El escenario sin la Ley de Medios y la sucia olla de la corrupción

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, la exposición de la CPE ante la OEA junto a las novedades en el Enacom local tras la anulación de los artículos centrales de la Ley de Medios y el papel de la Justicia ante las investigaciones por hechos de corrupción de todos los bandos políticos.

Una de cal...

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La Cooperativa Popular de Electricidad, en conjunto con otras organizaciones de jerarquía internacional y prestigio ganado a través del tiempo y a partir de su acción, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en defensa de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que desguazó un decreto de necesidad y urgencia, después respaldado por una mayoría del Congreso nacional.

El escenario no es menor en la actual instancia, en que esa ley -fruto de una larga lucha y de la participación de diversidad de voces y sectores- protege en los organismos internacionales su esperanza de ser repuesta, a partir de que se considere con claridad que la comunicación es un Derecho Humano que debe ser protegido y que no puede ser vulnerado por decisiones ocasionales e interesadas.

El presidente del Consejo de Administración de la CPE, Oscar Nocetti, tuvo un breve lapso para explicar la posición de la entidad solidaria, cuya apuesta a brindar el servicio de televisión por cable se convirtió en paradigma de la pelea contra los monopolios, y es -independientemente de las simpatías personales y sectoriales con su dirigencia- un ejemplo concreto que abarata los costos de los servicios, aumenta la pluralidad de voces, genera mano de obra en el ámbito de la comunicación local, permite que se escapen menos recursos de la región y, en síntesis, mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Santa Rosa y sus alrededores.

La actual configuración del poder en la Argentina, con un Ejecutivo dispuesto a ceder a las demandas de la corporación mediática dominante, pone en serio riesgo los emprendimientos de las economías sociales: los cables de la capital pampeana, que alguna vez fueron de empresarios locales, terminaron en manos del Grupo Clarín a partir de la insoportable presión que esas firmas hegemónicas son capaces de ejercer no solo por medio del dinero y la instalación a su antojo de temas en la agenda pública, sino también de contactos judiciales y políticos, e incluso por medio de mecanismos bastante parecidos a la extorsión.

En ese contexto, en La Pampa ha sido designado como responsable del organismo que antes era AFSCA y que ahora es ENACOM Eduardo “Lipe” Helt, quien dijo que había sido nombrado como consecuencia de la presentación de su currículo, aun cuando no tiene antecedentes para mostrar en la materia: sería más “transparente” -ahora que está tan de moda- aceptar que ocupa el cargo porque es un dirigente cercano a Carlos Javier Mac Allister, y admitir que fue designado por su militancia política, tal como sus antecesores, pese a que cuando lo hacían los otros parecía un pecado y ahora una virtud.

El aval que el oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados para el DNU anti-Ley de Medios no es una cuestión menor, puesto que le sirve políticamente, y reafirma sus argumentaciones, pero no echa por tierra los alcances que esa legislación implicaba, puesto que resultó el fruto de un generalizado consenso de la sociedad civil, de los políticos representantes del pueblo e incluso de la Corte Suprema de Justicia, que en nombre del Poder Judicial determinó que no había reproches que se le pudieran hacer en ese ámbito.

Sin embargo, y en lo que significa un retroceso, el Gobierno tejió alianzas con algunos de sus socios y logró con diversas motivaciones el respaldo al DNU, explicado con excusas de ocasión y argumentos que prácticamente en ningún caso atacaron a la legislación que se pisoteó, sino más bien a su falta de aplicación en algunos casos, a la acción fallida de los funcionarios responsables de implementarla o a las motivaciones políticas del Gobierno anterior.

En la práctica, el Gobierno ha desnudado claramente sus intenciones en boca del ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad, quien ha dicho sin lugar a medias tintas que la información no debe concebirse como un derecho, sino como una mercancía y que la comunicación tampoco es un servicio sino un negocio.

Esa es la columna vertebral de la concepción macrista, y es la que pone en riesgo la participación no solo de cooperativas y medios pequeños sin fines de lucro, sino también a medianos actores, puesto que el objetivo general, y la inevitable consecuencia del actual estado de cosas, es una concentración mayúscula, incluso más grande que la actual, aun cuando el país es uno de los que tiene mayor índice en ese sentido.

No puede dejar de señalarse el papel de los diputados que representan a los ciudadanos de La Pampa: el cuestionamiento de sectores políticos a la “escribanía” que supuestamente significó ese poder durante el Gobierno anterior se componía con teóricos “levantamanos”.

Ahora además de “levantamanos” parece haber “lavamanos”, porque varios legisladores de distinta orientación (el radical Francisco Torroba, los justicialistas Sergio Ziliotto y Gustavo Fernández Mendía) prefirieron frente a este conflicto ausentarse o abstenerse -respectivamente- que es una forma de no dar la cara, a riesgo de que en algún momento la historia les pase factura a los que avalaron el DNU como responsables de un inolvidable retroceso.
 
...y una de arena

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En el país que se ve por la televisión y que por lo tanto replica en los medios de comunicación más consumidos, la sucia olla de la corrupción ocupa todos los espacios: las acusaciones que van y vienen, las sospechas y calificativos degradantes salpican a todos los sectores políticos y reinstalan la sensación que alguna vez fue mayoritaria respecto de que los dirigentes “son todos iguales” y buscan simplemente salvarse a sí mismos, arriar agua a su molino, llenarse los bolsillos de plata y hacer negocios.

La investigación mediática-judicial por el lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez y al personaje de la farándula Leonardo Fariña llega ahora hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como agitaban y deseaban quienes iniciaron la pesquisa, convertida en monotema de las pantallas.

Si hubiera que forzar una interpretación positiva del asunto, bien podría decirse que al fin -como repiten varios analistas- hay jueces que “se ponen los pantalones largos” e investigan hechos de corrupción, lo cual puede dibujarse como una novedad (un “cambio”) y sin embargo es lo que suele ocurrir cuando un Gobierno deja el poder (que lo digan, sino Víctor Alderete, María Julia Alsogaray o el propio Menem después del menemismo; que lo digan Patucho Álvarez o Hugo Agüero después del marinismo).

Por otra parte, para una sociedad hasta puede resultar suicida confiar en que los atributos de la república serán repuestos -por ejemplo- por un juez como Claudio Bonadío, pistolero de la servilleta con nefastos antecedentes, que se siente en su hora de gloria haciendo trascender que ya tiene decidido mandar presa a la expresidenta.

Como sea, la respuesta del sector político manchado a partir de esa circunstancia (el kirchnerismo) es poner la lupa y la mirada sobre los Panamá Papers, a partir de que esa investigación que recién empieza dejó en “orsai” al presidente Mauricio Macri, quien dio explicaciones tardías, insatisfactorias y hasta podría decirse que inconvenientes, al tiempo que la responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, una de sus admiradoras, se mostró rápida para los mandados de protegerlo en lugar de al menos aparentar cierta inquietud por saber la verdad.

Además de la aparición Macri en persona en un par de firmas offshore en el paraíso fiscal panameño -dato suficientemente grave tratándose de un presidente- figuran varios miembros del mismo clan y una llamativa cantidad de funcionarios que son de su núcleo político.

El gobernador Carlos Verna -que alguna vez estuvo en el centro de la escena de hechos de corrupción que generaron escándalo como el caso de la Banelco- decidió hacer una intervención en el asunto, reprochándole al presidente que sus explicaciones llegaron tarde.

El sistema político vuelve a estar manchado y en ese marco Verna hace de cuenta que es un nuevo actor, permitiéndose incluso llamar “enfermedades” al menemismo y al kirchnerismo, como si no hubiera sido parte de ambas etapas, sobre todo de la primera.

A diferencia de otros procesos latinoamericanos, en que los gobiernos llamados “populistas” -o de “centroizquierda” o “progresistas” o como se los quiera bautizar- fueron causa y efecto de una reformulación del sistema político (en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, incluso en Brasil, el anterior sistema de partidos quedó patas para arriba) en la Argentina las viejas estructuras se reposicionaron, es una incógnita si para siempre o si pueden volver a momentos de turbulencia si suenan ecos del “Que se vayan todos”.

Mientras a nivel mediático tiene lugar esa partida de “paint ball” de la corrupción, en el país que no sale tantas veces en la tele se gestan otros motivos de insatisfacción: la impresionante transferencia de ingreso, que se determinó con las primeras medidas de gobierno, golpea cada vez de modo más rotundo sobre bolsillos y vidas cotidianas de los sectores más vulnerables, de los trabajadores y de la clase media.

Una buena porción de esos afectados son los propios votantes del Gobierno actual, que no demoró en propiciar una devaluación feroz, que castiga sin piedad a los que menos tienen, después de un año que se promocionaba como de “estancamiento” pero que las propias cifras oficiales revelaron como de crecimiento.

Esa medida económica incrementó de modo brutal la inflación, que desde ya no es un problema nuevo, pero que el año pasado había sido particularmente controlada, y que nunca en los últimos tiempos -y a excepción del verano de 2014, cuando una corrida bancaria provocó serios desajustes- había presentado semejantes índices, sobre todo en los productos básicos.

A esa situación se suman decenas de miles de despidos, también en La Pampa, tanto en el ámbito estatal como privado, que tienen como primer efecto una caída de los salarios y un disciplinamiento de los sectores trabajadores, en el mismo contexto en el que disfrutan de enormes beneficios -surgidos de decisiones oficiales- las mineras sin retenciones, la banca financiera, las patronales agropecuarias, otros grandes exportadores o los buitres (en síntesis, los más ricos).

La cruda realidad, que es la única verdad, achica los efectos positivos de la serie de eslóganes que durante largas semanas pudieron repetirse en tono de “revolución de la alegría”, como si su sola formulación constituyera efectos concretos: la mentada “pobreza cero” se ha convertido en poco más de tres meses en un millón y medio de pobres más; la “lucha contra el narcotráfico” es una galería fotográfica (y no se puede disimular que los grandes narcos comparten con el presidente y sus secuaces la manía de instalar offshore en paraísos fiscales) y la “unidad de los argentinos” parece dificultosa en un ambiente de revanchismo y persecución política.

La insatisfacción social que deriva de bolsillos flacos, tarifas altas, sueldos bajos y desempleo, sumada a una revitalización de esa sensación de que no se puede creer en ningún político, crean un combo de imprevisible destino.