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Este sábado, las organizaciones que atienden a la discapacidad observaron las unidades en la Ciudad Judicial. Una jueza civil debe determinar si ejecuta una multa sobre el municipio.
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EL DIARIO digital
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Este sábado a las 10 horas, las organizaciones relacionadas con las personas con discapacidad realizaron una inspección de las nuevas unidades adquiridas para el Ente Municipal de Transporte Urbano, para comprobar el grado de accesibilidad que tienen. El acto fue dispuesto a pedido del municipio por la justicia, en el marco de un amparo presentado por las organizaciones hace varios años ante el incumplimiento de la accesibilidad del servicio.
La empresa municipal mostró los ocho colectivos que ya entregó la concesionaria que vendió las unidades. Lo hizo en dos tandas, trasladando hasta el lugar cuatro por vez.
La jueza civil, Adriana Pascual, encabezó la constatación de los nuevos colectivos de la Municipalidad de Santa Rosa, para saber si cumplen con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
La diligencia se extendió una hora y media y se cumplió en la playa de estacionamiento del Centro Judicial de Santa Rosa, ubicada sobre la avenida Perón, en el marco del amparo promovido por cinco organizaciones no gubernamentales contra el municipio local.
Pascual observó las ocho unidades que fueron adquiridas recientemente por la comuna, a partir de hacerse cargo del servicio de transporte público, luego que el año pasado se rescindiera el contrato con la empresa privada Autobuses Santa Fe. Originalmente esa firma, junto a la Municipalidad, fueron las partes demandadas.
El juez civil que la precediera en la tramitación del amparo, Claudio Daniel Soto, dictó sentencia, exigiéndoles a las demandadas que adaptaran los ómnibus a las necesidades de quienes tienen reducida su movilidad. Para ello les dio un plazo y estableció una multa diaria, en caso de demorarse, a partir de que el fallo quedara firme. La sentencia de Soto fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y por el Superior Tribunal de Justicia.
Una mirada en detalle
La jueza miró en detalle los seis colectivos con piso bajo y rampas y los dos con piso alto y plataformas elevadoras, ya que la propia Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa le fijó ese requisito antes de resolver si debe o no multar al municipio por presuntos incumplimientos. La comuna, a la brevedad, anunció que tendrá una flota total veinte unidades con elevadores y ocho con rampas.
Del acta de constatación participaron –además de la titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 5–, la secretaria Luciana Almirall, la prosecretaria Analía González, funcionarios municipales, representantes de las ONGs demandantes (Asociación Caleuche, Fundación para la Acción Comunitaria, Integral y otras necesidades, Fundación Madre Teresa de la Pampa, Liga Pampeana de Ayuda al Espina Bífida y Liga Pampeana de Ayuda al Diabético) y la abogada Verónica Fernández y el abogado Iván Alarcón Burgos por la demandada y los demandantes, respectivamente.
Esas cinco entidades se dedican a colaborar con personas con discapacidad y fueron las que impulsaron el amparo para que en Santa Rosa se cumpla con la normativa nacional y provincial de accesibilidad.
Las ONGs le solicitaron a Pascual que ejecutara la multa. La jueza respondió que antes de efectuar ese trámite debía verificar si el incumplimiento existía porque así lo estableció aquella sentencia y luego lo ratificó la Cámara de Apelaciones.
Muchas preguntas
Por eso este sábado, antes de determinar si corresponde o no ejecutar la multa, Pascual realizó la constatación de los colectivos en forma personal. El fallo original también señaló que, al menos, debe haber una unidad con accesibilidad por cada una de las ocho líneas que circulan por la ciudad.
Durante la constatación, la magistrada permitió que todas las partes involucradas formularan preguntas técnicas al responsable municipal de los ómnibus, y además escuchó sus opiniones y sugerencias. Las ONGs tuvieron amplísima disponibilidad para quitarse las dudas, entre otras cuestiones, sobre el funcionamiento de las rampas y los elevadores.
Por su parte, el concejal Pablo Pera Ibarguren, del bloque Frepam, le presentó semanas atrás a Pascual un pedido de declaración de certeza para saber –antes de que se votara la compra de las nuevas unidades en el Concejo Deliberante– si los ómnibus son accesibles. La jueza le rechazó el requerimiento porque el edil no es parte del expediente y porque su pretensión excedía lo demandado y ya tiene una sentencia firme. Por esa razón su solicitud pasó a tramitarse en otro tribunal.
