“Patuchito” Álvarez, procesado por no darle pauta a Clarín

El exfuncionario, acusado de "abuso de autoridad".

La Jueza María Romilda Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva al ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, al ex Secretario de Comunicación Alfredo Scocimarro, al ex presidente de Télam Santiago “Patuchito” Alvarez, y al ex director de esa empresa Carlos Martín García, por "abuso de autoridad" al haber "excluido" al Grupo Clarín de la distribución de la pauta oficial.

Santiago “Patuchito” Álvarez, militante de La Cámpora, es hijo de “Patucho” Álvarez, exministro de Bienestar Social en la década del 90, durante la gobernación de Rubén Marín, que fue condenado por enriquecimiento ilícito en 2014.

En la causa 5888/13 por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" contra los ex funcionarios del gobierno kirchnerista, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 determinó mandar a trabar un embargo de $ 100 mil a cada uno de los procesados.

En la resolución, de fecha 11 de abril, la Justicia decretó el procesamiento por considerarlos "prima facie coautor del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal al que deberá llevarse adelante sin prisión preventiva".

La denuncia fue realizada por el abogado Andrés Torres, abogado apoderado de Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear).

La causa establece que Abal Medina y Scocimarro eran "responsables de fijar las acciones de difusión o comunicación del sector público mediante campañas institucionales de publicidad (gráfica o audiovisual) conforme a lo establecido por el Decreto 14/2011".

La denuncia argumentó que la adjudicación de la pauta oficial "debía respetar la regularidad, antigüedad de publicación y tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, por lo que la distribución de pauta oficial debía responder a criterios objetivos y no podía quedar sujeta a un criterio subjetivo, arbitrario y antojadizo del Estado nacional".

"La publicidad oficial era la pauta destinada a promover la pluralidad de voces, informar sobre la gestión del Gobierno y la labor de las autoridades y funcionarios públicos", sostuvo el demandante.

Por ende, Torres denunció que "de modo ilegítimo, malicioso, arbitrario y discriminatorio los funcionarios denunciados han excluido la firma que represento de la distribución de pauta oficial".

En su fallo, la jueza Servini manifestó que “resulta clara la ley cuando en su art. 76 exige criterios de razonabilidad y equidad en la distribución de la pauta, criterios que a lo largo de los años fueron obviados por aquellos que tenían a su cargo la distribución de la publicidad y observado el período de tiempo en que ello sucedió, al coincidir el mismo con un período de suma tensión entre Gobierno y la querellante, me llevan a considerar que esta disminución en la asignación de pauta no fue una mera casualidad”.

Según la jueza, “toda la sociedad argentina fue testigo de esta tensión” y agregó en el dictamen: “Resulta posible inferir entonces que dicha inobservancia no provino de una errónea aplicación o de una mala interpretación de la ley imperante o a ‘un criterio razonable y a la búsqueda de la federalización de los contenidos y la información’ como se intentara justificar”.

La magistrada entendió que "los imputados, a cargo de los distintos organismos a cargo de la distribución de la pauta, tenían pleno conocimiento de lo que hacían y lo sostuvieron durante años hasta el inicio de la acción de amparo que interpusiera la querellante. Dichas circunstancias se verifican al contrastar las sumas de dinero o los segundos de publicidad pautados entre los medios denominados ‘de igual categoría‘ con los que se asignaran a ARTEAR”.

“Es allí donde queda acreditado el dolo requerido por la figura, puesto que el Estado Nacional optó por contratar publicidad, haciéndolo sin respetar los criterios imperantes en la ley y mantuvo dicha conducta en un período de tiempo prolongado, a sabiendas que la distribución de pauta que realizaba no se encontraba ajustada a derecho”, completó Servini.

La jueza también justificó su decisión de sobreseer a “Jorge Milton Capitanich, Emiliano Alberto Suaya, Martín Enrique Granovsky y Eduardo Sergio Daniel Fernández”, con el argumento de que esos funcionarios ejercieron “la representación de los organismos encargados de la distribución de pauta publicitaria en períodos de tiempo en los cuales no se verificaran las conductas endilgadas”.

 

 

 

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