CICAR acordó con empleados despedidos

General Pico (Agencia) - Directivos de la Confederación Industrial Comercial y Agropecuaria Regional arribaron el pasado viernes a un acuerdo con los empleados que fueron despedidos en el año 2013. Las partes acordaron la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes, dado que la Justicia dio la razón a los trabajadores, quienes fueron considerados despedidos “sin causa” pese a que los acusaron de manejar deshonestamente fondos provenientes del cobro de impuestos.

En el año 2013 asumió una nueva conducción al frente de CICAR y una de sus primeras acciones fue despedir a Osvaldo Sosa y Héctor Reveco, considerando que existía una “causa justificada”, ya que a su criterio habían manipulado fondos provenientes del cobro de diferentes impuestos y servicios que realizaba la entidad. La medida se tomó luego de que se desatara la polémica con los vecinos que pagaban sus facturas y sin embargo eran intimados por la Municipalidad, CORPICO y otros organismos.

La situación despertó las sospechas de que en realidad el dinero se utilizaba para “tapar agujeros” que CICAR tenía en ese momento y que llevó tiempo después a la venta de su histórica sede, donde se construyó un edificio de departamentos.

Demanda

Tras el despido, Sosa y Reveco presentaron una demanda en el Juzgado Laboral, que la jueza Laura Juan resolvió en su contra en junio de 2015. Consideró la magistrada que los trabajadores fueron despedidos con “causa justa” porque ambos mantuvieron una “conducta infiel” y abusaron excesivamente de la confianza de la entidad.

La doctora Juan a su turno dio por acreditadas las causas de despido y consideró que “tal vez hubo un exceso de confianza por parte de las comisiones directivas de esta entidad, lo que logró agrandar la posibilidad de representación y manejo por parte de Sosa. Esta excesiva confianza provocó el abuso por su parte”.

Sin embargo, el 20 de abril de 2017 los camaristas Alejandro Pérez Ballester y Mariano Martín revocan la sentencia de primera instancia e hicieron lugar a las demandas de los trabajadores despedidos, imponiéndole a la institución el pago de una indemnización que superaría el millón y medio de pesos.

Los jueces de Cámara entendieron que efectivamente los dirigentes de CICAR estaban al tanto de los movimientos de dinero y cómo se operaba con los gastos operativos de la institución, por lo que consideraron desacertado achacar la responsabilidad en el exgerente.

Quienes asesoran legalmente a los directivos de la confederación apelaron la sentencia de la Cámara, pero no consiguieron un resultado positivo, por lo que días atrás las partes volvieron a reunirse pero en este caso para acordar una forma de pago de la indemnización, poniendo así punto final a la disputa.

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