La Defensa Pública, contra la reglamentación de la ley de Salud Mental

El organismo que conduce Eduardo Aguirre salió al cruce de las introducciones normativas que pretende el macrismo que representan, a grandes rasgos, la vuelta a los manicomios. 

El Ministerio Público de la Defensa de La Pampa salió a manifestarse en contra de la Ley Nacional de Salud Mental. “En línea con nuestro compromiso asumido con los DD.HH. y nuestra militancia por el respeto a las garantías de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental de todo el país, manifestamos nuestra preocupación y alerta ante los posibles avances del proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que vendría a derogar el Decreto Nº 603/13 y que contradice los principios de la mencionada legislación vigente”, se indicó a través de un comunicado de prensa.

El mismo escrito del organismo a cargo de Eduardo Aguirre agrega que “es nuestra obligación informar a la ciudadanía que el proyecto de decreto que se pretende dictar altera la concepción de la salud mental, entendida como un proceso multideterminado por aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos propios de cada trayectoria personal. E impone, en franco retroceso con lo previsto en el Derecho Convencional/Constitucional, el tradicional modelo médico de perspectiva biologicista/medicamentoso para el tratamiento de los padecimientos de la salud mental”.

Desde la Defensa Pública también destacaron: “Consideramos indispensable que se contemplen los objetivos de una Ley que vino a terminar con la expropiación de todos los derechos de las personas con padecimientos mentales y que obliga al Estado a pensar, impulsar y garantizar abordajes integrales en clave de DD.HH. No vemos cómo la reinstitución de los manicomios, bajo el velo de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’, resulte admisible en un paradigma humano, social y político conteste con nuestra ley”.

“Este decreto propicia los tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas y habilita la internación -encierro- compulsiva, bajo la sola justificación de la “peligrosidad”. En ese sentido, reemplaza el requisito de la inminencia de los daños para sí o para terceros y deja librada la decisión a supuestos riesgos potenciales. Una vez más, sostenemos que el aislamiento no es la respuesta a la problemática”, apuntaron.

“A su vez -continuaron- afecta gravemente el derecho a una defensa técnica eficaz de las personas usuarias, al establecer que debe primar la opinión del equipo tratante en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de los y las usuarias. En síntesis, el Decreto que pretende dictar desde el Poder Ejecutivo Nacional impone, nuevamente, la lógica del modelo tutelar de sustitución o apropiación de la voluntad de las personas. Esto se evidencia al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz, aún cuando ello resulte contrario a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, los TT y las Convenciones Internacionales comprometidas por nuestro país”.

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