Piden tres años de prisión para policías que golpearon a un puestero

General Pico (Agencia) – El fiscal general, Armando Agüero, pidió ayer la pena de tres años de prisión en suspenso contra los cuatro policías que en junio de 2020 golpearon salvajemente a un puestero del oeste, a quien pretendían achacarle un delito y, a su vez, que inculpara a otra persona. Uno de los uniformados podría tener una situación más complicada, ya que tiene un legajo en trámite por otro delito cometido a días de su intervención en la golpiza.

El juicio se desarrolló durante lunes y martes de esta semana en la localidad de Victorica y continuó luego en los Tribunales de General Pico, donde ayer se escucharon los alegatos y pedidos de pena. El juez Marcelo Pagano presidió el debate oral y público.

Los imputados son los policías Roberto Carlos Cabral, Ricardo Eliezer Sadí Echegaray, Darío Fernando Morales y César Correa, quienes estuvieron un año en pasiva tras la denuncia del hecho y hoy cumplen funciones en el oeste provincial.

Los uniformados acusados fueron representados por los letrados particulares Guillermo Galcerán, en representación de Cabral; Boris José Vlasich y Marcelo Piaza, en representación de Echagaray y Morales; y Silvia Brown y Magalí Tarditi, en representación de Correa.

Hechos

Los hechos ocurrieron en el marco de un allanamiento llevado a cabo el 3 de Junio de 2020, en un campo ubicado sobre Ruta Provincial 10 del Departamento Loventué. Hasta allí llegaron los uniformados por una supuesta infracción de caza mayor, por la que los policías Echegaray, Morales, Cabral y Correa buscaron culpar al encargado del predio rural y para ello lo golpearon salvajemente, en primer término, junto a una aguada y a unos dos kilómetros de la casa del campo.

Mientras lo golpeaban, le exigían que dijera "que otra persona y él estaban carneando en el campo". También le preguntaban "dónde estaba el arma del hijo de la otra persona", mientras golpeaban y asfixiaban a tal punto tal que la víctima no podía respirar, para finalmente dejarlo tirado en el piso.

Cabral intentó también pegarle con un fierro, mientras todos le decían que "lo iban hacer bosta, que no tenía a nadie acá y que lo mandarían en una bolsa para su pueblo". Como consecuencia de esta agresión física el damnificado sufrió varias lesiones que llevaron no menos de 10 días para reponerse, aunque su vida no corrió peligro, según el informe forense.

Pena

En su alegato de cierre, el fiscal general consideró que el hecho probado y solicitó la condena por los delitos de "apremios Ilegales, en concurso ideal con lesiones leves". A la hora de establecer el monto de la pena, Agüero decidió alejarse del mínimo por varias circunstancias, a pesar que ninguno de los acusados cuenta con antecedentes condenatorios, y requirió que se los condene a tres años de prisión en suspenso.

El fiscal general valoró en tal sentido la participación de varios uniformados, el lugar alejado y desprovisto de cualquier defensa para la víctima, el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad del hombre por su falta de educación, inexistencia de familiares y vínculos cercanos que lo ayudaran. También consideró la repetición de eventos, cuanto menos en tres lugares, con el fin de mortificarlo para que se incriminara e incriminara a otra persona de un hecho.

El fiscal general también tuvo en cuenta el tiempo elegido por los policías, en plena pandemia, donde se dificultaba para el damnificado y el sistema judicial poder intervenir rápida y diligentemente.

Agüero remarcó luego que se trató de "una conducta abusiva del personal policial" y, por ello, en una escala penal de uno a seis años, requirió tres en suspenso.

En el caso del policía Darío Morales, su situación podría agravarse por otro legajo iniciado días después de este hecho. El uniformado, que fue puesto en pasiva tras la denuncia en Fiscalía, dos semanas más tarde cargó combustible en su vehículo particular, a cargo de la fuerza policial, en la estación de servicio de Victorica, donde lo hacía habitualmente por prestar servicio en Telén. Cuando la estación de servicio presentó el ticket para su cobro, el jefe de Morales lo denunció.

Por dicho delito, Morales ya fue condenado a dos años de prisión en suspenso por "fraude a la administración pública", aunque la sentencia aún se encuentra en etapa de apelación.