Completaron el último trámite judicial y De Franco va a juicio oral y público

El empresario Antonio De Franco y el puestero del oeste pampeano Simplicio Policarpo Albornoz. Ya se hizo el ofrecimiento de pruebas y ahora solo falta que la Oficina Judicial ponga la fecha del debate.

Luego de un derrotero plagado de chicanas judiciales, finalmente la Justicia provincial permitió que se completara el último paso administrativo para que el empresario bonaerense Antonio De Franco llegue al juicio oral y público por el despojo de tierras en el oeste pampeano. De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el pasado 1 de junio se realizó una audiencia encabezada por el fiscal general Guillermo Sancho donde se concretó el ofrecimiento de pruebas y ahora solo falta que la Oficina Judicial le ponga fecha al debate.

“El imputado no compareció, tampoco lo hizo su defensor, el abogado Ripamonti... Lo que se hizo fue un ofrecimiento de las pruebas que utilizaremos en el juicio oral. De todos modos, si bien De Franco no compareció, para no dar la cara, igual se hizo la audiencia y el Tribunal aceptó todas las pruebas ofrecidas”, confirmó el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez, patrocinante del puestero Simplicio Policarpo Albornoz.

De Franco está acusado del delito de “actos de turbación de la posesión y alteración de los límites respecto de la fracción de campo” y la víctima es Albornoz, un puestero del oeste provincial, uno de los tantos que el empresario bonaerense intentó desalojar a lo largo de los años con distintas maniobras.

Él, junto a sus hermanos Oscar Alberto y Fernando Alfredo, está apuntado por apropiarse de unas 200.000 hectáreas en el oeste pampeano, entre ellas donde Albornoz residía desde hace décadas.

En esta causa, puntualmente, se le atribuye haber ejercido “actos de turbación de la posesión y alteración de los límites” respecto de la fracción de campo denominada Puesto Albornoz, ubicada dentro del Lote 6, Fracción D, Sección XIX del departamento Limay Mahuida, mediante la instalación de un alambrado de seis hilos a lo largo del sendero que le impidió a su poseedor tener ingreso a través del camino vecinal, como así también se lo despojó de la aguada existente cercenándole el acceso de sus animales hasta ese lugar.

De Franco habría adquirido las tierras mediante un remate realizado por la Compañía Sudamericana de Financiación y en pleno conocimiento de que estaban ocupadas por Simplicio Albornoz, su esposa y su hijo.

El abogado querellante, José Bibiano Cedrún Gutiérrez, dijo en su momento que los hermanos De Franco hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente reclamaron a la empresa Compañía Sudamericana, que figuraba como titular registral del citado lote 6, que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y entonces los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó embargo del lote 6 y ordenó la subasta, que se hizo el 10 de abril de 1999. Los compradores fueron, precisamente, los hermanos De Franco. El lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

En 2010, los De Franco hicieron nuevos alambrados. Esta vez empezaron a cortar el paso por caminos vecinales y a una aguada. Cedrún Gutiérrez advirtió que “la adquisición no fue de tan buena fe” y que “cuando lo alambran al lote 6, sabían que la titular registral, la Compañía Sudamericana, no existía más”.

“Inician un juicio, una demanda, a una compañía fantasma. Sabían que iban a ganar el pleito y lo ganan. Como no logran cobrar, piden y logran la subasta. Y se quedan con ese lote. Se hizo todo en una apariencia de legalidad”, manifestó el abogado.

Sin prescripción

La acusación contra De Franco fue formulada por el fiscal general Guillermo Sancho el 9 de septiembre de 2014. A partir de ahí, el abogado del empresario desplegó una estrategia judicial con la idea de llegar a la “prescripción” de la causa pero no tuvo suerte.

De Franco y su defensor trataron de argumentar la “prescripción” con dos argumentos: por un lado, que la acusación del fiscal había señalado que la turbación de la posesión había comenzado a finales de 2009 y, como la prescripción comienza a correr desde la medianoche en que tuvieron lugar los actos turbatorios, consideraban que la acción se encontraba “ampliamente prescripta”; por el otro, que el plazo de la investigación fiscal “excedió largamente el estipulado por la ley procesal” y que debía dictarse el “sobreseimiento”.

Tanto el Tribunal de Impugnación Penal (en 2015) como el Superior Tribunal de Justicia (octubre de 2017) le habían rechazado sus planteos. Este año, con fechas 20 y 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia le rechazó dos recursos extraordinarios. “Está atrapado y sin salida, ya no le queda más escapatoria”, le dijo en aquel momento a este diario el abogado Cedrún Gutiérrez.

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