"No puede venir cualquiera a la provincia a enriquecerse con telecomunicaciones"

General Pico (Agencia) – El fallo del Superior Tribunal de Justicia que determinó que una empresa torrera deberá desmantelar una antena que instaló en el Club Ferro de Pico fue celebrado por los vecinos que se plantaron ante una firma con base en el exterior, la dirigencia de la entidad deportiva y autoridades municipales para lograr finalmente que la Justicia provincial intervenga por primera vez en este tema y establezca un precedente. 

"La Justicia pampeana puso un punto final y certeza sobre que no puede venir cualquiera a la provincia a enriquecerse con telecomunicaciones, sin cumplir los recaudos mínimos administrativos y ambientales para operar", señaló en diálogo con El Diario el abogado Luis Martín, quien, como habitante del mismo barrio Talleres, representó a los vecinos que se opusieron a la instalación de la antena.

La Justicia falló en tres instancias a favor de los vecinos, ordenándole a la firma Torresec Argentina S.A. que frene la instalación en principio y luego que desmantele la torre, básicamente por incumplir los recaudos administrativos y ambientales previos a comenzar a colocar un artefacto de este tipo. Y lo hizo sin entrar de fondo en las consecuencias sobre la salud de quienes conviven con estas instalaciones, porque en este caso no llegó a ponerse en funcionamiento, cuando en varios puntos del país hay serios antecedentes en este sentido y la misma Organización Mundial de la Salud admitió ya que "las radiaciones no ionizantes son posiblemente cancerígenas".

El abogado remarcó que "la Justicia de La Pampa tuvo la entereza y magnanimidad como para poner blanco sobre negro en un asunto que en la provincia nunca antes se había tratado. Nunca antes se había litigado por antenas y estas torreras, porque estas empresas son controladas desde el exterior. Esta empresa, Torresec, tiene la empresa matriz en el Caribe y una pequeña sucursal en Buenos Aires, con la que opera en todo el país".

Y citó en ese sentido que "en Pico hay casi 200 antenas instaladas de la forma que se pretendió hacer en Ferro, al lado de clubes, de escuelas, de sanatorios". Las empresas de telecomunicaciones tuvieron un fuerte avance con estas instalaciones en todo el país durante el gobierno de Mauricio Macri, quien flexibilizó los requisitos a favor de los multimedios.

Historia

La lucha de los vecinos de Ferro tuvo su antecedente en el Club Argentino en 2016, donde la misma empresa en 15 días instaló una antena sin cumplir ninguno de los requisitos legales.

Según recordó el abogado, la Provincia requiere en estos casos "una evaluación de impacto ambiental del proyecto firmado por un consultor matriculado en La Pampa; por otro lado, la audiencia pública para socializar con los vecinos el emprendimiento por su impacto con el medio ambiente y una posterior declaración administrativa de impacto ambiental, que es una resolución de la Subsecretaría de Ambiente".

Y remarcó que una vez instalada y en funcionamiento la antena, "le quitaron la jurisdicción de los tribunales de la provincia y cualquier reclamo que se tuviera que hacer sería materia de discusión en la Justicia Federal, que en ese momento implicaba llevar el expediente a Bahía Blanca".

La Subsecretaría de Ambiente luego multó a la empresa por incumplir con la legislación, pero la firma pagó sin problemas, como lo hacía ya en muchas otras ciudades. "Obviamente para la empresa es más sencillo pagar una multa que cumplir con todo el procedimiento y arriesgarse a que la Subsecretaría le diga 'no puede instalar una antena en un club o al lado del hospital'", sostuvo el letrado.

En Ferro

Martín comentó luego que "con este antecedente, la empresa Torresec emprendió este proyecto entre gallos y medianoche en el Club Ferro. Celebraron contratos en tiempos récord. Sin asamblea en el club ni consideración de los socios, algunos directivos firmaron el contrato para ceder 100 metros cuadrados en pesos y por diez años, con la prioridad de compra a favor de la torrera para el día de la mañana. Cuando advertimos eso, a nosotros, que somos nacidos y criados en el Club Ferro, nos pareció totalmente arbitrario y excesivo por parte de la comisión directiva".

Cuando los vecinos se plantaron ante la decisión de tres dirigentes del club, el abogado señaló que recibieron "una tremenda presión desde la empresa, nos querían hacer creer que tener una antena al lado de nuestra casa era totalmente satisfactorio y no había nada de que temer. Y también sentimos la presión de las autoridades municipales y del club, que nos decían que nosotros les impedíamos al club avanzar y desarrollarse".

A pesar de ello, presentaron el amparo ante el juez civil Gerardo Moiraghi, quien "recogió el principio precautorio de la Ley Nacional Ambiental, que dice que ante no tener la certeza de que un emprendimiento que puede ser nocivo va a afectar el ambiente o la salud, ese emprendimiento no se puede llevar a cabo".

Y, a pesar de que el juez prohibió avanzar con la obra, y así luego lo ratificaron la Cámara Civil y el STJ, mientras tanto los mismos vecinos impidieron y denunciaron "hasta 15 hechos de ingresos al lugar a pesar de la prohibición judicial impuesta" con la intención de poner en funcionamiento la antena.

El STJ ya falló y la sentencia por estas horas quedaba firme, por lo que se espera que Torresec de una vez cumpla y desmantele la antena, mientras que los vecinos que lograron sentar un precedente judicial esperan también por estas horas que alguno de los actores que por años los presionaron y trataron casi de locos se acerquen y mínimamente ofrezcan una disculpa.