Condenaron a dos policías por los incidentes en la Alcaidía de Pico

General Pico (Agencia) – Mediante un fallo de los jueces Carlos Pellegrino, Marcelo Pagano y Jimena Cardozo, el pasado viernes fueron condenados dos de los policías involucrados en los videos que expusieron situaciones irregulares en la Alcaidía de la Unidad Regional II. Marcelo Alejandro Díaz (27) e Iván Leonel López (23) recibieron una pena de 1 año de prisión en suspenso y 2 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por fomentar y facilitar una pelea entre dos internos, por lo que si la resolución queda firme deberán ser echados de la Policía. Por otro lado, fueron absueltos los agentes Juan Mauricio Benjamín Juárez (30) y Hernán Cipriano Díaz (34), acusados de no cumplir sus funciones al no intervenir cuando observaron a un detenido con un destornillador en su poder dentro de su celda.

La sentencia fue leída en el mediodía del pasado viernes, en la Sala de Audiencias Nº 1 del Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial. La misma se dio después de que los jueces analizaran las pruebas y los pedidos de las partes, emitidos en el debate que se desarrolló a lo largo de cuatro audiencias de juicio celebradas en la última semana de febrero.

En la parte argumentativa del fallo, el Tribunal Colegiado se refirió a la situación de Marcelo Díaz e Iván López, los únicos dos policías que resultaron condenados por “haber propiciado y permitido una pelea, en el patio correspondiente a los pabellones uno y dos de la Alcaidía de la UR II, entre los internos Nicolás Mignola y Kevin Braian Muñoz, en horario nocturno”.

Señalaron que esta situación se pudo advertir en el video facilitado por la Fiscalía, donde “no se puede precisar fecha, donde se observa a dos individuos peleando en el interior del patio de los pabellones de la Alcaidía local y dos policías en la puerta de ingreso al lugar, observando el desarrollo de la pelea, hasta que intervienen y trasladan a cada uno a su respectivo pabellón”.

“Si bien no es posible determinar día ni el horario de la pelea, se estableció que la misma se produce en horario nocturno, donde los internos deberían estar cada uno en su pabellón. La objetivación del hecho mediante el video, captado por otro detenido, facilita la comprensión y calificación del hecho investigado”, señalaron.

Luego indicaron que “se observa la presencia de un interno en espera de su contrincante y a un policía conduciendo al otro detenido a efectos de iniciar la pelea. Luego de unos minutos, ambos policías que se hallaban observando, deciden poner fin a la disputa y conducen a los detenidos (uno a cada uno) hacia los respectivos pabellones. Es claro que dicha conducta es constitutiva de delito. Toda la situación resulta irregular. La extracción del lugar de detención, permitir la pelea y el retorno a sus pabellones no puede ser justificado ni tolerado. Existe un abuso en las funciones específicas de los funcionarios públicos que tienen la tarea de cuidar a personas privadas de libertad. Sin dudas hicieron un mal uso de las funciones asignadas. La medida dispuesta resulta arbitraria y contraria a sus funciones”.

Aclararon que “si bien el video no resulta claro para establecer identidades, las declaraciones de los partícipes, demás internos y propios jefes, permiten la superación de cualquier duda razonable, arribando al grado de certeza requerida para producir sentencia condenatoria”.

En el entendimiento que los imputados “resultan responsables por la comisión del delito de abuso de autoridad”, a la hora de merituar la pena, contemplaron “como circunstancias agravantes la naturaleza del hecho imputado, la gravedad del mismo, el quebrantamiento de la garantía que su rol de funcionario público implicaba, más específicamente como garantes de la integridad física de los detenidos bajo su custodia; y como circunstancia atenuantes la carencia de antecedentes condenatorios y que fue un solo hecho”.

Ante lo dicho sostuvieron que era “necesario el apartamiento del mínimo previsto para la figura penal enrostrada, resultando apropiado el monto requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que habremos de fijar el monto de la pena, en un año de prisión, que ante la ausencia de antecedentes condenatorios, resultará de ejecución condicional, (…), más la aplicación de una inhabilitación especial del doble de tiempo, para el ejercicio de cargos públicos”.

Además, ordenaron que “se oficiará a la Jefatura de la Policía de la provincia y a la Fiscalía de Investigación Administrativa en el sentido solicitado por el Fiscal”. Cabe señalar que, de quedar firme el fallo, ambos deberán ser apartados de la fuerza policial.

Absueltos

En cuanto a Juan Juárez y Hernán Díaz, recordaron que se los acusó por un hecho ocurrido en la madrugada del 24 de febrero de 2017, cuando “al ingresar a la celda en la que se hallaba el detenido Alex Javier Quiroz, lo observan con un destornillador en su mano (elemento prohibido en función de su potencial peligrosidad) y no hacen nada para terminar con esa situación”.

A modo de justificación del accionar de los agentes, los jueces consideraron que “si es cierto, que en la madrugada y en la celda, los agentes se encontraban en inferioridad de condiciones. Era un solo efectivo, con tres internos y uno de ellos armado con una ‘punta”.

Además “en forma posterior, Juárez llama al segundo jefe, Sergio Picco, lo impone de la situación y ante la respuesta que se resolvería a su llegada en horas de la mañana”.

“La imputación que pesa sobre estos agentes es el incumplimiento o violación de su deber de funcionarios públicos. El bien jurídico en juego es la tutela de la eficiencia de la función pública y procura de su adecuado cumplimiento”, indicaron, pero consideraron que “la sola evidencia de dos agentes policiales al cuidado de más de cincuenta detenidos, demuestra lo deficitario de la situación y la consiguiente dificultad para realizar en el contexto en el que los hechos ocurrieron, una evaluación particularizada del ‘adecuado’ cumplimiento funcional por parte de los dos policías aquí acusados”.

“Requerirles el desapoderamiento, en ese momento, del objeto punzante implicaba un seguro riesgo para su integridad física y un potencial peligro de fuga”, afirmaron y explicaron que “el acto del oficio cuya omisión se cuestiona requiere la posibilidad fáctica de ser realizado, o sea es preciso que los agentes hayan tenido la posibilidad de ejecutar el acto omitido. La cuestionada omisión, o el acto funcional debido, requiere dolo directo, esto es conocimiento y voluntad realizadora del tipo objetivo, como elemento nuclear y fundamental”.

“El llamado al superior, resulta indicativo de la preocupación que el hecho trajo consigo y evidencia que no había desidia ni intenciones de ocultamiento de un hecho de esa naturaleza. Ante la respuesta de su jefe, se cortó la posibilidad de solicitar ayuda o refuerzos en Comisaría Primera. Era ilógico desobedecer una directiva”, sostuvieron y agregaron que “la registración en el parte diario de la guardia, va en el mismo sentido. El hecho no se ocultó”.

“Pretender un accionar distinto, aparece -al menos- como exagerado. Se desactivó el conflicto, se puso en conocimiento de la superioridad y se dejó constancia en los registros. Los acusados, tal como les estaba indicado, pusieron en conocimiento de su jefe inmediato lo sucedido, y éste les ordenó no actuar, por lo que no hicieron más que acatar la orden recibida”, terminaron la argumentación del porqué decidieron absolver a los dos policías.

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