Condenaron al conductor que atropelló a Silvia González

En el Centro Judicial se conoció la sentencia en la causa seguida contra Pascual Serapio Zalaya (55 años), por el delito de delito de lesiones graves culposas, producidas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo.

El juez Néstor Daniel Ralli, condenó a Zalaya, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo con motor, con costas por resultar autor material y penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas, producidas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. Le impuso el cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años, deberá fijar un domicilio y realizar un curso de manejo que dicta la Fundación Estrellas Amarillas.

El pedido de pena lo había solicitado la fiscal, María Cecilia Martini (foto). 

En la audiencia realizada el día 24 de octubre de 2017, Zalaya reconoció la existencia del hecho por el que se lo enjuicia, como su autoría y dio muestras de arrepentimiento. Allí la Fiscal solicitó que el imputado realice el Curso de Reeducación, Sensibilización y Concientización Vial que dicta la Fundación Estrellas Amarillas, abocada a la Concientización Vial, como parte de las reglas de conducta a cumplir, a lo que este manifestó que estaba dispuesto a realizar el curso, informó Prensa MPF.

El día 23 de marzo de 2017, a las 11:40 horas, en circunstancias en que Pascual Serapio Zalaya circulaba a bordo de un vehículo automotor marca Renault Twingo, por calle Rivadavia de la ciudad de Santa Rosa, al llegar a la intersección con calle Alem, giró hacia el oeste y antes de terminar la maniobra de giro, impactó a Silvia Beatriz González, quien se encontraba cruzando la última arteria de forma pedestre, en inmediaciones de la senda peatonal. Como consecuencia del siniestro vial, la damnificada resultó con lesiones que no pusieron en peligro su vida, curaron en un lapso mayor a un mes calendario y la inhabilitaron por igual término para efectuar sus tareas habituales.

El defensor particular fue Carlos Alberto Pérez Funes.


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