Imputaron por incendio y estrago agravado al dueño del campo donde murieron los hermanos Starkloff

El imputado, Miguel Angel Millacura, se negó a declarar en la indagatoria previa a la formalización. El fiscal pidió la prisión preventiva pero el juez la rechazó y la sustituyó por la prohibición de mantener contacto con los testigos. 

Este martes se formalizó la investigación fiscal preparatoria en contra Miguel Angel Millacura, por el hecho consistente en haber causado a modo de contrafuego de manera intencional un foco ígneo en el predio rural propiedad de Genovese de unas 5000 hectáreas, con el fin de evitar que el campo de su propiedad se vea afectado. El incendio se propagó por dos campos de Josefina Díaz (ambos de 1233 hectáreas cada uno), que encuentran alquilados por Lucas Alvarez, y al predio rural de Sonia Millacura, denominado “El Charolay”, de la misma extensión (1233 hectáreas), este último lugar donde se encontraban trabajando con un tractor y rastra, Federico Juan Starkloff, y su hermano Iván Raúl, quienes sufrieron quemaduras de tal gravedad que le causaron la muerte y causando importantes daños materiales. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre de 2017 con anterioridad a las 16.50 horas.

Los fiscales Juan Bautista Méndez y José Luis Coito en representación del Ministerio Público le imputaron el delito de incendio y otros estragos agravado por la producción como consecuencia del hecho de alguna muerte (previsto y penado en el artículo 186 del Código Penal), y solicitaron la prisión preventiva al Juez de Control Héctor Freigedo.

Previo a la audiencia, el acusado -quien se encuentra asistido por el defensor Oficial Marco Mezzassalma-, compareció a la Fiscalía y se le recibió la declaración de imputado, oportunidad en la cual se mantuvo en silencio frente a la acusación Fiscal.

En la audiencia también estuvo presente el abogado Alberto Fabián Pérez en representación de los querellantes particulares, quien solicitó una caución real consistente en una prohibición de innovar, medida a la cual no hizo lugar el Juez de Control, disponiendo que debía ocurrir por la vía civil correspondiente.

Al finalizar la formalización el magistrado resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y sustituyó la prisión preventiva por una prohibición de comunicación de manera absoluta y total con los testigos de la causa hasta la finalización del proceso.

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