Acusaron a cuatro jefes comunales del PJ por presentar facturas falsas

La Justicia provincial secuestró documentación administrativa y computadoras. Y toma declaraciones a los titulares de las facturas, que no las reconocen y niegan haber prestado servicios o vendido materiales a esas administraciones. Los denunció el Tribunal de Cuentas.

La Justicia provincial allanó esta semana cuatro Comisiones de Fomento y secuestró documentación y computadoras, en el marco de una denuncia por el delito de malversación de fondos públicos que impulsó el Tribunal de Cuentas de la Provincia contra cuatro jefes comunales del Partido Justicialista. Los presidentes de las Comisiones de Fomento de Rucanelo, Pablo Emanuel Lázaro Muse; de La Reforma, Hugo Omar Colado; de Perú, Roberto Oscar Kronemberger; y de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, están acusados de entregar facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión.

La modalidad es la misma que utilizó el presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, Manuel Costoya, que ya fue embargado y formalizado en la Justicia: en las facturas figuran los nombres de personas que niegan haberlas firmado y haber prestado servicios o vendido elementos a esas administraciones. En el caso de Costoya, el allanamiento se produjo en diciembre del año pasado.

Ahora hubo allanamientos, prácticamente en forma simultánea, durante los últimos días en Rucanelo, La Reforma, Perú y Loventuel. Las denuncias también fueron impulsadas por el Tribunal de Cuentas, a cargo de María Alejandra Mac Allister, ante el fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho.

Montos importantes

La maniobra descubierta se habría concretado con la utilización de facturas falsas, fotocopiadas de las facturas originales.

En la Fiscalía ya se les tomó declaración a algunos titulares de las facturas. Según trascendió, no las reconocen, afirmaron que nunca facturaron a esas Comisiones de Fomento.

Si bien hay un cerrado hermetismo en torno a la investigación, una fuente cercana aseguró a El Diario que los montos son significativos. La cantidad de facturas es importante. Los investigadores no determinaron aún el monto total de las maniobras. “La modalidad es la misma, las investigaciones son por separado, por cada una de las Comisiones de Fomento. Hay que ver si se repiten nombres en las facturas”, explicó la misma fuente.

Según la hipótesis acusatoria, los jefes comunales y sus secretarios podrían haber incurrido en el delito de peculado (malversación de fondos púbicos). En síntesis, la figura penal alude a la apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado por parte del funcionario público encargado de su control o custodia.

En forma paralela, también el TdC reclamó $1,8 millones a siete Comisiones de Fomento por rendiciones irregulares. En ese reclamo aparecen tres de los jefes comunales denunciados penalmente por las facturas truchas. A La Reforma se le formularon cargos por 1.065.492,91 pesos (en siete sentencias); a Perú, 320.431 pesos, y a Loventuel, 94.770 pesos. En algunos casos los presidentes y secretarios-tesoreros fueron sancionados con multas que deberán pagar en forma solidaria. Así, a Hugo Colado, presidente de La Reforma, se le aplicaron siete multas por un total de 42.192 pesos, y a Roberto Kronemberger, de Perú, una por 6.028 pesos.

El caso Unanue

Por otra parte, cabe recordar que el pasado 29 de diciembre el juez de Control Gabriel Tedín trabó un embargo de 250.000 pesos al presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, Manuel Costoya, y en la misma situación quedó la secretaria tesorera, Rosa González. Ese día se formalizó la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública.

Ambos imputados habrían presentado ante el TdC facturas falsas a los efectos de justificar gastos de aproximadamente $147.136.

En la audiencia de formalización el fiscal general solicitó que se trabe embargo por la suma de $250.000 a cada uno de los imputados. Este pedido tiene como finalidad garantizar una eventual pena pecuaria, teniendo en cuenta el perjuicio patrimonial que se les ha causado a las arcas del Estado, informó el Ministerio Público Fiscal.

La causa contra Costoya y González se inició a raíz de una presentación que realizó el Tribunal de Cuentas de la Provincia por la supuesta existencia de dos “facturas truchas” en los balances de enero y febrero de este año.

 

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