El SiTraJ denuncia discriminación en un despido

Los representantes del sindicato presentaron una nota en el STJ. Dejaron a un empleado en la calle por inasistencias por razoens médicas.

El SiTraJ entregó uno nota al Superior Tribunal de Justicia (STJ) reclamando por la situación del trabajador despedido en General Pico. La situación se conoció la semana pasada y ahora el gremio presentó para que se revea la situación. “En un claro acto discriminatorio, el STJ y el MPF dejan en la calle a trabajador que tuvo inasistencias médicas por asistir a su hijo con discapacidad”, manifestaron desde el gremio de los judiciales.

También cuestionaron a la defensora Manuela Rosales, quien hizo mención a las faltas del trabajador para tomar la decisión de no renovarle el contrato, pero ella no concurrió a trabajar en 146 ocasiones.

La nota entregada al STJ por el SiTraJ La Pampa repudia “enérgicamente la resolución 295/19 del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, por la cual dispuso dejar sin efecto, sin fundamentos razonables, la contratación de un compañero de General Pico”. Y consideran que la medida se tomó como “consecuencia del informe negativo suscripto por la titular de la Defensoría Civil de la ciudad de General Pico, Dra. Manuela Rosales, quien realizó una evaluación negativa sustentándola en menciones genéricas y abstractas respecto al rendimiento del compañero y a las inasistencias (justificadas) del mismo en virtud de la condición de discapacidad que sufre su hijo”.

Agregan que el informe tiene “un marcado sesgo discriminatorio” y que fue refrendado por el defensor general Dr. Eduardo Aguirre y el procurador general Dr. Bongianino y forma parte del expediente administrativo de contratación del trabajador.

Por otra parte, sostienen que “el Superior Tribunal de Justicia, al prescindir de los servicios del compañero, incurre en una evidente injusticia, vulnerando su derecho de defensa, ya que no tuvo acceso al informe mencionado a los fines de conocer, refutar y probar la inexactitud el mismo”.

El SiTraJ mencionó que “las 40 inasistencias del trabajador corresponden a las establecidas por la ley 1349 (licencia especial para tratamiento de hijo discapacitado para los agentes de la administración pública), circunstancia que permite sospechar de la existencia de un acto discriminatorio respecto del trabajador”.

Y denuncian que “la funcionaria Dra. Manuela Rosales, defensora civil 1 de General Pico, tiene 146 días de inasistencias, preguntándonos entonces ¿cómo hizo para evaluar al trabajador?”.

Finalmente, desde el gremio de los judiciales expresaron su “repudio de la evaluación firmada por Dra. Manuela Rosales, avaladas por el Ministerio Publico y el Superior Tribunal de Justicia que deja cesante a nuestro compañero, estigmatizando y provocando daños personales irreparables al mismo”.

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