Investigan quién debía controlar al cajero Godoy García

General Pico (Agencia) Días atrás se conoció la presentación de la acusación formal contra Leandro Godoy García, acusado de sustraer más de 800.000 pesos de la caja de Tránsito de la Municipalidad de General Pico.
Al mismo tiempo se supo del pedido de sobreseimiento para las dos jóvenes del área de cómputos, quienes se determinó no tenían la función de controlar al empleado. Ahora la Justicia llevará a cabo una nueva investigación para intentar determinar quién debía realizar el control de las rendiciones del empleado infiel.

“Godoy García estaba encargado de una caja recaudadora externa a la Tesorería. Ahora tenemos que evaluar justamente eso, a quién le pertenece el control de esa caja y si tiene responsabilidad algún otro funcionario”, dijo a El Diario el fiscal general Armando Agüero.

Si bien en un principio formalizó a dos empleadas municipales por quienes pasaban los recibos anulados por Godoy García, imputándolas por “peculado culposo”, finalmente el mismo investigador pidió el viernes pasado que se dicte su sobreseimiento.

“No hay en el organigrama, ni hay un protocolo, ni asignación de funciones respecto de que M y D las empleadas de cómputos- sean responsables del control de la caja del señor Godoy. Nosotros hicimos una investigación sobre ellas dos y se determinó que no tienen responsabilidad en esto, eventualmente si existe responsabilidad de otro será parte de otra investigación”, indicó.

“La caja fue creada en el año 2007 en la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Justicia. Lo que hay que evaluar ahora en el organigrama a quién debía rendirle cuentas el cajero”, agregó el fiscal.

La autoría material del hecho recae sobre el cajero acusado de “peculado”, quien según la auditoría del Tribunal de Cuentas se alzó con una suma aproximada de 805.000 pesos, logrados tras la anulación de 897 recibos, entre manuales y digitales.

Lo que resta definir es el responsable “culposo” del hecho, es decir quien con su inacción, ya sea por impericia, inexperiencia o desidia, facilitó que el acusado durante un año (desde agosto de 2017 a julio de 2018), realizara de forma casi impune una maniobra delictiva que generó un grave perjuicio al erario público.

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