"La dictadura clausuró el proyecto de una universidad cerca del pueblo, de la sociedad"

El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, declaró este martes en el tercer juicio de la Subzona 14 porque esa casa de estudios es querellante en el juicio a partir de que tuvo el mayor porcentaje de víctimas durante el terrorismo de estado, alrededor de entre 50 y 70 personas entre docentes, autoridades y estudiantes. "Vieron sus vidas truncadas por el exilio, la detención, la tortura, el desempleo o las cesantías", recordó.

Alpa rememoró que hubo un "control ideológico" sobre la educación universitaria. "Se estableció una vigilancia sobre los estudiantes y los docentes, a través de infiltrados que controlaban lo que sucedía en las aulas", dijo.

Daños

El rector mencionó en su testimonio que "hubo otros daños" más allá de los sufridos por las víctimas en forma personal. "Se borraron corrientes de conocimiento. El ejemplo más notorio fue el Instituto de Estudios Regionales, cuya intervención en el ''''75 inició la escalada represiva sobre la universidad. Ese daño incluyó el cierre del comedor universitario, un lugar de intercambio y debates de ideas, pero también la intervención de la cooperadora o el cierre de las residencias", enumeró.

"Hay que contar otro daño, el institucional. Sus órganos de gobierno fueron arrasados, pero además se puso de manifiesto el veneno de la vigilancia, la delación y la expulsión. El propósito era achicar ese sistema, se planteó cobrar aranceles, se generaron cupos y los exámenes de ingresos. Todos mecanismos para desalentar el ingreso masivo a la universidad", rememoró.

"En esa época la universidad sufrió el aniquilamiento simbólico y material de algo que seguimos defendiendo, el derecho humano a la educación superior. Su despolitización, el achicamiento y el desfinanciamiento del sistema, redujeron el 40 por ciento el presupuesto", indicó.

"Se clausuró un proyecto político de una universidad cerca del pueblo, de la sociedad. Se la vio como algo peligroso porque transmitía las demandas de la sociedad", dijo.

Señaló que se intentó "legitimar" la dictadura con la intervención de las universidades y eliminar la "movilidad social" en la sociedad a través de los estudios superiores. "Eso fue lo que se atacó, la posibilidad del ascenso social, generó un daño institucional en la universidad. La posicionaron como un lugar donde todos quedábamos bajo sospecha, se instaló que allí se infiltraba el enemigo. Nos situó a las próximas generaciones con la idea del no te metás. Eso siguió por décadas, inculcado y generado, y produjo una paulatina reconstrucción de la universidad", señaló.

"Por eso asumimos día a día el compromiso del sistema público. Por eso somos querellantes, y ese compromiso abarca la defensa de los derechos humanos y una democracia participativa y con justicia social. Y por eso estamos comprometidos con el proceso de memoria, verdad y justicia", finalizó.