El debate que viene y una injusticia que asoma

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue: el debate sobre el aborto legal y la denuncia de un despojo en Toay.

Una de cal...

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La pelea en las calles y en las plazas, en las instituciones, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en múltiples ámbitos, derivó en una suerte de satisfacción, durante la semana que se fue, para quienes militaron por un aborto legal, seguro y gratuito: el oficialismo nacional acepta que el tema se debata en el Congreso.

Es, por un lado, una demostración del oportunismo -que no deja de ser una herramienta política legítima- de la alianza Cambiemos, y por otro una reacción frente a diversas manifestaciones, entre ellas el “Pañuelazo” que también tuvo y tiene sus coletazos en nuestra provincia.

La apertura macrista, lógica consecuencia de la antipatía de otras de las medidas que está tomando para la economía y para la política (de paso un nuevo choque con ese rival oficialista en que se ha convertido el papa Francisco), no tiene resultado garantizado, pero sí es un modo de que la discusión que se da en las oficinas, en el barrio, en el cotidiano y en la opinión pública salte a las instituciones del Estado.

La problemática es abordada de modo transversal: hay dirigentes de distintos espacios políticos que encontrarán en este tema una de sus pocas coincidencias, ya sea en favor o en contra de la iniciativa que los sectores que promueven desde hace años el debate pretenden tratar el próximo 8 de marzo, una fecha cargada de potente simbolismo.

La discusión encerrará paradojas y el destino de ese debate es pura incertidumbre: es un misterio hasta qué punto se abre la puerta para plantear posturas y en qué derivará esa confrontación de argumentaciones, en torno a un tema que también puede exacerbar sensibilidades y generar otras grietas.

Para los movimientos feministas que son principales impulsores de la temática también es una apuesta de riesgo, ya que si no se consiguen los votos en el Congreso es probable que los espacios antiaborto clausuren el tema de modo casi definitivo y la iniciativa no vuelva a ser tratada en el Parlamento.

Justamente durante el gobierno anterior los espacios más proclives al aborto legal, seguro y gratuito terminaron poniendo el freno de mano en el Congreso cuando detectaron que a la hora de votar estaban frente a una derrota segura.

Esta vez, frente a las malas noticias de la agenda económica, el macrismo aparenta amplio y generoso a la hora de permitir el debate, pero al mismo tiempo está claro que tanto su núcleo duro dirigencial como su base más leal de votantes confronta con la idea de ampliar derechos.

Otra de las grandes paradojas es que si se avanzara en una ley que despenalizara el aborto sería un caso en el que una gestión, integrada por varios representantes de las clases acomodadas y caracterizada como el gobierno de los ricos, propiciaría la sanción de una ley en beneficio de los sectores más vulnerables, puesto que son las mujeres pobres quienes más padecen las consecuencias de la legislación actual.

Por otro lado, la lucha es y será tan abarcativa que ni aun con una nueva ley estará saldada: el fallo de la Corte Suprema de Justicia que al menos puso las cosas blanco sobre negro y tranquilizó en los papeles a profesionales e instituciones de Salud sigue sin hacerse práctico como debiera.

La reinstalación del tema permite recordar que La Pampa tuvo su oportunidad de ser una provincia pionera al abordar la problemática, cuando la Cámara de Diputados sancionó una ley que el gobernador Carlos Verna prefirió no promulgar y que su sucesor Oscar Mario Jorge vetó ni bien ingresó al cargo.

...y una de arena

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Durante la semana que se fue, estalló en Toay un caso que la víctima de la situación describió como un “negociado inmobiliario”, y que asoma a primera vista como una injusticia, por más que las distintas partes tengan para exhibir cada una un costado diferente de los hechos.

Como sea, Vanesa González, que es una trabajadora y madre de 5 hijas, sufrió el remate de un terreno que era de su propiedad, y que llegó a una subasta por una deuda de tasas con el municipio, pese a que el monto que le era requerido ($37.000) es a todas luces incomparable con el valor -no solo económico- que puede tener ese predio.

La venta, de la que la mujer nunca se enteró, se hizo en unos $480.000, una cifra que según el mercado ronda con suerte la mitad de su valor real.

Está claro que la vecina nunca fue notificada de la situación y en todo caso queda por analizar si aun así el Poder Judicial, el municipio y los compradores utilizaron los mecanismos legales y legítimos para que el trámite se lleve a cabo.

El intendente Ariel Rojas intentó quitarse responsabilidades de encima, con una argumentación sobre la que le cabe cierta razón: dijo que la comuna no busca ejecutar propiedades, pero sí cobrar las tasas, y que en todo caso si hubo aspectos sugestivos del proceso deberá involucrarse en los reclamos al Poder Judicial.

Lo que no se puede ignorar es que el municipio tiene un rol central en la historia, puesto que es el que define hasta qué punto ir en su ofensiva contra los contribuyentes deudores: esa es también una decisión política.

La Intendencia resuelve tercerizar la tarea de cobro de esas tasas -y a la postre de subasta de propiedades- en un grupo de abogados que tampoco es un grupo cualquiera sino el Estudio Ranocchia, representado en este caso por la profesional Valeria Losada, vinculada con un funcionario del gobernador y ella misma además designada funcionaria provincial en un área específica dedicada a cuestiones de la tierra y la propiedad.

Esas decisiones y relaciones estimulan los comentarios sugestivos, que no son nuevos y tienen origen en otra serie de resoluciones, incluso de gestiones anteriores, con intervenciones judiciales y hechos concretos.

Pero por más estudios de abogados que haya en el medio, al municipio le asiste la responsabilidad, frente a estos temas, de definir hasta qué punto ir: es una decisión política resolver si la persecución a una contribuyente para que pague sus tasas debe llegar al punto de que se le remate la propiedad, aun sabiendo que ella no ha sido formalmente enterada de la situación.

La mujer es empleada de la Municipalidad de Santa Rosa y en la escritura también figura quien sigue siendo su esposo, y sin embargo no se materializó aviso alguno.

Es digna de análisis la velocidad del proceso judicial en sus dos partes: la extrema diligencia con la que se ordenó el remate, y el curioso retardo de la comunicación oficial, que hace que al día de hoy la propiedad formal siga documentada a nombre de Vanesa González, y la deuda impaga.

El tiempo y la intervención de otros organismos dirán si se dieron los pasos necesarios y correctos para llegar a este término, pero de lo que no hay dudas es de las consecuencias personales y humanas de la situación: ahí sí que asoma una injusticia, puesto que queda la sensación de que se despoja a una mujer trabajadora por una aparente desidia en el pago de tasas, una falta que es incomparable con el castigo al que se la somete.

También quedan para estudio, sobre todo, las sombras del modo en que se manejan estas cuestiones, las maneras en que se administran algunas informaciones y los protagonistas de esas historias.

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