Le pegó un tiro a un vecino: recibió una pena en suspenso

El hecho se produjo en 2017, en Pico, y fue la culminación de varias disputas entre vecinos del barrio. Además de la pena, se le impusieron al condenado una serie de reglas de conducta y se le pedirá al IPAV que pueda cambiar su vivienda o alquilarla.

General Pico (Agencia) ­ Como ocurrió con los autores del tiroteo en el barrio El Molino, esta semana un nuevo enfrentamiento armado con personas heridas terminó con una pena en suspenso. En este caso se trató de una disputa entre vecinos en septiembre de 2017, que concluyó con uno de ellos baleando a otro en el estómago, causándole graves lesiones.

Esta semana se dieron dos fallos condenatorios relacionados con causas que investigaron hechos donde los autores emplearon armas de fuego para atacar a otras personas y lesionarlas. En ambos casos nadie quedó preso.

Primero fue el tiroteo en el bar del barrio El Molino, ocurrido en enero de este año, el que terminó con sus dos protagonistas con condenas de cumplimiento condicional, ya que las penas fueron menores a los 3 años y no contaban con antecedentes.

Ahora fue el turno de una pelea vecinal que se fue de las manos, la cual tuvo lugar un año y medio atrás. En este episodio incluso las lesiones fueron de mayor gravedad, pero tampoco el responsable fue tras las rejas.

El juez de Audiencia de juicio Federico Pellegrino condenó el jueves a Darío Godoy, de 25 años, como autor material y penalmente responsable del delito de “lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego” y le impuso una pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional. A ello agregó, como reglas de conducta durante el plazo de la condena, la obligación de fijar domicilio y someterse al control de la Unidad de Abordaje, del Ente de Políticas Sociabilizadoras y abstenerse de acercarse, perturbar o ejercer cualquier acto de intimidación para con el damnificado.

También dispuso “comunicar la presente sentencia al Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) para que arbitre los medios necesarios a fin de concluir con la conflictiva vecinal, debiendo informar lo que disponga”.

El juicio y el hecho

El debate se realizó la semana pasada en el Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial, con la presencia del juez Pellegrino, la fiscala Ivana Hernández y el defensor oficial Alejandro Caram. E

l hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2016, cuando “el imputado se hallaba en el interior de su vivienda y escuchó que su sobrino estaba siendo agredido por el damnificado de apellido Ortega, vecino enfrente de su casa. Salió a la vereda con un revólver y efectuó disparos hacia Ortega, impactando uno de ellos en el abdomen, provocándole lesiones de carácter grave”.

El magistrado expuso en su fallo que “viejas disputas vecinales hicieron eclosión ese día”, cuando el damnificado Ortega “cruzó de vereda y recriminó, primero al joven y luego emprendió contra Godoy, que nada tenía que ver con la agresión primaria, tomándolo del cuello y golpeando su cabeza contra la pared, pero superado ese momento, el encartado ingresó a su domicilio en busca del arma y volvió a salir a fin de amedrentar a Ortega, para posteriormente efectuar disparos, aumentando la ira de su oponente, que, pese a estar herido, arremetió contra la vivienda arrojando escombros que se encontraban en la calle”.

Durante los alegatos de clausura, la fiscala expresó que se encuentra probado el hecho investigado y solicitó “que se aplique una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y la fijación de reglas de conducta por el término de dos años”.

También la fiscala solicitó que una vez dictada la sentencia, la misma se comunique al IPAV a fin de que medie en el presente conflicto vecinal, a través de otorgar el permiso al cambio de vivienda o del alquiler de la misma al imputado.

En tanto, el defensor consideró que se dan los presupuestos típicos de un exceso en la legítima defensa y solicitó se aplique la pena mínima para el presente delito.

Por último, el doctor Pellegrino analizó el pedido de la defensa y afirmó que “no habré de coincidir con la postura defensiva, debido a que no encuentro configurada la necesidad de defensa por parte del imputado. En la oportunidad, no resultaba necesaria la defensa de ningún bien jurídico protegido penalmente, la situación ya había concluido y fue retomada voluntariamente por su conducta”.

Tras encontrar culpable al imputado, a fin de establecer la pena, como circunstancias agravantes el funcionario consideró que “el hecho resultó de una amplia peligrosidad, tanto para la vida del damnificado como para ocasionales presentes en el lugar, en función de la multiplicidad de disparos efectuados. Y la recurrencia a un ejercicio de violencia extrema como solución a los conflictos”. Como atenuantes contempló “la inexistencia de antecedentes condenatorios, que determinan la ejecución de pena en forma condicional”.

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