Una recomendación obliga a despenalizar el aborto para cuidar la vida de la gestante

Alejandro Osio, integrante de la Defensoría General en La Pampa, accedió al informe del Comité Internacional del Niño y reveló que hay referencias “durísimas” para el Estado argentino por incumplir peticiones previas.

El Comité Internacional de los Derechos del Niño hizo la contundente recomendación de que debe despenalizarse el aborto para defender el derecho a la vida de la persona gestante, fundamentalmente cuando se trata de una niña o niña adolescente. Esa petición es obligatoria. Así lo refrescó el defensor Alejandro Osio, quien accedió a ese informe y lo tradujo del inglés para conocer precisiones concretas del planteo.

Argentina suscribió la Convención Internacional en el ’89 y en el ’90 la incorporó al sistema legal. En el ’94 le dio rango constitucional. Por lo tanto, las recomendaciones del Comité la ponen en obligación de cumplir esos planteos.

Osio advirtió que “el Comité reitera algo que ya venía planteando, pero lo ratifica de manera contundente: que le interesa la vida de la niña gestante, la niña que se puede morir en un aborto riesgoso al margen de la cobertura del Estado y entonces insta a despenalizar el aborto en términos de salud pública, no de ley penal”.

“Trata el tema como una cuestión de salud pública -insistió- y al poner el ojo sobre el derecho a la vida lo pone sobre la persona gestante, con eso quita del medio un montón de discusiones y opiniones. Esto es obligatorio para el país, no se puede poner en cuestión: hay que cumplirlo y punto”, aseveró el funcionario.

“Un duro informe”

El Comité hace revisiones periódicas sobre los Estados parte. Se hacen cada cuatro años. Este año se elaboró otro informe: se recolecta información a partir no solo de los datos que brinda el Estado, sino también de ONG y de personas y militantes de los derechos de los niños. “La verdad es que es un informe bastante duro el que han hecho”, evaluó Osio.
“Es durísimo en un montón de derechos, y específicamente es contundente en instar al Estado y recomendarle que despenalice el aborto, y lo hace poniendo en el eje la vida de la persona gestante de menos de 18 años de edad. Son niñas y niñas durante la adolescencia”, apuntó.

“La observación que se hace es muy dura y le dice al Estado que le preocupa profundamente que la Argentina nunca acata sus recomendaciones. Aunque ha firmado el tratado, le ha dado rango constitucional y ha diseñado algunas políticas públicas, en materia de despenalización del aborto y el dictado de una ley penal juvenil que sea acorde a la Convención, el Comité se muestra muy preocupado con el Estado argentino”.

Obligatoriedad

El defensor indicó que el informe “es muy duro porque el tratado y las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio y ese no cumplimiento puede colocar al Estado en responsabilidad internacional, amén de la vulneración de derechos que significa”.

- ¿Qué herramientas hay para que efectivamente el Estado se haga eco y cumpla las recomendaciones?
- La vía más rápida para que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer valer la recomendación es un amparo. Cuando hay por ejemplo un caso de una niña que deba acceder al aborto y le dilaten el asunto, puede acceder mediante un amparo. Es lo más rápido en el ámbito interno. Para llegar a que se sancione al país, hay diversos mecanismos, pero lleva mucho tiempo y hay problemáticas que no soportan tanto tiempo. El Comité ya había llamado la atención varias veces a Argentina, Chile, Guatemala y Perú por hechos puntuales. Estamos en falta en relación a los organismos internacionales.

- ¿Desde hace cuánto el Estado argentino no cumple?
- Lo dice el Comité: hay recomendaciones de 2010 y 2012 que no han sido acatadas. El informe particulariza sobre el dictado de una ley penal juvenil acorde a la Convención y le preocupa la legislación penal en términos tutelares. E insta a mecanismos para erradicar la violencia institucional en lugares donde se priva de la libertad a menores. Particulariza en la cuestión del aborto también. Y señala la corrupción, el hecho de que los fondos públicos no llegan específicamente a las políticas a que están dirigidos.

- ¿Hay actores políticos que sí le dan interés a esta situación?
- Son temas que hasta a veces no se conocen. Incluso hay quienes no saben de su existencia o de su obligatoriedad. Los Estados deben promocionar también los derechos humanos, facilitar el acceso a lo que dicen los organismos internacionales y las herramientas existentes. Es una pata floja en la Argentina, no se promueve esa información. Hay muchas falencias. Es una responsabilidad del Estado, y lo tiene que hacer valer por todos sus funcionarios y funcionarias, no importa el rango o la jerarquía.

- ¿Cuál es el lugar que en el contexto nacional, respecto de la violencia institucional, puede ocupar La Pampa?
- Sobre La Pampa no se particulariza en el informe. Conocemos de lo que se judicializa, que es muy poco en relación a la violencia de las fuerzas de seguridad. Es decir: no tenemos una gran problemática en comparación con sectores como Rosario, el conurbano bonaerense o Córdoba.

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