La diaria sensación de estar al borde del abismo
La nueva ley, rechazada por las cámaras inmobiliarias porque garantizó derechos a las personas inquilinas, vuelve a estar en debate: ¿derogación, suspensión, modificación? ¿A favor de quién?
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EL DIARIO digital
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El Congreso Nacional tiene otra vez en tratamiento, con obvia participación de representantes de nuestra provincia, la "Ley de Alquileres", una normativa que curiosamente había encontrado hace un par de años un aparente consenso, pero que a raíz de la falta de capacidad estatal para vigilar y controlar su cumplimiento vuelve a ponerse en el tapete.
Diversos actores legislativos han sido caras visibles, incluso desde el año pasado, respecto del aparente fracaso de la normativa, puesto que -afirman- no sirvió para que hubiera un punto de acuerdo entre las partes involucradas.
Por más que en la superficie el planteo sea que se aspira a un mejor texto, e incluso haya voces que señalan la posibilidad de beneficiar con modificaciones a las personas que están en el lugar de inquilinas, la realidad es que el lobby ejercido por las cámaras inmobiliarias -obviamente con mayores recursos y posibilidad de ejercer poder- parece ir torciendo el brazo de las instituciones.
La ley en vigencia, por más que hayan existido deficiencias en su cumplimiento y aunque el Estado no haya estado a la altura de las circunstancias, representó claramente un avance en beneficio de los sectores populares y más vulnerados, puesto que otorgó y jerarquizó derechos de las personas que pagan mensualmente el alquiler de un techo donde vivir.
Sin embargo, el gobierno no pudo, no supo o no quiso ejercer los controles tal como están previstos. Hay motivos atendibles para esa demora: la novedad legislativa apareció en plena pandemia y sabido es que en la Argentina suele pasar un buen tiempo entre la sanción y promulgación de una ley y su real puesta en práctica, con los mecanismos correspondientes.
Justamente por eso llamó la atención que tan rápidamente hubiera sectores -incluso políticos- dispuestos a declarar el fracaso de la nueva ley y dispuestos a derogarla, suspenderla o modificarla, tan luego en coincidencia con los sectores inmobiliarios más concentrados, que desde el principio rechazaron la propuesta.
La realidad es que ahora, en un tiempo de urgencias y de inflación galopante, la ley se pone nuevamente en discusión y el impacto de lo que se resuelva no será menor, puesto que afectará especialmente a las personas de menos recursos.
La gran duda que genera ese escenario es qué pasará si se abre esa puerta para considerar las falencias o aspectos que no quedaron del todo claros: ¿tienen real posibilidad los sectores que representan a inquilinos de incidir para extender sus derechos? ¿O el solo hecho de generar una nueva discusión ya es un triunfo de los sectores propietarios que están a disgusto con la ley vigente hoy?
Pase lo que pase, y como sucede con otras normativas que afectan intereses poderosos, ningún avance hacia la justicia será posible si el Estado no toma en serio su rol regulador y controla como corresponde, sobre todo a quienes están acostumbrados al manejo de privilegios.
