Denuncian que el fracking va a contaminar el Atuel

Ls datos surgen de un informe encargado por el Gobierno de Mendoza que fue difundido por una ONG ambientalista. En solo 6 meses de pruebas piloto en Malargüe, las muestras de agua revelan una contaminación entre cuatro y siete veces superior a lo permitido.

Una ONG ambientalista de Mendoza, Ecoleaks, dio a conocer un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que confirma que la extracción de petróleo por fracking en Malargüe está contaminando el agua de la cuencia del Río Atuel.

Estebal Salvat, un profesional que integra la organización, detalló que se hicieron análisis de muestras de agua en el yacimiento Cerro Pencal, donde trabaja por concesión la empresa petrolera El Trébol.

“Tres de las cuatro muestras tienen contaminación muy alta con hidrocarburos totales: dos tienen cuatro veces el máximo permitido y una tiene siete veces el máximo”, detalló en una entrevista con el canal CPEtv. El máximo permitido para zonas de agua para bebida no debe superar el 0,01 miligramos por litro de hidrocarburos totales.

Según la resolución N°627/2000 de Irrigación difundida por Ecoleaks, los índices son los siguientes: muestra N°13069 (FCP1): 0,4mg/L (cuatro veces superior al máximo permitido); muestra N°13070 (FCP3): 0,4mg/L (cuatro veces superior); muestra N°13072 (FCP9): 0,7mg/L (siete veces superior).

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Esas muestras son el resultado de solo seis meses de actividad en pruebas piloto “que no han alcanzado su potencial total”, advirtió Salvat. “Imaginen cuando esto se transforme en 200 o más pozos se va a contaminar el resto de las napas y escurre naturalmente al Atuel”, agregó.

Salvat dijo que el agua que debería llegar a La Pampa “va a ser un agua inviable, con cada vez más contenidos de hidrocarburos y un coctel de más de 600 químicos que se estarían filtrando”.

“El fracking ha sido prohibido por la mayoría de los paises desarrolados, causa cáncer, tiene químicos que generan enfermedades intratables, abortos, malformaciones en los fetos. Y es un agua impurificable porque los químicos que contiene disuelven hasta las membranas de las plantas de ósmosis inversa”, señaló.

Informe

El informe oficial lo hizo el ingeniero Aldo Arias, jefe de Policía del Agua que trabaja en la Subdelegación General Alvear del Departamento General de Irrigación. Fue analizado en parte en la UTN de Mendoza y en parte en la Universidad Nacional de Cuyo en San Rafael. Sin embargo, Salvat denuncia una serie de incompatibilidades entre profesionales que “atienden los dos lados del mostrador”.

“La Universidad Teconólogica Nacional de Mendoza tiene un conflicto de intereses enorme porque un profesional de la empresa El Trébol es además vicedecano de la UTN. El mismo responsable de la petrolera es autoridad de la universidad donde se analizan las muestras del agua contaminadas por esa petrolera. Es el ingeniero Ricardo Fuentes y estamos esperando que dé explicaciones”, apuntó, además de fustigar a funcionarios del municipio de General Alvear que fueron “pilares en la lucha contra la megaminería hace 10 años y ahora les resulta muy difícil caminar en esta línea ambigua”.

El informe encargado por el Gobierno de Alfredo Cornejo era reservado pero Ecoleaks se ocupó de hacerlo público. “Esto fue publicado hace tres semanas y el Gobierno se ocupó de negar todo. Después empezaron a decir que era parcialmente cierto, después que estaban mal interpretadas las cifras hasta que admitieron que el informe era real y que están buscando al responsable de filtrarlo”, contó en la entrevista.

“Se le está dando a El Trébol millones de litros de agua de buena calidad por pozo. Ellos dicen que usan agua de napas que es inutilizable, lo cual no es cierto. Nadie los controla, y quienes lo tienen que hacer están de los dos lados del mostrador. Usan agua del Atuel o de fuentes que nutrel al Atuel. En pocos años, la contaminación de esas napas que escurren hacia el Atuel van a llegar a La Pampa. Para recibir eso, mejor no recibir nada”, describió sobre las futuras consecuencias.

En el final, incluso estimó que esta situación “es causa suficiente para hacer juicio político al gobernador y destituirlo”. “Esto no beneficia a nadie, más a que a políticos corruptos que se llenan los bolsillos y a profesionales que se paran de los dos lados del mostrador. Es inconstitucional e ilegal”, resumió.

(Foto principal ilustrativa)

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