Entra en vigencia el aumento del transporte en Pico
El debate por el proyecto oficialista en el Congreso Nacional no pone en juego esta vez la puja de intereses entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales.
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El gobierno pampeano mira con buenos ojos el proyecto que en las próximas semanas tratará el Congreso Nacional, y que está vinculado con la producción de hidrocarburos.
La Provincia tiene expectativas positivas, aunque bajo la aclaración de que la iniciativa no será una solución de fondo si no se atan otras variables en la búsqueda de inversiones en el sector.
El proyecto esta vez no pone en juego una puja de intereses entre el gobierno central y las jurisdicciones provinciales, como ha sido un clásico cada vez que se discutieron estas temáticas.
Asegurado ese escenario tranquilizador, lo que la iniciativa se propone es abrir la puerta a que las empresas del rubro tengan algunas facilidades que las comprometan a invertir.
El gobierno de Sergio Ziliotto interpreta la avanzada como positiva porque mira un escenario hacia dentro de 20 años. La Pampa también tiene un horizonte a 30 años: se propone una suerte de soberanía energética para entonces.
El proyecto trata de potenciar inversiones a partir de algunas políticas de incentivos. Uno de los objetivos es, desde ya, Vaca Muerta.
El Ejecutivo nacional -tal como informó El Diario- presentará en el Congreso ese un proyecto con el nombre de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. La idea base es establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.
El articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.
El proyecto aborda uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.
Se crea ese régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.
La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.
Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.
Se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.
El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.
Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.
En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.
