Comunicación y transporte, el debate y el negocio

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue.

Una de cal...

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La potencialidad de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EMPATEL) fue uno de los aspectos que quedaron en el centro de la escena durante la semana que se fue, entre otras cosas, porque se señaló su importancia estratégica en el marco del foro pampeano que puso en evidencia la “emergencia comunicacional” que soporta el país a partir de la aplicación de políticas concretas por parte del Gobierno Nacional.

Las expectativas que despierta el emprendimiento promocionado desde el Estado y que contará con vital participación cooperativa requieren que los actores estén a la altura de las circunstancias y comprendan no solo la necesidad de abordar aspectos legales, administrativos y vinculados con la economía en sí, sino que tengan especialmente en cuenta la mirada política que implica que la comunicación es, antes que un negocio, un derecho humano.

Justamente en torno a esa certeza giró el foro que en la Universidad Nacional de La Pampa y convocado por la Coalición por una Comunicación Democrática reunió a una diversidad de sectores y personas dispuestas a que no haya más retrocesos en el área y a que, en la medida de lo posible, se desande el camino retrógrado de los últimos años, en que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue pisoteada en algunos de sus aspectos esenciales y derogada parcialmente.

Llegar a esa legislación no fue fácil y resultó una pelea de los sectores populares y democráticos: el debate nació justamente de la mano de la Coalición -en aquel momento bautizada “por una Radiodifusión Democrática”-, que presentó 21 puntos básicos que se discutieron en todo el país, con presencia enriquecedora de personalidades institucionales, sectores sociales, entidades civiles, agrupaciones y organizaciones comunitarias.

Una vez que atravesó ese filtro, la ley consiguió en el Congreso el visto bueno de una amplia mayoría, compuesta por legisladores y legisladoras de diversas agrupaciones partidarias que se animaron a hacerle frente a la presión ni siquiera oculta de las corporaciones mediáticas, dispuestas a defender con lo que hiciera falta el negocio de sus oligopolios.

Superada la instancia del Congreso, la ley también pasó la mirada de la Corte Suprema de Justicia: los dueños de los privilegios acudieron a esa instancia para que se la inhabilite, pero el máximo organismo judicial interpretó que se trataba claramente de una normativa constitucional.

Después llegaron nuevas chicanas en diversas instancias, limitaciones e incapacidades de los responsables de su aplicación, y más tarde el Gobierno macrista que le dio un golpe de gracia a buena parte de la columna vertebral de esa legislación que había cosechado elogios inéditos de organismos internacionales que la halagaron y la aplaudieron como un ejemplo vital de democratización.

Las políticas macristas garantizaron más concentración y buenos negocios para los medios más grandes -los que le hacen la campaña-, destrozaron los aspectos más federalistas, sacaron de la mesa de decisiones a las provincias, a las universidades y a los gremios que representan a trabajadores y trabajadoras del sector.

Las consecuencias están a la vista: la centralización mediática, en favor de los grandes pulpos porteños, es alevosa; se perdieron casi 4.000 puestos de trabajo; se concretó el cierre de varios medios y el futuro para el sector aparece en sombras, y con la necesidad de retomar aquellas discusiones y medidas concretas que democratizaban la comunicación y la consideraban primero como un derecho humano antes que como un negocio.

...y una de arena...

6b

Una situación parecida explotó en la semana que se fue con el transporte público: considerados como un negocio más que como un derecho de la ciudadanía, los colectivos que cada día circulan en la capital provincial dejaron de hacerlo porque la empresa que presta el servicio consideró que su rédito no era suficiente como para seguir cumpliendo con la ley.

Aprovechándose de un gobierno municipal en retirada, cuyos actores han dado muestras notables de su desidia y su incapacidad, con autoridades locales a las que la población ya considera fracasadas y que han perdido legitimidad, los empresarios dieron una muestra más de su irresponsabilidad social y su comportamiento codicioso.

El incremento en el boleto, que para los usuarios y las usuarias es un verdadero golpe al bolsillo, resultó insuficiente para la firma Autobuses, y con ese solo argumento decidió de repente, sin otras explicaciones, que el servicio debía dejar de cumplirse: una medida que es también una extorsión.

A fin de habilitar en la práctica una negociación, la maniobra fue aplicada en un momento estratégico, donde el daño estuviera de algún modo amortiguado por el inicio de las vacaciones de invierno y la llegada de un fin de semana largo, que de alguna manera modera los efectos negativos de una medida de este tipo.

La firma salió a reclamar nuevos favores, como lo hizo casi desde un principio, en un contexto en el que además el Gobierno Nacional se borró olímpicamente de la escena: no es ninguna novedad que el macrismo ningunea a las provincias, y especialmente a La Pampa, y ni hablar a las personas que residen en Santa Rosa y necesitan de ese medio de movilidad.

Un asunto así no le ocurriría jamás en su tan promocionada ciudad de Buenos Aires, a la que trata como joya predilecta, aun cuando el papel del Estado es menos importante que en el resto del país, ya que en esa gran urbe donde “atiende dios” reina el máximo ingreso per cápita.

Más allá de este conflicto puntual se abre para Santa Rosa la necesidad de buscar soluciones no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo: tiene que ser una resolución estratégica para una problemática clave en una capital provincial, que requerirá de la mirada sensata y lúcida del equipo del intendente electo Luciano di Nápoli, pero también de la colaboración del Gobierno Provincial y de la participación de otros sectores y personas con incidencia en el pulso de nuestra ciudad.

Santa Rosa ya estuvo así, en jaque, hace algunos años con el servicio de recolección de residuos, que también se había convertido en un negocio en el que las extorsiones estaban a la orden.
De esa nefasta experiencia se salió con estatización: la creación del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana resultó un acierto inolvidable de la gestión de Francisco Torroba.

La situación actual abre el panorama también para pensar soluciones alternativas y salidas no tradicionales, y eso incluye la necesidad de que se evalúe cuáles son, por ejemplo, las chances reales de que una cooperativa se haga cargo de un servicio que requiere que se piense más en su alcance social que en su rédito económico.

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