La Pampa

Murió Antonio De Franco, acusado de apropiarse de tierras en el oeste

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En los primeros días de agosto de este año, el Superior Tribunal de Justicia confirmó que debía ir a juicio por el desalojo del puestero Simplicio Albornoz.

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EL DIARIO digital

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El fallecimiento de De Franco fue confirmado a El Diario por el abogado de Albornoz, José Bibiano Cedrún Gutiérrez. "Con la muerte del acusado se extingue la acción penal", destacó el letrado.

Cedrún Gutiérrez también dijo que "esta situación deja mejor posicionado a mi defendido desde el punto de vista jurídico".

Y explicó que "ahora los familiares tendrán que hacer la sucesión y ahí nos vamos a presentar nosotros, con mi defendido, para que se excluya esa propiedad del campo que le corresponde a Albornoz de los bienes de De Franco".

El abogado del puestero recordó que "De Franco estaba a las puertas del juicio oral, porque su defensa no había recurrido el reciente fallo del STJ y este mismo había quedado firme. Lo único que faltaba era ponerle fecha al debate".

- ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora en la causa?, le consultó este diario a Cedrún Gutiérrez.

- Civilmente, a la causa la voy a seguir contra los hermanos. Penalmente no se puede porque el fiscal Sancho no los quiso incluir en la causa, así que respecto a ellos está prescripta la acción. Peleamos mucho con Sancho por este tema, porque yo creo que sus hermanos con tan culpables como Antonio De Franco e la apropiación de tierras en el oeste pampeano.

- ¿Por qué quedó solo Antonio de Franco en la acusación?

- Porque teóricamente era el que de alguna manera administraba todo.

Década del ''''90

Antonio De Franco estába sospechado de apropiarse de unas 200.000 hectáreas en el oeste pampeano, entre ellas donde Simplicio Policarpo Albornoz residía desde hace décadas.

Desde la década del ''''90 se ha desalojado a una decena de familias en la zona de Limay Mahuida.

El abogado querellante, José Bibiano Cedrún Gutiérrez, dijo en su momento que los hermanos De Franco hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente reclamaron a la empresa Compañía Sudamericana, que figuraba como titular registral del citado lote 6, que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y, entonces, los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó el embargo del lote 6 y ordenó la subasta que se hizo el 10 de abril de 1999. Los compradores fueron, precisamente, los hermanos De Franco. El Lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

En 2010, los De Franco hicieron nuevos alambrados. Esta vez, empezaron a cortar el paso por caminos vecinales y a una aguada. Cedrún Gutiérrez advirtió que “la adquisición no fue de tan buena fe” y que “cuando lo alambran al Lote 6, sabían que la titular registral, la Compañía Sudamericana, no existía más”.

“Inician un juicio, una demanda, a una compañía fantasma. Sabían que iban a ganar el pleito y lo ganan. Como no logra cobrar, piden y logran la subasta. Y se quedan con ese lote. Se hizo todo en una apariencia de legalidad”, manifestó el abogado.

No a lugar

El pasado 3 de agosto de este año, la Sala B del STJ confirmó el fallo del TIP que anuló la prescripción del juicio penal al empresario De Franco por desalojar el campo de Limay Mahuida.

El fallo de los jueces José Sappa y Eduardo Fernández Mendía no hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el defensor particular de Antonio Santiago De Franco, contra el pronunciamiento dictado por el T.I.P. con fecha 15 de diciembre de 2020.

Además ordenó que se fije "con carácter urgente la fecha para la realización de la correspondiente audiencia de debate, teniendo en consideración la situación epidemiológica actual".

El juez Andrés Olié, el fiscal Guillermo Sancho y el defensor particular de De Franco, Luciano Sacco acordaron la prescripción de la causa. Pero el abogado José Cedrúan Gutiérrez, defensor del puestero Simplició Albornoz apeló esa sentencia.

En el acuerdo, el juez Olié no consideró los días de feria judicial ordenados por la pandemia.

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