Cinco años de prisión por un robo


La jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, condenó este martes a Claudio Andrés Merino, como autor material del delito de robo calificado por el uso de armas y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, y por ser cometido en lugar poblado y en banda, concursando entre sí en forma ideal, a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además le revocó la condicionalidad de una pena anterior, a un año de prisión de ejecución condicional del 11 de junio de 2015, por abuso sexual simple en dos oportunidades, y le unificó ambas en una pena única de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Y le mantuvo la prisión preventiva sustitutiva –arresto domiciliario con control de la tobillera electrónicamente– que se había dispuesto oportunamente.

Con las pruebas recolectadas durante el juicio oral, Ongaro dio por acreditado con el grado de certeza que requería esta etapa procesal, que el 9 de agosto del año pasado, a las 23.30, un grupo de tres personas –entre las que se hallaba Merino, un empleado de la Casa de Gobierno de 33 años–, “empuñando uno de ellos un arma de fuego, presumiblemente calibre nueve milímetros”, sorprendieron a un matrimonio que vive en la calle Beto Lara, en Santa Rosa.

En tanto una de esas personas empuñaba el arma de fuego, las otras dos –siendo Merino uno de ellos– portaban “cuchillos pequeños, de aproximadamente 15 centímetros de longitud”.

“El grupo logró reducir al matrimonio, obligándolo a ingresar junto con los tres al interior de la casa, donde permanecieron una hora y media; exigiéndoles, sin dejar de apuntarles con las armas, la entrega de dinero”, dice el fallo dictado hoy por Ongaro.

“Luego de desapoderarlos de unos 20.000 pesos, de un teléfono celular Samsung J7, de unas llaves y de un cuchillo artesanal, y después de dejarlos en el interior del baño”, los delincuentes se retiraron del lugar, añade el texto. Ni las armas, ni los efectos sustraídos pudieron ser secuestrados durante la investigación.

Durante las audiencias también se juzgó a Juan José Juaristi, un fletero de 33 años, quien fue absuelto en el juicio por no haber existido acusación fiscal. A su vez, durante el proceso habían sido formalizados otros dos imputados, quienes terminaron sobreseídos por pedido de la fiscala Leticia Pordomingo.

Ella había requerido una pena de siete años de prisión para Merino y una pena unificada de ocho años, teniendo en cuenta “la extensión del daño causado a los damnificados y sus secuelas, dado que llevó a las víctimas a tomar mayores medidas de protección y cuidado, dejando de salir de su vivienda y habiendo requerido y manteniendo hasta la actualidad un botón antipánico”, entre otros fundamentos.

El defensor particular, Carlos Pérez Funes, había solicitado la absolución para Merino. Juaristi fue representando por otro defensor particular, Omar Gebruers.
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