Preocupación en La Pampa por los miles de despidos que se prevén en el Correo

La situación del Correo a nivel nacional, donde se prevé una ola de miles de despidos, causa obvia preocupación entre los trabajadores y trabajadoras de esa empresa estatal en La Pampa. El Ministerio de Trabajo aprobó un procedimiento preventivo de crisis que incluirá el despido de cuatro mil trabajadores, en dos etapas. En los próximos días comenzarán a llegar los telegramas para los primeros 2.500.

“En La Pampa concretamente todavía no hay nada, pero somos cautelosos y expectantes ante una situación compleja”, dijo en diálogo con El Diario Sergio Ibaceta, secretario adjunto en La Pampa de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc).

El dirigente describió que existe “un estado de preocupación por una situación peligrosa, por lo que ya sucedió en los ‘90. Este procedimiento que anuncia la empresa huele a despidos, ajustes, reducción de gastos en áreas sensibles”, lamentó.

Añadió que “la preocupación está instalada en todos los trabajadores y nosotros veremos de no romper la unidad de las cuatro entidades sindicales que le da fuerza a cualquier reacción o resistencia en defensa de los derechos”.

El adjunto comentó que “todo lo tenemos que debatir con el resto, es muy dinámico”.

Hicieron un comunicado de la intersindical, donde es tibia y ante un panorama peligroso. No se blanquea la situación, pero en concreto largaron un procedimiento preventivo de crisis y ahí puede pasar cualquier cosa, los gremios hablan de su voluntad negociadora, es complejo.

Recordó, además, que el año pasado “se presentó una carpeta de propuestas para superar el denominado déficit, para que el correo oficial recupere su rol y tenga prioridad en la distribución de correspondencia de organismos estatales y que haya un control de los prestadores privados. Esas propuestas se siguen manteniendo. Hay solución para superar eso”, aseveró.

Ricardo Gómez, que es secretario general de otro de los gremios afectados -el Sindicato de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones- recordó que ya hubo en nuestra provincia cinco cesantías, entre retiros voluntarios, despidos y jubilaciones anticipadas que no se cubrieron.

El ajuste modernizador -indica el diario Página/12- está a punto de llegar al Correo Argentino. Los cuatros gremios que representan a los casi 16 mil empleados anunciaron que el procedimiento preventivo de crisis, que el Ministerio de Trabajo le aprobó a la empresa hacia fines del año pasado, incluirá el despido de cuatro mil trabajadores.

La maniobra se realizará en dos etapas donde la primera, inminente según los sindicalistas, incluirá la pérdida de 2.500 empleos. Esta maniobra, de por sí perjudicial, le permitirá además al directorio del Correo pagar solo el 50 por ciento del monto de indemnizaciones que corresponden por ley.

En agosto del año pasado los gremios habían anticipado que el gobierno planeaba llevar adelante lo que definieron como un “plan de desguace” en el Correo que ahora comienza a concretarse y que se suma a los miles de despidos que se están produciendo en diferentes áreas del Estado nacional.

Hospital Posadas

Los y las trabajadoras del Hospital Posadas marcharon en caravana hasta el Ministerio de Salud, en Belgrano y 9 de Julio, para exigir la reincorporación de los 122 despedidos, en el marco de un paro de 24 horas. “Está en riesgo la vida de los pacientes”, denunció Karina Almirón, la única técnica especialista en inmunohistoquímica que tenía el hospital y que fue despedida. Por las cesantías, algunos servicios pediátricos y de tratamiento contra el cáncer quedaron desarticulados. Con la adhesión de otros y otras trabajadoras despedidas, como los y las de Cresta Roja, y partidos de izquierda, cortaron una de las manos de la 9 de Julio. 

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“Ni siquiera recibimos telegramas de despido. El Ministerio de Modernización dice que sobran trabajadores, pero mientras nos despiden a nosotros están tomando monotributistas. No es que sobramos, quieren cambiar las condiciones de trabajo”, sostuvo Almirón ayer en declaraciones a la AM 750. Según contó la trabajadora, frente a la puerta del hospital, sobre el acceso oeste, había más de cuarenta móviles policiales. “Es una intimidación. Otra vez la Gendarmería está pidiendo documentos en la entrada”, detalló la técnica.

El despido de los 122 empleados se conoció el lunes 15 por medio de una resolución interna que indicaba cuáles eran los contratos que se iban a renovar y cuáles no. El recorte recayó sobre todo entre los enfermeros que se oponían a trabajar 12 horas como exigían las autoridades del hospital, cuando su jornada laboral ya era de diez horas. “En este momento no hay quién haga los tratamientos de quimioterapia de noche”, detalló Almirón como un ejemplo de las áreas que quedaron desarticuladas tras las cesantías. “Está en riesgo la vida de los pacientes”, concluyó.

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Río Turbio

Tras la confirmación de los 200 despidos dispuestos por la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), un grupo de empleados mantuvo tomada durante varias horas la Mina 5, ubicada en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, ante la amenaza de que las cesantías alcanzarán a 700 empleados, los mineros que ingresaron al socavón durante la madrugada decidieron levantar la medida de fuerza para demostrar su voluntad de diálogo. En Río Gallegos y Río Turbio, mientras tanto, habrá movilizaciones de familiares y afiliados a los tres sindicatos involucrados, Asociación de Personal Superior, Luz y Fuerza y La Fraternidad.

Luego de que la semana pasada la administración de YCRT enviara 200 telegramas de despidos y advirtiera que tenía en carpeta otros 500, un grupo de operarios, acompañado por sus familias, inició una protesta pacífica frente al ingreso de la Mina 5, custodiada por Gendarmería. 

Continúa la “toma pacífica” del INTI

Los y las trabajadoras despedidas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) continuaban ayer con la “toma pacífica” de la sede central del organismo tras haber recibido los más de 250 telegramas correspondientes.

Los y las empleadas realizaron ayer un desayuno colectivo en la puerta del edificio y luego decidieron seguir con su protesta “por tiempo indeterminado”.

De acuerdo con lo que precisaron los y las delegadas del Instituto, ayer comenzaron a llegar los más de 250 telegramas de despidos.

Según denuncia la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), incluye personas afiliadas al sindicato o que “han sido candidatos” en las últimas elecciones legislativas por diferentes fuerzas políticas. En este sentido, el gremio denuncia que los perjudicados fueron echados “sin causa” y niega que el recorte se deba a “problemas de ausentismo”.

Los representantes de ATE sostienen que las autoridades del INTI “no quieren conflictividad gremial” dentro del organismo y que por eso decidieron reducir al personal “de manera totalmente subjetiva”.

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El caso del Correo

El procedimiento preventivo de crisis -indica el matutino porteño- es un mecanismo legal que le permitirá al Correo, una sociedad anónima donde el único accionista es el Estado, modificar las condiciones laborales de sus empleados, cerrar áreas, no cumplir con lo pautado en las negociaciones paritarias e inclusive despedir a trabajadores.

En un principio, cuando el gobierno de Cambiemos tomó el control del Correo, el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra planeó rediseñar la logística e implementar un nuevo plan de negocios destinado a liderar el mercado de e-commerce. Todo muy lindo, pero para ponerlo en práctica el camino elegido fue declarar en crisis al Correo y reducir su plantel de trabajadores.

En los argumentos presentados ante el ministro Jorge Triaca el directorio aseguró que la histórica empresa sufre un déficit superior a los dos mil millones de pesos y que las pérdidas continuarán incrementándose.

En ese sentido el Correo, que hoy conduce Luis Freixa Pinto, planteó además de no abonar las licencias gremiales, suspender el aporte solidario a los sindicatos y, sobre todo, no pagar la última cuota de cinco por ciento de la paritaria 2017 que debe efectivizarse con el sueldo de enero.

Esto es lo que llevó a los titulares de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Juan Palacios; Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Alberto Cejas; la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), Ricardo Ferraro, y Horacio Zungri de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc) a reunirse para evaluar el peligroso escenario que se avecina y los pasos a seguir. 

Luego de una larga discusión acordaron en principio esperar a que la conducción del Correo dé el primer paso. Estos consideran que el no pago de las licencias gremiales e incluso el aporte solidario no son prioritarios porque por encima está la continuidad laboral de los empleados.

En esa dirección, destacaron que la primera fecha límite es el primer día de febrero porque pueden comenzar a concretarse los despidos. El otro momento crítico es el martes próximo cuando se cumpla el cuarto día hábil de este mes y que se deben abonar los salarios. En esos recibos de sueldos deberá aparecer la última cuota de la paritaria del año pasado. Las medidas de fuerza no se descartan.

En rigor, añade P/12, la reducción del personal comenzó el año pasado a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Los gremios calculan que con ese mecanismo se perdieron mil puestos de trabajo. Pero ahora será peor. Ayer emitieron un documento donde reafirman su “voluntad negociadora” a pesar de que el directorio del Correo, “cumpliendo instrucciones del Ministerio de Modernización”, cerró el diálogo para implementar el procedimiento de crisis que ya cuenta con el aval de la cartera de Trabajo.

Si bien el documento no supera la calificación de tibio lo cierto es algunos de ellos reconocieron que es lo que se pudo acordar para mantener la intersindical que organizaron cuando la gestión de Cambiemos comenzó a hablar de modernizar el Correo. Por otra parte, los gremios entienden que la libertad de acción que les habilita el procedimiento de crisis le permitirá al directorio del Correo preparar la estructura dedicada al comercio digital y sobre todo su logística pasarlas a manos privadas.

Para los sindicalistas la actual coyuntura los retrotrae a los años de la privatización del Correo. En 1997, el servicio postal cayó en manos del Grupo Socma, justamente propiedad de la familia Macri. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión porque los Macri no solo no habían cumplido con el pago del canon sino que además habían contabilizado como “inversión” la indemnización que pagaron a miles de trabajadores despedidos.

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