"Necesitamos reparación porque rompieron los lazos sociales"

El presidente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Víctor Giavedoni, afirmó este martes que son necesarias medidas reparatorias de las consecuencias de la última dictadura militar en la provincia porque el terrorismo de estado "rompió los lazos de solidaridad" de la comunidad.

En ese sentido, señaló el reclamo de convertir la Seccional Primera en un centro de la memoria o la restitución de la exescuela hogar de Santa Rosa. "La memoria no es solo recordar, es transformar el presente. Por eso tenemos que ver fuertemente como se expresan las violaciones de derechos humanos hoy, por eso condenamos los apremios ilegales, la violencia de género o la corrupción en las fuerzas represivas. Son las continuidades de la dictadura", interpretó.

Durante su testimonio como representante del movimiento, querellante en el juicio, recordó este martes que la organización tiene 37 años de existencia luchando por el proceso de memoria, verdad y justicia, a partir de su fundación el 12 de noviembre de 1983. "Somos querellantes porque promovemos la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Y muy especialmente nos interesa el derecho a la verdad, el derecho a conocer las circunstancias en que se dieron las violaciones a los derechos humanos. Esto debe hacerse con participación amplia, por eso la necesidad de que se escuche nuestra voz", justificó.

"No sería tan necesario y relevante si no existiese el pacto de silencio de los genocidas, que nos impide saber la verdad por boca de los ejecutores, no dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos ni nuestros nietos y nietas apropiadas", señaló. "Mucho tiempo se sostuvo que La Pampa fue una isla. Seguiremos aportando y participando para recordar que no fue así. Treinta mil compañeros desaparecidos, presentes", cerró su intervención.

Primeros denunciantes

Antes, Giavedoni recordó que fueron los militantes de derechos humanos quienes denunciaron los hechos ocurridos durante el terrorismo de estado. Y evocó un informe firmado por Juan Carlos Pumilla y Horacio Maldonado que tempranamente denunció lo actuado por la Subzona 14 en la legislatura provincial y en el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Ese informe fue presentado en 1995 nuevamente en Diputados para reclamar un juicio por la verdad. Ese documento, más denuncias de víctimas, fue tomado por el juez Daniel Rafecas para iniciar la investigación judicial que, con los años, derivó en los juicios actuales, luego de la derogación de las leyes de impunidad en el país.

"Un genocidio"

El dirigente apuntó a la "complicidad" de parte de la justicia con el golpe de estado y con dilaciones de los juicios que benefician a los represores. Dijo que lo ocurrido durante la última dictadura fue "un genocidio, un plan sistemático", para eliminar un grupo y afectó "los lazos solidarios de la sociedad".

"Esos valores que vino a imponer la dictadura, no solo son los occidentales y cristianos, sino un modelo económico neoliberal", recordó.

Giavedoni mencionó que "se atacó la participación política y sindical, amordazado el derecho a la comunicación, pero también a sectores del estado que garantizaban derechos esenciales, como el ministerio de Obras Públicas, o la Salud Pública, con la participación del Colegio Médico". "También se atacó fuertemente a la educación, desde la UTN, una universidad para los trabajadores, o la destrucción del Instituto de Estudios Regionales (en la UNLPam), la apropiación de la Escuela Hogar", añadió.

"Querían romper con la visión de un estado al servicio de la comunidad y convertirlo en un estado al servicio de unos pocos", dijo.

"La Subzona 14 instaló el no te metas porque algo habrán hecho, rompían los lazos sociales y cargaban a las víctimas con un estigma, una muerte civil. Por eso nos interesan las medidas reparatorias, aunque en muchas instituciones se resisten o se producen en cuentagotas", planteó.