Otra protesta en Toay contra el “negocio inmobiliario”

La manifestación se realizó este lunes frente al edificio municipal: una ruidosa “batucada” se extendió por más de dos horas. La damnificada contó que pidió la nulidad de todas las actuaciones judiciales.

Vanesa González, la mujer que denunció ser víctima de un “negociado inmobiliario” en Toay, dio a conocer que pidió la “nulidad de todas las actuaciones judiciales” realizadas por el Juzgado de Concursos y Quiebras Nº2 a cargo de Adriana Cuarzo. “Ahora la jueza tendría entre tres y cinco días para expedirse”, dijo la víctima del denunciado despojo en diálogo con El Diario.

Además, este lunes a la mañana González estuvo acompañada por un grupo de manifestantes que realizó una nueva protesta frente al municipio de la vecina ciudad. Una ruidosa “batucada” se extendió por más de dos horas y obligó a la policía a custodiar todas las puertas de ingreso.

Tal como se informó, el viernes pasado la mujer formalizó una acusación penal por “estafa” después de mantener otro encuentro con el intendente Ariel Rojas, en la que conversaron sobre la situación generada a partir de que le remataron un terreno sin darle aviso.

“Pedimos la nulidad de todas las actuaciones judiciales porque está todo plagado de irregularidades...no solo las notificaciones sino además otro tipo de cosas, como por ejemplo no notificar a la Defensoría General, por ejemplo, para que me buscara ya que ellos supuestamente no podían ubicarme. Incluso hasta tendrían que haber publicado un edicto y no lo hicieron, porque ya que yo tengo tanto hijos como marido mi supuesta desaparición tendría que haber tenido alguna consecuencia”, insistió ayer González.

- ¿Cómo sigue ahora ese proceso judicial que iniciaste?

- Bueno, ahora la jueza tiene teóricamente entre tres y cinco días para expedirse. Igual, a pesar de todo esto, yo quiero una respuesta política del intendente por toda esta situación... más allá de lo que tenga que responder la municipalidad y el estudio de abogados por la denuncia penal que les hice el viernes a primera hora de la mañana. Yo en el encuentro que tuve con el intendente Rojas, que quedó grabado porque él sabía que lo estábamos gravando...es más me recibió con los asesores legales y con un policía, es que se comprometió a pedir ante la jueza, junto al estudio de abogados, que toda esta situación se vuelva para atrás. Veremos qué es lo que pasa.

El caso

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Vanesa González tenía una deuda de 37.000 pesos por tasas municipales de un terreno de su propiedad. Se lo remataron sin darle aviso. Oficialmente se explicó que nunca la encontraron al notificarla. Al terreno lo compró una familia de abogados, de apellido Díaz. Aunque en los papeles el terreno sigue a nombre de la mujer, y la deuda no aparece saldada.

Cuando estalló el caso, se conoció que la Municipalidad de Toay terceriza en el Estudio Ranocchia y Asociados los trámites para este tipo de ejecuciones. La abogada interviniente es Valeria Losada, hija del exintendente de Toay Walter Dionisio Losada, que también fue diputado provincial por Convocatoria Independiente.

La familia González quiere conocer cuál es la ordenanza municipal que dispone que el Estudio Ranocchia sea el encargado del cobro de tales tasas. Según Rojas, en la elección intervino el Concejo Deliberante.

La víctima del “negociado inmobiliario”, como lo definió, cuestionó la metodología de cobranza, ya que “es propia de una lógica mercantilista que nada tiene que ver con el sentido de justicia social que tiene el peronismo”.

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