Condenaron nuevamente a Correa por la violación en el after

General Pico (Agencia) - Pese a que el TIP revocó el primer fallo condenatorio por considerarlo “arbitrario”, la realización de un segundo juicio por el caso de la “violación en el after”, ocurrido en enero de este año, tuvo el mismo resultado. Jonathan Correa fue condenado nuevamente, ahora por otro juez, a cumplir una pena de 6 años de prisión efectiva por obligar a una joven a mantener relaciones sexuales en una habitación de su casa, mientras el resto de sus amigos realizaban una fiesta en el inmueble tras salir de un boliche.

A comienzos de diciembre se conoció la resolución del Tribunal de Impugnación Penal, firmada por los jueces Fernando Rivarola y Mauricio Piombi, en la cual anularon parcialmente la sentencia condenatoria contra Jonathan José Correa (21) y ordenaron que se lo juzgue nuevamente, ya que consideraron que la jueza Paola Loscertales tuvo una “valoración arbitraria” de las pruebas.

El nuevo debate se desarrolló los días 18, 19 y 20 de este mes, también en el Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial. En esta oportunidad, el magistrado designado fue el doctor Marcelo Pagano, mientras que Luciano Rebecchi fue nuevamente el representante del Ministerio Público Fiscal y la víctima contó otra vez con el asesoramiento de Oscar Ortiz Zamora.

Tras escuchar los testimonios de los testigos y presentar todo el material documental reunido durante la investigación, el fiscal consideró que se encontraban probados los hechos y la autoría del imputado. Por ello solicitó que se lo condenara a la pena de 6 años de prisión, el mínimo por el “abuso sexual con acceso carnal”, a lo que incluyó la figura de “tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”, ya que cuando allanaron su vivienda encontraron un arma de fuego sin papeles.

Por su parte, el defensor solicitó la absolución de su cliente, ya que para él “se trató de un acto sexual consentido, voluntario, libremente decidido, por lo que no configuraba delito alguno”. En relación a la “tenencia de arma” no planteó oposición ya que su pupilo reconoció el hecho.

Pese al alegato de la defensa, el juez Pagano consideró probado que el 8 de enero de este año, entre las 6:30 y las 7 horas, “R.G.C. se hizo presente en el domicilio de Jonathan José Correa (...), donde se estaba llevando a cabo un ‘after’, y que si bien se encontraba alcoholizada y posiblemente bajo efecto del consumo de marihuana, estaba consciente de sus actos, aunque eso no implica descartar cierto estado de vulnerabilidad a consecuencia de dicho estado”.

Posteriormente “comenzó a insinuarse al acusado, por lo que aproximadamente media hora después de su arribo, Correa la tomó del brazo para introducirla en su pieza, cuya puerta trabó con una mesa con un televisor ya que se abría".

El juez estableció en el fallo que, aunque en un momento la víctima consintió besarse con el acusado, en un determinado momento Correa "tiró a la damnificada sobre la cama, ante lo cual ella le dijo reiteradamente que no quería mantener relaciones sexuales con él" y él continuó con su accionar.

Esa situación "llevó a que R. pidiera auxilio, siendo entonces tapada su boca por Correa para evitar que sus gritos fueran escuchados, momento en que lesionó la nariz y boca de la damnificada”.

“Luego de un forcejeo, la víctima logró sacar de encima suyo al victimario, utilizando para ello sus piernas. Huyó del lugar previo insultar y escupir al acusado en su rostro, para luego sentarse en una casilla de gas (...) donde fue hallada llorando y en estado de shock por la Policía”, agregó Pagano.

Para el funcionario existió "una relación sexual no consentida a pesar de la férrea oposición de la damnificada”.

Luego de reiterar que está probado que el hecho existió y que el acusado es el responsable, pasó a merituar la pena, contemplando como circunstancias atenuantes “la falta de antecedentes condenatorios del acusado (...), su corta edad y escasa instrucción; y como circunstancias agravantes tendré en cuenta las secuelas psicológicas dejadas en la víctima”.

Por último, aclaró que “la judicatura se encuentra limitada por el pedido de pena del fiscal y por lo establecido por el art. 413 tercer párrafo del C.P.P. aplicable al caso, y habiendo peticionado el representante del M.P.F. el mínimo de prisión previsto para el concurso real de los delitos enrostrados, entonces corresponde aplicar para dicho concurso la pena de seis años de prisión”.

La revocatoria

El fallo inicial de la jueza Loscertales había sido revocado en una polémica resolución del TIP que firmaron los jueces Fernando Rivarola y Mauricio Piombi.

Según los jueces, no se había tenido en cuenta el relato de un testigo que dijo que vio a la víctima enojada y llorando luego del hecho, aunque aseguró que antes escuchó sus gritos “pero no pedía auxilio, parecía que la estaba pasando bien”.

También que la víctima había reconocido haber consumido alcohol y drogas por lo que consideraron que "era consciente de lo que hacía", y que en la vivienda no estaban solos.

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