Maribel Gómez pidió otro juicio abreviado

La exdirigente política Maribel Gómez busca una vez más evitar la cárcel por la causa que se le sigue por estafa, luego de que presentara ante la Justicia un nuevo acuerdo de juicio abreviado. El año pasado, un arreglo similar había sido rechazado por la jueza subrogante Elvira Rosetti, quien la había mandado directamente a juicio oral y público.

Gómez está acusada de varias estafas cometidas contra vecinos en la localidad de Toay por haber vendido terrenos que no podían ser escriturados porque no estaban a la venta o estaban en sucesión. De las 17 denuncias iniciales, finalmente le comprobaron 13 actos.

En 2017 había llegado a un primer acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Oscar Cazenave, aceptando la culpabilidad a cambio de una condena de 3 años de prisión en suspenso. Así, evitaría la posibilidad de ir a la cárcel.

Pero en aquel momento la jueza Rosetti rechazó el arreglo presentado con el argumento de que había que hacer un juicio oral y público “para un mejor conocimiento de los hechos”.

En el medio, por las demoras del proceso, algunas de las 13 víctimas dejaron de presentarse en el expediente. Y ahora, la imputada junto a su abogado defensor Gastón Gómez y el mismo fiscal arribaron a otro nuevo acuerdo, en los mismos términos que el anterior, que fue presentado ante la jueza Ongaro.

Hoy habrá una audiencia “de visu”, una formalidad donde las partes presentarán el acuerdo y luego Ongaro deberá decidir si acepta o no dentro de un plazo no demasiado extenso.

En su momento, el fiscal Mauricio Piombi (el primero que intervino en la causa) había acusado a Gómez de publicar avisos de venta de terrenos en Toay, y que una vez que aparecía un eventual cliente, le vendía una cesión de derechos por entre 20.000 y 50.000 pesos, algo legal si no fuera porque en este caso las cesiones habrían sido falsas, ya que las tierras formaban parte de una sucesión.

Incluso trascendió que uno de los compradores tuvo problemas con uno de los herederos de esa sucesión porque después de adquirir el terreno de buena fe empezó a construir una casa hasta que apareció el verdadero dueño con la escritura.

El fiscal también había imputado a cuatro familiares directos de Gómez: su padre, su esposo y dos hermanos. Fue porque Gómez vendió los terrenos a los compradores, estos entregaron vehículos en parte de pago y esos autos aparecieron a nombre de algunos de sus familiares. También porque algunos pagarés habrían estado en manos de ellos.

No fue el primer problema con la Justicia que tuvo Gómez. En 2009 había sido denunciada luego de que aparecieran como rebotados unos 90 cheques del partido Frente para la Victoria, del que era presidenta, por un valor de 203.931 pesos. Los documentos aparecieron firmados por ella y por el tesorero, Sergio Quintana. En esos comicios, Gómez fue candidata a senadora en segundo lugar por detrás de Santiago Ferrigno, exdelegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en la Provincia.

Antes, en 2007, había sido candidata a intendenta de Toay por el Frente para el Cambio que encabezaba la exembajadora Mireya Regazzoli.

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