Fortaleza y dignidad, y los cambios de Cambiemos

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que dejó la semana que se fue: los duros testimonios en el juicio de la Subzona 14 y las consecuencias en La Pampa de las medidas que impulsa el Gobierno nacional.

Una de cal...

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Una gigantesca muestra de fortaleza y dignidad, un invaluable aporte a la memoria colectiva, un valiente acto que ennoblece a cada uno y a cada una de quienes pasaron frente al Tribunal: esa es la descomunal contribución que están haciendo las víctimas de la dictadura cívico-militar en estos días en que relatan de modo formal lo que les tocó sufrir en carne propia durante los peores años de nuestra historia.

A su vez, esas jornadas emotivas -que no dejan de ser un trámite en el marco del funcionamiento del Poder Judicial- permiten machacar sobre una cuestión hoy muy naturalizada, pero que en sus primeros pasos aparecía como extraordinaria: el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, incluyendo estos juicios (el primero en La Pampa se hizo en 2010), es hijo de una decisión del Estado de acabar con la impunidad que reinaba hasta entonces para los delincuentes de lesa humanidad.

Esas semillas que van sembrando las víctimas, en su rol de testigos, serán frutos más tarde o más temprano: para cerrar una semana cargada con los impactantes testimonios, los pibes y pibas de la Escuela 25 presentaron un mural en el que homenajean la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, su pelea para recuperar la identidad de 125 nietos y también a la militante desaparecida Lucía Tartaglia.

En esos actos, que incluyen la iniciativa del equipo docente, palpitan la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Cristina Ércoli, Francisco Tineo, Marta Alcala, Bocha Sombra, Susana Berdasco, Juan Carlos Scheck, Miguel Capella, María del Carmen Subotich y Raúl Delbes desfilaron en la semana que se fue ante el Tribunal, exponiendo el dolor que llevan encima y haciendo una contribución al conocimiento de nuestra historia como cuerpo social, además en un momento en el que están especialmente a la ofensiva las fuerzas que pretenden una impunidad disfrazada de “reconciliación”.

En la otra vereda, la mirada cínica de los captores, el soberbio gesto de Luis Baraldini leyendo un libro de autoayuda en plena audiencia y las absurdas palabras de Carlos Reinhart tratando de negarse a sí mismo: no fumaba, no bebía, no era ni es rubio, pretendió hacer creer “El Ruso”, delincuente de lesa humanidad ya comprobado, porque es uno de los condenados en el año 2010.

La potencia de los testimonios no se agota en un relato de algo que pasó, o de episodios ya ocurridos, sino que impacta de lleno en la actualidad y en el futuro, en el destino del pueblo pampeano y argentino: fue puntualmente señalado el temor de que el Estado de Derecho que caracteriza a una democracia siga debilitándose, en un contexto donde hay ejemplos casi diarios de abusos de poder, persecución y violencia institucional.

En otro contexto -obviamente-, con otras armas y herramientas, el presente refresca unos cuantos de los objetivos que tuvo aquel plan sistemático de los años de plomo: sobre todo, la instauración de un programa económico digitado por organismos internacionales, a pedir de los más poderosos y en perjuicio de los que menos tienen.

...y una de arena

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El plan económico que tiene pensado el Gobierno Nacional necesita, como ya precisó en sus primeros pasos, de la adhesión, respaldo o complicidad -cada cual sabrá elegir el término- de los gobernadores que representan a otras fuerzas políticas y de los legisladores de espacios partidarios que no son el PRO, o Cambiemos.

Por eso en la semana que se fue el Gobierno Nacional intentó alinear a quienes asoman como posibles cuestionadores de algunas de las medidas tramadas en el trío de “reformas” sugeridas, que apuntan a la flexibilización laboral, a la modificación tributaria y al régimen previsional.

En todos los casos, y como ocurre con cualquier medida económica, está claro que “los cambios de Cambiemos” tendrán ganadores y perdedores, si es que llegaran a aplicarse tal como fueron concebidos.

La Pampa, que es una provincia “bien administrada” según reconocimiento unánime del poder político, que no tiene déficit fiscal ni está endeudada, sin embargo asoma como una de las más perjudicadas en el borrador que obra como programa: el pacto que sugiere el macrismo implicaría -como primer paso- una reducción salarial para miles de empleados públicos y petroleros.

Esos 500 millones de pesos dejarían de consumirse en la economía pampeana, según evaluó prontamente el gobernador Carlos Verna, tras el encuentro con sus pares y los funcionarios nacionales.

Pero además Nación presentó como si fuera un tema menor la exigencia de que las provincias resignen sus demandas por distintas razones ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual impacta especialmente para La Pampa, que recurrió a ese tipo de trámites para exigir por una retención ilegítima de la AFIP (serían nada menos que 1.000 millones de pesos) y por los incumplimientos nacionales del pago del déficit de la Caja Previsional.

Además de la afectación directa al Estado provincial o a buena parte de sus habitantes, las “reformas” impactarán sobre derechos de los trabajadores que han sido conquistas irrenunciables durante más de medio siglo.

Frente a la ronda de conversaciones que comenzó en la semana que se fue y que se intensificará en las próximas horas, el papel de gobernadores y legisladores queda en el centro de la escena, y bien merece recordar los primeros pasos del gobierno macrista, cuando en aras de garantizar “gobernabilidad” se le dio en el Congreso una suerte de cheque en blanco.

El gobierno de Macri, entonces, incumplió su promesa de quitar a los trabajadores el peso del Impuesto a las Ganancias, incumplió su compromiso de no endeudarse para afrontar gastos corrientes y modificó a su antojo la ley de blanqueo para que los que pudieran blanquear fueran sus propios familiares y los allegados a otros funcionarios.

Todo eso lo hizo con la imprescindible mano alzada de dirigentes de otras fuerzas, especialmente justicialistas, que también facilitaron el pago a los buitres, la destrucción de la Ley de Medios y el nombramiento de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia dispuestos a entrar por la ventana para -entre otras cosas- facilitarles el 2x1 a los delincuentes de lesa humanidad.

¿Tendrá aquel pacto una reedición, en estas horas tan fundamentales como aquellas?

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