El saneamiento de la ciudad y el drama del desempleo

En la columna editorial de todos los lunes, La Arena Vernácula, un repaso por los temas mas salientes de la semana.

Una de cal...

leandro

A pesar de la evidente e indisimulable confrontación política, el gobernador Carlos Verna y el intendente Leandro Altolaguirre decidieron, juntos, tirar para el mismo lado y en el transcurso de la semana pasada acordaron en la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación el Plan Director de Saneamiento y Agua de la capital pampeana.

La novedad no deja de ser una buena noticia y alienta una esperanza en los vecinos santarroseños, que ya no soportan más el caos que representa en la vida cotidiana el estado actual de la red cloacal.

Sí está claro que la situación de fondo todavía está lejos de solucionarse. De hecho, los propios involucrados se encargaron de aclarar que esto no es más que el primer paso -“una acción concreta”, en boca de Verna- que apunta a afianzar un trabajo mucho más complejo, profundo y -se espera- definitivo.

El propio gobernador y el jefe comunal habían cruzado opiniones diferentes sobre el tema.

“No me opongo al Plan Maestro, pero propongo comenzar a definir acciones para empezar a trabajar. Un Plan Maestro tarda entre 15 y 18 meses, y hay que empezar las acciones concretas: hace cuatro meses que estamos de reuniones y no hemos hecho nada”, dijo Verna -fiel a su estilo pragmático- luego del encuentro en Capital Federal.

Y comprometió la ayuda económica de 20 millones de pesos para “obras rápidas” para mitigar la emergencia y el problema.

Altolaguirre prefirió sacar un rédito un tanto más político a la hora de hablar del asunto en cuestión: “Logramos lo que no se hizo en 30 años de gobierno”, dijo luego de recibir las promesas de financiamiento -a través de créditos internacionales- de parte de la gestión del presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, esta nueva etapa pondrá en juego la capacidad de gestión del intendente santarroseño que hasta ahora -por la situación heredada, por falta de recursos, pero también por la ausencia de un programa de gobierno- no ha podido exhibir a la sociedad ni en consideración de sus votantes.

En concreto, en lo inmediato se avanzará con mejoras en el sistema de medición del agua potable, con el recambio, la regulación y la automatización de las válvulas de presión de la red.

También con el reemplazo parcial, en algunos sitios, de la cañería de la red cloacal y otras tareas para deprimir las napas freáticas en la ciudad y bombear el excedente al Bajo Giuliani.

Durante la semana que se fue, Altolaguirre también decidió -siempre en el plano político- jugar una nueva carta destinada a reflotar algunos manejos un tanto dudosos de la anterior gestión municipal.

A través de un dictamen del asesor letrado de la comuna, como base de sustentación -y como excusa-, prepara una nueva denuncia penal contra el exintendente Luis Larrañaga por irregularidades en un comodato que firmó con un particular por el uso del autódromo de la ciudad, que es propiedad de la Caja Forense.

Durante la gestión de Larrañaga el municipio firmó un comodato con la Caja Forense para utilizar las instalaciones del autódromo Ciudad de Santa Rosa, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 5. En ese convenio Larrañaga se comprometió a mejorar el alambrado perimetral. Esto nunca se hizo a pesar de los reclamos de la Caja Forense.

El exintendente, además de no hacer esa obra, decidió entregar el uso del autódromo a Pablo Gabriel Toledo, un vecino que organizó picadas de autos para beneficio propio y sin ningún ingreso monetario para el municipio.

Casualmente este fin de semana, una vez que trascendiera este escenario casi propicio, este diario dio a conocer que la misma Caja Forense le pidió al actual intendente Leandro Altolaguirre que impulse la derogación de una ordenanza que declaró de “interés municipal” el inmueble del autódromo de la ciudad porque pretende concretar “desarrollos inmobiliarios” en ese lugar, donde no está permitida la construcción de viviendas.

...y una de arena

vernacula

La celebración del Día del Trabajador, el pasado 1º de Mayo, ya había tenido un sabor amargo en medio del actual panorama que rodea al empleo en la provincia y en el país en general.

De hecho el propio gobernador Carlos Verna se había referido durante el tradicional almuerzo del Centro Empleados de Comercio en General Pico -del que participa todos los años- a la difícil situación que viven los asalarios frente a la inflación reinante, los aumentos y los despidos. “Cuando todos quieren echar gente, nosotros porfiadamente insistimos en crear trabajo”, se ufanó.

También aprovechó la ocasión para lanzarle algunos dardazos, casi a modo de “bienvenida” a la luego frustrada visita presidencial, a la actual gestión de Mauricio Macri: “No se puede hacer un modelo de bajar la inflación bajando el consumo y haciendo que los trabajadores discutan los salarios a la baja, en eso creo que la mayor parte de los argentinos no estamos de acuerdo y creo que el Gobierno deberá replantearse que, si bien en la macro le va bien, en la microeconomía, la familiar, a la gente le va mal”, sostuvo.

Algunos días después, la consultora Tendencias Económicas, que dirige José Luis Blanco, le dio la razón: según esas estadísticas, durante el mes de abril los despidos se multiplicaron por nueve en comparación con el nivel de un año atrás y unos 140.000 trabajadores perdieron su empleo en los últimos cuatro meses.

Siempre de acuerdo a los datos que maneja el mismo economista, las cesantías de personal se produjeron tanto en el sector público -principalmente vinculado con la obra pública- como en el privado, en ese caso ampliamente concentrado en la rama siderometalúrgica, por la retracción que mantiene el mercado automotriz de exportación con destino a Brasil.

El fenómeno afecta a gran parte de la cadena de valor que conforma el sector fabricante e importador de componentes y autopartes.

“Los despidos sumaron 12.252 obreros, nivel superior en 8,7 veces al de abril de 2015. La gran mayoría, 10.246, ocurrieron en el sector privado, principalmente en la siderurgia, la metalurgia, el transporte, textiles, comercio, gastronómicos, alimentos, petróleo y autopartes; y el resto, 2.006 personas, en el sector público”, comunicó la consultora TE.

Cabe destacar que el relevamiento mensual de despidos y suspensiones se nutre de datos aportados por denuncias sindicales que reflejan los medios de prensa.

Por el contrario, esas fuentes no se han caracterizado por dar cuenta de las incorporaciones de personal, como sí lo hace la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo.

De ahí la discrepancia que surge en la interpretación de una realidad, que es innegable, en la que se asiste a situaciones inquietantes de despidos, en muchos casos vinculadas con fenómenos estacionales, como el caso de la construcción, agravadas por la situación climática que redujo los días hábiles para las tareas de obras externas, y en el caso de los productos frescos, como el sector ganadero, y de frutas y hortalizas, que en varias zonas han sido crudamente afectados por las inundaciones, principalmente en el Litoral, y los comercios vinculados.

Además, se agregaron las consecuencias externas de la crisis económica que enfrenta Brasil y que ha derivado en una sostenida merma de la demanda de automóviles y sus partes, tanto del sector siderometalúrgico como plástico y textil industrial, entre otros. Y los casos de empleos retenidos en un año electoral, pese al estancamiento que mantuvo la actividad agregada.

Pero, por otra parte, en el Ministerio de Trabajo destacaron que en los últimos meses se han registrado incorporaciones de personal en empresas vinculadas con los servicios de tecnología, comercio e industrias que estaban limitadas en sus actividades por el cepo que regía sobre las importaciones de insumos.

Temas en esta nota: