Recurso contra la absolución de Cabak

El fiscal federal y el procurador de Trata y Explotación de Personas acudieron a la Cámara de Casación para oponerse al fallo del TPF.

El Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación contra la absolución del intendente Jorge Cabak y del excomisario Hugo Iglesias, involucrados en un caso de trata de personas.

Los representantes cuestionaron la sentencia mediante la cual los funcionarios públicos fueron exculpados luego del juicio que se llevó a cabo en diciembre de 2018, instancia a la que llegaron acusados de encubrir el funcionamiento de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad en un cabaret ubicado en Macachín.

El fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, y el cotitular de la Procuraduría de Trata y explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, formalizaron el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa.

La absolución se concretó en diciembre de 2018.

Ambos funcionarios fueron acusados de encubrir el funcionamiento de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad en un cabaret llamado “La Chicho Show”, ubicado en la localidad de Macachín, que habría funcionado al menos desde enero de 2006 hasta agosto de 2011.

“Orfandad probatoria”

El fallo recurrido se había basado en una supuesta "orfandad de pruebas" y los fiscales en su presentación enumeraron y valoraron las existentes: las declaraciones de la denunciante que dieron origen a la causa, las transcripciones de las intervenciones telefónicas y los resultados del allanamiento. Todos estos elementos que, en definitiva, habían sido tenidos en cuenta en los procesamientos, en el requerimiento de elevación a juicio y en los alegatos del fiscal durante la instancia del debate oral.

Además, hay otros cinco imputados: Luis Daniel De Luca, Esmundo Blas, Oscar Moya, Leandro Ariel Otero y Maximiliano Daniel De Luca. Los dos primeros eran los dueños del local nocturno mientras que el resto colaboraba en distintas tareas.

Ambos funcionarios fueron procesados en octubre de 2016 y, debido a la apelación por parte de las defensas, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en mayo de 2017. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continúo la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.

Se trata del segundo intendente de esa provincia en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de 2017, el edil Luis Rogers fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.

Los hechos

La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”.

El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería “Chicho Show” y con un tercer local también bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.

Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local “Chicho Show” y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Según uno de los testimonios, “en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado…”.

Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret y, a su vez, evidencian que tanto Cabak como Iglesias “tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en ‘Chicho Show’”. Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.

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