Un fallo reciente ya rechazó la criminalización de las tomas

El intendente Leandro Altolaguirre impulsó una denuncia penal contra las familias que tomaron terrenos en la ciudad. Hace dos años la justicia absolvió a los miembros de Chakra Raíz que habían sido denunciados por usurpación en Toay.

En la denuncia penal contra las familias que ocuparon terrenos en el denominado Nuevo Salitral y cerca del barrio Santa María de Las Pampas por parte del municipio santarroseño hay un antecedente que marca que es equivocado el camino elegido por la gestión del intendente Leandro Altolaguirre. Hace apenas dos años, la justicia penal pampeana ya absolvió a los integrantes del colectivo Chakra Raíz que también ocuparon terrenos fiscales en la vecina localidad de Toay.

En el fallo absolutorio, los jueces dejaron en claro que no existió el delito de usurpación porque no hubo violencia ni clandestinidad en la toma de los terrenos, algo similar a lo ocurrido en los dos asentamientos actuales. Lo jueces plantearon en esa oportunidad que las autoridades deberían buscar otra alternativa por la vía civil para recuperar los terrenos o una acción de otro tipo para afrontar una problemática social y de vulneración de derechos sin llegar a la judicialización.

La crisis económica y social actual empujó a decenas de familias que sufren un serio déficit habitacional a ocupar terrenos. Primero ocurrió en la zona noroeste de la ciudad, a metros del Megaestadio y la laguna Don Tomás. Esta semana se sumó la ocupación en nueve manzanas aledañas al barrio Santa María de Las Pampas. En total, son más de 200 familias tomando parcelas. Ni la municipalidad de Santa Rosa ni el gobierno provincial abrieron una negociación, manifestaron presencia en el lugar o dispusieron asistencia a las personas en evidente estado de precariedad hasta el momento. Solo difundieron un relevamiento que hicieron en el lugar.

Hasta el momento, la Municipalidad no tomó ninguna otra medida frente a la explosión de la necesidad de terrenos y casas propias por parte de sectores populares: el Estado -no solo municipal, sino de otras jurisdicciones- ha estado ausente en cuanto a decisiones políticas, medidas de tipo social o análisis de futuras políticas públicas. En cambio, este miércoles el municipio confirmó que presentó una denuncia penal contra los ocupantes.

La primera respuesta de la Justicia, al menos, no fue la esperada por el intendente. “Los antecedentes nacionales y locales dicen otra cosa. No contribuyen a que esta situación se resuelva penalmente, sobre todo cuando tenemos un ordenamiento jurídico básicamente social”, respondió hace un par de días una consulta de este diario la fiscala Cecilia Molinari.

No hay delito

Un antecedente cercano apunta también a que la situación no será resuelta por la justicia penal. En agosto de 2017 un tribunal absolvió a las catorce personas de Chakra Raiz acusadas, en línea con el pedido de la defensora oficial de que no se dictase una sentencia “estigmatizante”. De hecho, los ocupantes continúan viviendo en el lugar, aunque el municipio toayense, a pesar de que no existe delito, inició recientemente una acción en la justicia civil para intentar recuperar el dominio de los terrenos en cuestión.

En aquel fallo absolutorio, los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Miguel Gavazza, también rechazaron un pedido de desalojo. Sáez Zamora, autor del voto al que adhirieron los otros dos magistrados, resaltó en primer lugar que la fiscalía no pudo probar que los acusados invadieron el predio en forma clandestina. “Se establecieron a simple vista de cualquier transeunte. Los mismos acusados, transcurrido un lapso de 48 horas, hicieron público mediante los medios de comunicación masivos el asentamiento que estaban llevando a cabo”, señaló en la fundamentación.

“Es claro entonces, que la acción de los acusados no se realizó en forma subrepticia, furtiva u oculta, con la finalidad de evitar que el titular registral no pueda llegar a conocer lo que estaba sucediendo en esos terrenos”, completó. “La importante cantidad de notas presentadas a las distintas autoridades provinciales y municipales intentando lograr una vía de solución y un canal de comunicación, respaldan la falta de intencionalidad por parte de los acusados”, acotó.

Por consiguiente, el tribunal concluyó que “el conflicto existente está fuera de la órbita penal” y que “la conducta de los acusados es claramente atípica”. “Sabido es que la aplicación del poder punitivo estatal no es la primera y fundamental respuesta jurídica a la que se debe acudir para solucionar problemáticas como la presente, ya que existen otros remedios legales distintos al intentado y que no implican la imposición de sanciones de tipo penal, máxime cuando la parte damnificada es el propio Estado”, remarcó en aquel caso.

La denuncia, una exageración

En ese sentido, los jueces observaron que “a lo largo de todo el debate se introdujeron cuestiones que escapan al ámbito de decisión de este Tribunal, tales como los derechos a la vivienda, preservación del medio ambiente, el rol del Estado e incluso el derecho de las personas a elegir su forma de vivir, en definitiva, cuestiones de gran trascendencia pero que no pueden, ni deben, ser valoradas en esta sentencia, dada la específica jurisdicción de este Tribunal”.

Los jueces no se quedaron ahí. En el mismo fallo, se remitiero a un informe que les presentó el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, quieen destacó que, teniendo en cuenta que en la zona de monte con caldenes no presentaba delimitación alguna y tampoco existía demarcación o señalización de estar realizándose obra estatal, ni infraestructura planificada, que “la acción comunitaria sea calificada como ’delito’ parece exagerada atenta nuestra legislación, implicando judicializar proceso de problemática social, e invertir recursos judiciales en situaciones de vulneración donde es otro el actor que debe intervenir y puede solucionar derechos vulnerados”.
Temas en esta nota: