Se olvidó el celular en un bar y le exigió al dueño que abriera a punta de pistola

 
General Pico (Agencia) – La Justicia norteña condenó a un joven que protagonizó un particular hecho en una localidad del norte provincial, después que el olvido de un teléfono provocara su desesperación. Como el local ya estaba cuando volvió a buscarlo, el muchacho le exigió al dueño que abriera, intimidándolo con un arma de fuego. Por si fuera poco, dañó la vivienda de su ex esposa, la moto de su ex cuñado, insultó a la mujer y la amenazó con matarla, tanto personalmente como por publicaciones en redes sociales. Recibió una condena en suspenso y la obligación de respetar reglas de conducta.
 
El juez de control de Diego Ambrogetti condenó este viernes a un joven de 29 años tras considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma, amenazas simples y daño simple, en concurso ideal, y desobediencia judicial y amenazas simples, en concurso real”. 
 
El magistrado decidió aplicarle al imputado una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, la cual pautada por las partes en un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal Guillermo Komarofky, el defensor oficial Alejandro Caram y el propio imputado, quien admitió su responsabilidad en los hechos. Los damnificados, al ser consultados sobre las implicancias del acuerdo, prestaron su conformidad.
 
Además, al muchacho se le fijaron reglas de conducta a ser cumplidas, por el plazo de 2 años, que consisten en “fijar domicilio; prohibición absoluta de comunicación y contacto por cualquier medio respecto de las víctimas- su ex pareja y el dueño de un bar de una localidad vecina- , y someterse a tratamiento psicológico, previo dictamen de profesional que acredite su necesidad y eficacia”.
 
El doctor Ambrogetti consideró que “con las pruebas incorporadas al legajo, quedó demostrado que el imputado es responsable de los tres hechos sobre los que fue acusado”.
 
El primero de ellos tuvo lugar “en la madrugada del 28 de septiembre del año 2017, se presentó en un bar de una localidad vecina y le pidió al dueño que abriera el local aduciendo que tenía que buscar su celular, el cual se había olvidado horas antes cuando había estado en el mismo  tomando. Ante la negativa del dueño, el imputado le manifestó “dale abrí o te mato”, exhibiendo un arma de puño, tipo revolver, haciendo ademanes con el mismo y apuntando su cañón en dirección a su persona”.
 
Por otra parte, “el 15 de junio de 2016, el imputado se presentó en el domicilio que compartía junto a  quien en aquel momento era su esposa y previo a discutir con la mencionada, le rompió dos vidrios, el de la puerta de la cocina y el del comedor; como así también cuando salió al patio dañó la motocicleta de un  hermano de la mujer, al tiempo que la insultaba y le manifestaba que si llegaba a ir preso, cuando saliera le iba a pegar un tiro”.
 
Por último, señaló que “se encuentra también debidamente acreditado que en el transcurso de la segunda semana del mes de agosto de 2017,el imputado se apersonó en el domicilio donde residía su ex pareja. Asimismo remitió mensajes a la nombrada a través de la red social Facebook en donde le manifestaba insultos. Posteriormente, con fecha 24 de agosto de 2017, el imputado publicó en su muro de la red social Facebook amenazas de muerte dirigidas a la mujer y a otra persona”.
 
“Al llevar a cabo las conductas detalladas anteriormente, el imputado desobedeció la medida judicial de fecha 7 de junio de 2017 dispuesta por la doctora Alejandra Campos, jueza de Familia, que disponía la prohibición de acercamiento al domicilio de la damnificada y todo acto de perturbación hacia ésta, por un plazo de 90 días, de la cual había sido fehacientemente notificado el día 7 de junio de 2017”, agregó al final.
 
Ambrogetti expresó en la sentencia que “ el monto acordado resulta un límite punitivo para el juzgador, que no puede ser franqueado por quien tiene a su cargo resolver la cuestión presentada por las partes, debiéndose en definitiva, respetar lo convenido por las partes, dado que ello es una obligación legal impuesta por el art. 382 del C.P.P., ya que el criterio sobre la mensuración de la pena queda en cabeza de la pretensión punitiva del Fiscal, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo aquél quien establece el máximo tope de la misma y de la pena aplicable, por lo cual, si el titular de la acción penal acordó con el imputado y su defensor el monto ut-supra mencionado, habrá efectuado para ello la correspondiente evaluación”.
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