Sigue creciendo la tasa de encarcelamiento en La Pampa

En la provincia, cada 100 mil habitantes, hay 202 presos. En el 2.000, la tasa era de 59 encarcelados.  La tasa supera la media nacional.

 La Defensoría Pública a cargo de Eduardo Aguirre advirtió que “se vuelve a registrar un incremento sostenido de la tasa de encarcelamiento” en la provincia, según los datos recogidos por los organismos competentes, “Como lo hace habitualmente el Ministerio Público de la Defensa, la recolección de estos datos se efectúa durante los meses de junio y diciembre de cada año. De la misma surge que a fines de 2017 los indicadores de prisionización de La Pampa subieron a 202 presos cada 100.000 habitantes”, informó.

Para para tener una idea de la magnitud de la evolución, el organismo recordó que en el año 2.000 ese guarismo ascendía a 59 presos cada 100.000 habitantes, subió a 140/100.000 luego de la crisis de 2001; 110,74 en 2011 y desde 2012 el mismo crece de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

Ya en junio del año pasado la Defensoría a cargo de Eduardo Aguirre había denunciado el alarmante crecimiento de la tasa de encarcelamiento en La Pampa en los últimos seis años, plazo coincidente con la puesta en vigencia del nuevo sistema procesal penal, que amplió la oralidad del sistema y puso en manos de los fiscales las investigaciones penales.

En ese momento la tasa de encarcelamiento pampeana había quedado por encima de la media nacional y la media mundial. La tasa de encarcelamiento provincial había creció 65,72% respecto de la de 2011, cuando se puso en vigencia la reforma judicial. En un informe del año 2012, la Defensa Pública ya había proyectado un preocupante aumento la población reclusa, que se verificó con los datos actuales.

En aquel momento, los defensores asumían que, de mantenerse el incremento sostenido que observaban en ese momento, para 2016 el índice rondaría en un 58,36%. “Esa cifra es casi exacta, aunque se vio superada”, subrayaron en el documento difundido el año pasado.

“De una impresión inicial de estos datos, es posible determinar un aumento sostenido del encarcelamiento y un uso excesivo de la prisión preventiva. Esto, opera como correlato de la crisis socioeconómica y cultural que atraviesa nuestro país. Y se traduce en decisiones judiciales que obvian la aplicación de medidas alternativas, propias de un sistema restaurativo de los conflictos, y menos lesivas de los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley penal”, señaló la defensoría en esa oportunidad.

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