidad”.

Un “objetivo político” de la dictadura

El testimonio más relevante fue el de Carlos Samprón, que ya había declarado en los juicios anteriores (foto principal). Con 27 años, ingeniero agrónomo, de Necochea, había llegado con su mujer y un bebé de Bahía Blanca, para ejercer como rector del colegio de orientación agropecuaria.

Dijo que “el instituto se convirtió en un objetivo político” para mostrar resultados de la represión en la provincia. Y consideró que fue blanco de los represores a partir de que había trastocado la rutina del pueblo con “un aporte cultural novedoso” que molestó a los sectores conservadores de la localidad.

Recordó que eliminaron las amonestaciones y que preferían dialogar con alumnos y padres, algo que también llamó la atención en ese momento y les trajo “inconvenientes” porque los consideraron “subversivos”, a pesar de que no había nada ilícito y solo apuntaban a la formación educativa.

“El colegio significaba una contracultura contra los valores conservadores del pueblo”, explicó.

Aseguró que después del golpe los docentes intentaron “autocensurarse” por temor y para evitar conflictos por el clima que había instaurado en el país. Sin embargo, evocó, era difícil evitar que los jóvenes no mencionaran la situación política del país. Y recordó que en el pueblo había “tensión” y “mar de fondo” entre los vecinos que solían discutir sobre los vestigios del anarquismo en la localidad y el “mito” de la participación de alguien de la localidad en la guerrilla en Tucumán.

El 14 de julio de 1976 policías y militares lo sacaron delante de sus alumnos para detenerlo. Y que en el puesto caminero escuchó gritos de torturas y que a él mismo lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica después de la fuga de uno de los profesores detenidos, Guillermo Quartucci.

Mencionó a Baraldini dirigiendo el operativo. Y que se alegró al llegar a la Colonia Penal 4, donde lo trasladaron, porque, pensó, no lo iban a matar. Estuvo ocho meses detenido. Lo sacaban para interrogarlo y preguntarle incoherencias sobre su supuesta vinculación con la subversión. Le aplicaron el submarino seco.

El abogado radical Antonio Tomás Berhongaray asumió su defensa y logró que lo liberaran. Había quedado sin trabajo y regresó a Necochea, para rehacer su vida.

Para cerrar su testimonio, sostuvo que “la vida en democracia está llena de problemas y dificultades, pero es una vida hermosa y muy distinta de las que nos proponían aquellos que llevaron adelante la dictadura militar, que ojalá haya sido la última de la historia de nuestra patria”.

La presencia militar en Arauz

El pasado martes 21, día de la primavera y del estudiante, declararon durante una nueva audiencia del tercer juicio de la Subzona 14 varios testigos de copamiento del colegio secundario de Jacinto Aráuz, el 14 de julio del ‘76.

Todos reafirmaron la presencia de fuerzas militares en el operativo, un dato que complica a uno de los imputados, el militar Jorge de Bártolo, que era uno de los jefes del Regimiento de Toay durante la dictadura.

En primer lugar, declaró Juan Carlos Sheck, que era alumno y contó cómo quedaron solos en el aula aquel día y miraban por la ventana para descubrir el pueblo tomado por militares.

Esa noche un militar también entró a su casa. Lo citaron en la comisaría para preguntarse sobre qué se hablaba en las clases. Le llamó mucho la atención porque “todo era muy normal”.

También declaró élida Swin de Pozo Grados, la esposa del veterinario que daba clases en el colegio y fue secuestrado en el operativo que recordó como “terrorífico”. Después de más de un año, cuando él salió en libertad, contó, no salieron por dos años de la casa porque en el pueblo decían “por algo será”.

Por otra parte, el miércoles 22 declaró Oscar Bertón, uno de los hijos de Samuel Bertón, el mecánico del pueblo que integraba la comisión fundadora del colegio y que fue detenido ilegalmente y también torturado. Recordó que el carácter de su padre cambió totalmente después de aquel trauma y que a los pocos años murió de cáncer, una enfermedad que la familia relaciona a los padecimientos que le provocó aquel hecho.

Además declararon Ana Herrera, la mujer de Oscar Bertón, que en aquella época también era alumna del colegio; y Jorge Malán, marido de una secretaria del colegio y parte de la cooperadora del colegio.

Más testigos

En la audiencia del jueves pasado declararon cuatro testigos.

En primer lugar, el sicólogo Esteban Tancoff, que recordó que fue secuestrado por una patota de civil en su departamento de Buenos Aires junto a Hugo Chumbita y Ana María Martínez, a quienes les había dado asilo porque tenían orden de captura en Santa Rosa. Lo torturaron con picana eléctrica y le preguntaban si conocía guerrilleros.

Recordó que a los tres los trasladaron a Santa Rosa, donde los represores de la Subzona 14 volvieron a interrogarlo porque tenía “una profesión peligrosa”. Finalmente, lo subieron a un tren, lo bajaron en Constitución y lo dejaron en libertad.

En segundo lugar, declaró Oscar “Tato” De Marco, un empleado judicial que fue detenido ilegalmente en General Pico y trasladado a Santa Rosa, donde quedó alojado en la Primera -dos veces fue interrogado con maltratos en la planta alta-, donde permaneció 12 días.

En tercer término, dio su testimonio Roberto Coronel, que era secretario general del Sindicato de la Carne, y fue detenido ilegalmente en julio del ’77 por el término de dos meses, porque había hecho una panfleteada en un frigorífico de Pico y eso estaba prohibido.

En cuarto turno, declaró Luis Perazzo, un civil que fue detenido ilegalmente por averiguaciones ordinarias.

Un estudiante, tres años y medio preso

El martes pasado declaró en el juicio Miguel ángel Mingote, un estudiante de Económicas de la universidad que había participado en la lucha por la nacionalización y fue citado por la policía después del golpe, en febrero del ‘77. Quedó detenido y recién recuperó la libertad tres años y medio después.

En la Primera lo interrogaron encapuchado, lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica. Le preguntaban por la militancia de sus compañeros y si se oponía al gobierno militar. Lo trasladaron en avión a La Plata. Recién en 1980 salió con libertad vigilada. Volvió a los estudios y pudo recibirse.