Pidieron 25 años de prisión para Baraldini

Las querellas solicitaron duras condenas para los represores en el juicio de la Subzona 14 II. La misma pena de Baraldini para el médico Pérez Oneto y Greppi.

El abogado Máximiliano Corroinca pidió las penas por parte de las querellas este miércoles en el juicio de la Subzona 14 II. Para el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Baraldini, el exsecretario de la gobernación, el militar Néstor Greppi, y el médico Máximo Perez Oneto, solicitó 25 años de prisión.

Para los policías Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart y Athos Reta, pidió 22 años de cárcel. Para los policías Oscar "Miseria" López y Juan Domingo Gatica, 20 años de prisión. Para el expolicía Hugo Marenchino, 18 años. Para el policía Jorge Quinteros, 14 años de cárcel. Para el comisario Luis Lucero, 12 años de prisión. Finalmente, la querella solicitó para los policías Osmar Pérez y Miguel Ángel Ochoa, 10 años de cárcel.

Las querellas también pidieron que se revoque las prisiones domiciliarias que gozan algunos de los represores y que todas las penas se cumplan en forma efectiva, en la cárcel. Además, que se ponga en conocimiento de la administración pública el fallo final, a fin de que exoneren y suspendan el goce de jubilaciones para los condenados.

En el caso del médico Pérez Oneto, las querellas pidieron la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Además, que se investiguen nuevos delitos, el abandono de niños en el caso de los secuestrados Rafael Guardia, Cortez y Raul D’atri.

juicio subzona 14 alegatos represores 2

Reparaciones simbólicas

Finalmente, los querellantes exigieron reparaciones "simbólicas" a las víctimas ya que es imposible remediar "todo el daño provocado" al cortar proyectos de vida personales y también sociales.

En primer lugar, pidieron que se notifique a cada una de las víctimas de las condenas a sus victimarios; que se nombren aulas del colegio de Arauz con el nombre de las víctimas y se las invite a participar de un acto; que se requiera a la Corte un reconocimiento público al juez Juan De Dios Uncal y a cada una de las víctimas que pasaron por ese fuero como cobertura de los secuestros y persecución política; que se corrijan los legajos de las víctimas cesanteadas de la administración pública; y que se ordene al Colegio Médico un acto de reconocimiento público y desagravio por el rol que ocupó la institución durante la represión.

Los querellantes, además, peticionaron que el tribunal exhorte al gobierno provincial a que constituya como espacio de la memoria el edificio de la Seccional Primera, el principal centro clandestino de detención en la provincia; que se identifiquen el resto de los centros clandestinos de detención (Raul B.Diaz y Río Negro, ex Brigada de Investigaciones), la Jefatura de Policía, el puesto caminero de Arauz y la comisaría de ese pueblo, la comisaría de Pico, Catriló  y Rancul, la Unidad 4 y 13 del Servicio Penitenciario, y el regimiento de caballería de Toay; y la publicación en los medios de la sentencia.

También pidieron al Tribunal Oral Federal que pida al gobierno provincial que se cree reservorio digital de la documentación del juicio para la conciencia y conservación de la verdad de los hechos para la sociedad; y que exhorte a al gobierno provincial a iniciar un proceso de reforma de la ley que regula a las fuerzas de seguridad y a las leyes de facto que aún están vigentes.

juicio subzona 14 alegatos represores 3

Por último, los querellantes solicitaron que se pida al Obispado de Santa Rosa que permita el acceso a todos los documentos archivados en esa institución, así como también lo hagan la Policía Federal y la Fuerza Aérea Argentina, respecto a la información sobre los traslados de personas detenidas durante aquel período.

"Resulta indispensable una completa reconstrucción de la verdad histórica", argumentó Corroinca. "Esto no se pudo cumplimentar sin un mapa lógico de la doctrina de seguridad nacional. Esto no fue el intento de un loco que subió al poder. Esto lamentablemente es tan racional, que es lo que lo hace humano. Cualquiera es objeto de persecución o posible víctima si no se descubre el entramado de estas lógicas represivas. Sino no tendríamos todavía hoy un muerto cada 30 horas en manos de las fuerzas represivas", indicó.

"El estado tiene el deber de reforzar y reivindicar la memoria para revelar  toda la verdad y traer un poco de justicia. Son consignas que seguiremos teniendo como bandera. No existe ningún tipo de fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas", concluyó.

En otra jornada del juicio de la Subzona 14 II, este miércoles las querellas pidieron penas para los imputados por secuestros, torturas, asociación ilícita y genocidio durante la última dictadura militar en la provincia. Dos símbolos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, Pinky Pumilla (uno de los fundadores del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos) y Raquel Barabaschi, una de las víctimas que más militó para que los delitos de la dictadura no queden impunes en la provincia, cerraron el alegato con su mensaje.

El juicio continúa el 18 y el 19 de diciembre con el alegato del fiscal Leonel Gómez Barbella. La sentencia quedará para los primeros meses del año próximo, luego de la feria judicial y de los alegatos de los abogados defensores.

Los abogados Franco Catalani, Juan Resia, Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra se turnaron para recorrer más de 200 casos y para formular la acusación a los imputados que corresponden a cada una de las víctimas.

juicio subzona 14 alegatos 1

En primer término, este miércoles el abogado querellante Miguel Villagra, completó la lectura de la lista de víctimas y sus respectivos acusados. Sobre la detención ilegal del gobernador José Aquiles Regazzoli, destacó que “los tres poderes del estado fueron  ocupados, en el marco de un plan sistemático”, dijo.

Por las detenciones de los funcionarios y familiares del gobierno provincial, pidió que se condene a Baraldini y Greppi, y a Marenchino, López, Pérez, Ochoa, Gatica, Reta, Reinhart, Máximo Pérez Oneto.

Por último, el letrado remarcó que más de 170 testigos declararon en forma “espontánea y libre” delante, en la mayoría de los casos, de los propios represores que los victimizaron. “Son testigos necesarios, porque el sistema represivo estaba hecho para esconder y eliminar pruebas y porque el sistema de torturas no le permitía a las víctimas ver a su torturador y tenía el objetivo de mantener la impunidad. Permitieron reconstruir el sistema represivo en la provincia”, valoró.

juicio subzona 14 alegatos 2

Más de 200 víctimas

En el juicio están acusados 14 represores pampeanos. Quedó afuera, por razones de salud, el represor Roberto Fiorucci, un excomisario que ya fue condenado en 2010.

Salvo el expolicía Carlos Roberto Reinhart -aún cumple la primer condena en la Colonia Penal 4-, el resto de los imputados permanece en libertad o con prisión domiciliaria.

Los dos exmilitares y doce expolicías están imputados en total por detenciones ilegales y tormentos de 234 personas. En el histórico primer juicio de 2010 solo se habían analizado 28 víctimas.

Los nuevos casos que se ventilaron en el juicio son personas secuestradas entre 1975 y 1982, sometidas a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones.

juicio subzona 14 alegatos 4

 

Temas en esta nota: