El Movimiento por el Derecho a la Salud rechazó el ajuste que prepara Nación

 

El sector señaló que la política que piensa el macrismo parte de “una mentira”, que es la promesa de “dar cobertura a 15 millones de argentinos” como si no la tuvieran. Además, “se incorpora un concepto mercantil de la salud”.

El Movimiento por el Derecho a la Salud se presentó en sociedad con un firme rechazo a la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), a la que consideran una herramienta de ajuste por parte del gobierno macrista, que desembocará en una segura privatización de servicios públicos.

Carlos Ortellado, Marisa Pérez y Claudio Acosta, referentes de los trabajadores de la Salud desde distintos espacios, aparecieron como caras visibles de ese movimiento.

“Lo estamos haciendo en sintonía con el planteo del ministro de no adhesión en La Pampa, que es importante. La Pampa y Santa Fe serían las únicas provincias que no firmarían, pero los que impulsan esto son organismos internacionales como el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y el Gobierno; tiene que ser un compromiso de trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con la comunidad y ciudadanía en su conjunto. Hay que involucrarse en profundidad para saber de qué se trata esto”, advirtió Acosta en conferencia de prensa.

Los referentes del sector explicaron que “adherir a la CUS significa lisa y llanamente avanzar en la privatización de la Salud Pública. Implica que si se implementase como está planteado, los que tengan el Servicio Público de Salud tendrán una credencial, decimos que un carné de pobre, para acceder a un seguro de prestación que implica una canasta básica de prestaciones que no conocemos ni sabemos en qué va a consistir”, dijo Ortellado.

“Sí sabemos que todo lo que no esté contenido en esa canasta tiene que ser pagado por quien esté necesitado, o esperando a que alguien se lo autorice tras recorrer un largo camino”, añadió.

Recordó que “cuando se hizo el anuncio, fue a partir de una falacia: que venían a dar cobertura a 15 millones de argentinos, que es una mentira. Porque teniendo o no obra social, los argentinos tienen su cobertura en todos los servicios públicos del país, con las limitaciones y deficiencias que pueda haber, con falta de insumos o de recursos humanos, pero esta prestación está. Se parte de una mentira y se incorpora un concepto mercantil de la salud”.

“Los que vamos a tener que resistir -advirtió Marisa Pérez- somos los trabajadores y la población en general. El ministro nos dijo que mientras él estuviese no se iba a adherir, pero estamos preocupados porque hay atisbos como las ambulancias, alguna capacitación. La única manera de enfrentar esto es con la lucha de los trabajadores y de la comunidad. Lleva al desfinanciamiento, a la privatización, es un sistema compartido entre lo público y lo privado y las prácticas que no estén en esa canasta básica se van a volver inaccesibles”.

Definieron la situación propuesta por el Gobierno Nacional como “una mentira absoluta, con la complicidad de la CGT. Desde el Gobierno dicen que va a haber 8.000 millones de pesos destinados a la CUS para la población sin cobertura social, y si lo dividimos por la población nos dan 35 pesos por persona”.

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