Camino a la solución y un temor que se expande

Una de cal…

En la semana que se va, la provincia dio un paso adelante en la idea de solucionar uno de los más graves problemas de la población pampeana: el déficit habitacional, que es de vieja data pero se ha incrementado de modo exponencial en los últimos años.

La visita del ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, trajo bajo el brazo un anuncio esperado y positivo: La Pampa tendrá un cupo de 1100 viviendas más, que se sumarán a las que ya estaban anotadas y en algún sentido en marcha, ya sea en los primeros pasos del trámite, en período licitatorio o en vías de construcción.

La construcción de viviendas representa una suerte de círculo virtuoso, porque además de permitir el acceso de familias a un derecho fundamental, se espera que sea una reactivación vital para la postpandemia, puesto que no es ningún secreto que ese tipo de actividad económica repercute positivamente en varios aspectos de la industria local y de la ocupación de mano de obra.

Pese a que traía buenas noticias, el desembarco del ministro estuvo curiosamente "escondido" a los medios y a la población en general: el Gobierno provincial prefirió tomar recaudos que impidieran que el contacto de gestión pudiera interpretarse como un acto proselitista, prohibido por la ley en esta época de campaña.

Eso no solo impidió que Ferraresi pudiera ser contactado por el periodismo lugareño -un detalle que parece clave de cualquier visita que se haga desde el Gobierno central si lo que se pretende es una perspectiva federalista- sino que lo dejó apartado de otras demandas o sugerencias que pudieran plantear diversos sectores sociales.

Aun así lo importante quedó asentado en los convenios y acuerdos que se firmaron, un paso más en el muy complejo camino para que la provincia pueda dar respuesta a una necesidad cada vez más acuciante y extendida, que se exacerbó por diversas responsabilidades -muchas veces señaladas en este espacio- pero que dio un muy negativo salto en los tiempos oscuros en que el Gobierno nacional macrista suspendió totalmente la construcción de casas sociales.

Otro espacio castigado por el macrismo, y también compuesto por integrantes de la clase trabajadora, pretendía buscar en Ferraresi respuestas a otra problemática, menos urgente y menos dañina pero igual de inquietante para quienes la padecen: la desigualdad que sigue vigente en los adjudicatarios de viviendas del Desarrollo Urbanístico del ProCreAr.

Esos vecinos y vecinas reconocen el alivio que representó que este Gobierno -y este Ministerio- los haya sacado del maldito UVA pero advierten que el traspaso al índice Hogar no es del todo satisfactorio para sus bolsillos y, sobre todo, los pone en una muy dañosa inequidad frente a otros adjudicatarios de idénticas soluciones habitacionales pero que pagan la mitad o menos.

Ese peso sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras es también consecuencia de la tergiversación de objetivos de un plan social de viviendas como el ProCreAr, que pretendió ser reconvertido como si se tratara de un negocio inmobiliario por el gobierno macrista, cuando con su mirada neoliberal le dio más importancia al interés de bancos y financieras que al de las familias argentinas y pampeanas.

En buena hora que, con sus limitaciones, demoras y carencias, se haya retomado el camino que dio origen a ese programa.

…y una de arena…

La revelación de un caso de estafa como no se había conocido hasta el momento en nuestra provincia, o al menos en vinculación con el Banco de La Pampa, sacudió la tranquilidad de quienes cotidianamente manejan de manera virtual -que ya es inevitable- algunas de sus operaciones comerciales y bancarias.

Por primera vez fue vulnerada de semejante modo la seguridad de una tarjeta de débito del Banco de La Pampa, que opera mediante la Red Link, para la concreción de un fraude que según la investigación judicial demuestra procederes sofisticados y tiene a disposición una especializada ingeniería.

Episodios similares, aunque no idénticos, se sabía que habían tenido lugar en otros puntos del país y en otras entidades bancarias, pero este hecho en especial pone en alerta a las autoridades vinculadas con el banco pampeano, donde cobran sus salarios trabajadores y trabajadoras (en el caso en cuestión se trató justamente de una cuenta sueldo), en un contexto en que las estafas virtuales se han multiplicado de manera exponencial.

La pandemia abrió una puerta inmensa para engaños y maniobras: una masa poblacional que antes estaba fuera de las operaciones remotas se volcó al manejo digital, y entonces incrementó las posibilidades de obtener beneficios ilegales, porque las transacciones se reprodujeron.

Por un lado, los delincuentes perfeccionan los mecanismos de su accionar, conscientes -como las autoridades bancarias, judiciales y de las redes de seguridad- de que finalmente ningún sistema es invulnerable si se tienen los mecanismos y recursos que permiten clonar tarjetas o hackear aparatos tecnológicos.

Otro costado de la misma realidad es que en algunos casos las personas que se han volcado a operaciones digitales lo hacen por necesidad y quizá sin la costumbre o la capacitación deseable para evitar engaños y ponerse a salvo de ataques que apuntan a su ingenuidad o desconocimiento.

El caso que se conoció esta semana, de todos modos, tiene otro perfil: hubo un accionar cuyo modus operandi es un misterio, pero que permitió rastrear hasta algún punto el dinero apropiado, que fue derivado mediante ardides a otras cuentas e involucró a empresas y al menos a un ciudadano particular que fue identificado, lo que no quiere decir que pueda ser atrapado, puesto que ni siquiera tendría domicilio en el país.

Para la víctima, después de la lógica angustia de haberse quedado sin un peso del producto de su trabajo, y además con la necesidad de afrontar un adelanto salarial, significó un alivio que -tal como correspondía- la Red Link y el Banco de La Pampa se hayan hecho cargo de acreditarle el dinero que le sacaron como consecuencia de la falla de seguridad de la tarjeta.

Es probable que en casos parecidos bancos internacionales o multinacionales no tengan ni la misma disposición ni la misma respuesta -relativamente rápida- que decidió dar el banco provincial, consciente de que la damnificada no era responsable y de que tiene su cuenta sueldo allí por determinación de la Provincia, que de manera lógica paga en ese banco a sus empleados y empleadas.

Esa diferencia es también consecuencia de todo un proceso y de una disposición política que, aun cuando hay disgustos, lógicas críticas y respuestas que el BLP no da, permite reconocer la importancia del beneficio para la población que significa que La Pampa sea una de las pocas provincias que tienen un banco provincial con participación del Estado.