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EL DIARIO digital
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El Superior Tribunal de Justicia rechazó por "improcedente" un recurso de la defensa del exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, en la causa en la que se lo investiga por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado".
Hernán Danzi, abogado de Bravo, viene cuestionando que los delitos investigados ocurrieron en la Tercera Circunscripción Judicial y el tribunal que lo va a juzgar pertenece a la Primera Circunscripción. Pide que el juicio se haga en General Acha con jueces de la Tercera Circunscripción. Tanto el Tribunal de Impugnación Penal como ahora el Superior Tribunal de Justicia rechazaron esa pretensión. Pero en esas idas y vueltas, el juicio ya se postergó dos veces.
El pasado 3 de agosto, el STJ decretó rechazar por "improcedente" el pedido de Bravo; "en primer lugar, porque no se advierte de esa denegatoria, y tampoco de la decisión inicial, en cuanto a la interpretación dada a las Acuerdos Nros 3792 y 3800 de este Superior Tribunal de Justicia, una afectación ni siquiera potencial de las garantías constitucionales enunciadas que hacen a la conformación de la Audiencia de Juicio".
"En consecuencia, la decisión recurrida no satisface las exigencias del art. 410 del C.P.P., en cuanto no se trata de una sentencia definitiva dictada por el TIP, ni es una resolución que cause un agravio de imposible reparación ulterior", concluye el decreto de los jueces Fabricio Losi y Elena Victoria Fresco.
Ahora, la Oficina Judicial deberá programar la realización del juicio.
El juicio se iba a realizar en mayo pasado, pero la defensa logró la suspensión del debate. El Tribunal designado estaba conformado por Daniel Sáez Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Miguez Martin.
Causa
El actual concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño había sido denunciado por tres concejales de la oposición, en 2012, por desvío de fondos.
La acusación está basada en que en noviembre de 2012, Bravo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ley para que lo autoricen a firmar un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo mediante el cual le iba a girar regalías hidrocarburíferas con el objetivo hacer obras públicas.
El CD lo aprobó con el apoyo de cinco ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño y con el voto negativo de tres concejales del bloque Justicialista. Sin embargo, días después, los concejales opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, hicieron una presentación en la Justicia.
Por un lado, señalaron que la aprobación era "irregular" porque, como sostiene la Ley de Municipalidades, no se había conseguido la mayoría especial de seis votos.
Por otro lado, la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, como es el Concejo Deliberante.co
Condenado
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho" donde "se cometieron graves delitos".
La condena al exintendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret "El Rancho", a cuatro años de prisión por el delito de "acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa. Por habilitar de forma irregular el cabaret de Ulrich, Bravo fue condenado.
Procesado
El actual concejal de 25 de Mayo también aparece acusado en otro expediente de la Justicia Federal. David Bravo junto el ex jefe de comisaría local Miguel Angel Oyarce, y Nurys Antonia Caraballo Castillo y su hijo José Luis Carpio Carballo, regentes de los centros nocturnos El rancho, Venus y El sueño, aparecen imputados de "integrar una organización orientada a la explotación sexual". Así fue la calificación que le puso el por entonces fiscal Federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella cuando pidió la elevación a juicio de la causa a fines del 2020.
Gómez Barbella constató en todas las intervenciones la existencia de mujeres que eran explotadas sexualmente y consideró que Caraballo Castillo y su hijo "no podían ser ajenos a la actividad que dentro de sus locales se estaba desarrollando". En cuanto a Bravo, el fiscal advirtió que como intendente municipal no dispuso ninguna medida para procurar el cierre del cabaret Venus tras la promulgación de una ordenanza en 2010, permitiendo "que la actividad que se intentaba combatir mediante esta norma, reconocida como delito de trata de personas con fines de explotación sexual, continuara practicándose en locales que contaban con sus respectivas habilitaciones".
Del mismo modo, el comisario Oyarce no podía desconocer lo que sucedía en aquellos locales, agregó el fiscal. Por eso, la acusación sobre ambos ex funcionarios es incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, respectivamente, por haber facilitado aquél delito entre enero de 2011 y octubre de 2012.
